A sus familiares no les han permitido visitarlo y no ha habido forma de impugnar la legalidad de su detención

Matiullah Wesa fue detenido arbitrariamente por agentes de la Dirección General de Inteligencia (DGI) de los talibanes el 27 de marzo de 2023, cuando regresaba de la oración de la noche en la mezquita. Al día siguiente de la detención, la DGI registró su domicilio y confiscó su teléfono móvil y su ordenador portátil. El 29 de marzo, un portavoz de los talibanes confirmó la detención y lo acusó de realizar actividades ilegales. A sus familiares no les han permitido visitarlo y no ha habido forma de impugnar la legalidad de su detención. 

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Sr. Abdul Haq Wasiq /Mr. Abdul Haq Wasiq

Director of Intelligence

General Directorate of Intelligence

Chaharahi Zanbaq

Kabul

Afganistán

Sr. Abdul Haq Wasiq

Me dirijo a usted para expresarle mi preocupación por la detención arbitraria del activista por la educación Matiullah Wesa. Fundador y director de PenPath, movimiento de la sociedad civil formado por 3.000 personas voluntarias que promueven el derecho a la educación en Afganistán, Wesa ha estado ejerciendo sus derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica.

Como tal vez sepa, Matiullah Wesa fue detenido por miembros de la Dirección General de Inteligencia (DGI) de los talibanes el 27 de marzo de 2023 cuando regresaba de la oración de la noche en la mezquita. Mi alarma ha aumentado al saber que al día siguiente la DGI registró su domicilio, y, además de confiscar su teléfono móvil y su ordenador portátil, mantuvo detenidos a sus hermanos varios horas por dar a conocer su arresto a los medios de comunicación y ponerse en contacto con la comunidad internacional.

Dos días después de su detención, el 29 de marzo, un portavoz de los talibanes confirmó que había sido detenido y dijo que estaba siendo investigado. Acusado de actividades ilegales, no le han permitido acceder a sus familiares ni le han proporcionado ninguna vía para impugnar la legalidad de su detención.

Esta detención es una clara violación del derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica, consagrados en el derecho internacional de los derechos humanos, incluido el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el que Afganistán es Estado Parte.

Por tanto, le pido que:

• ponga a Matiullah Wesa en libertad inmediata e incondicional;
• respete la Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza permitiendo de inmediato que las niñas de todas las edades asistan a la escuela y reciban formación en pie de igualdad con los niños.
• ponga fin de inmediato al secuestro, la detención arbitraria y la tortura de quienes hacen campaña pacíficamente en favor del derecho a la educación.

Atentamente,

Información complementaria

Matiullah Wesa, activista por la educación, es fundador y director de PenPath, colectivo de 3000 personas voluntarias que hacen campaña en distritos y provincias remotas de Afganistán sobre la importancia de la educación, especialmente en el caso de las niñas. PenPath ha aplicado programas de voluntariado para desarrollar los derechos humanos y el acceso de las niñas a la educación.

Al principio, a través de PenPath, Wesa y sus compañeros trabajaban con alfaquíes y ancianos de tribu para conseguir apoyo comunitario para la educación de todos los niños y niñas, creando escuelas en pueblos donde no existía educación pública y enviando aulas móviles a las zonas más remotas.

Cuando los talibanes tomaron el control de Afganistán, el 15 de agosto de 2021, y prohibieron que las mujeres asistieran a clase, primero en los centros de enseñanza secundaria y luego en las universidades, Wesa encabezó campañas públicas y concentraciones para exigirles que reabrieran los centros educativos para las mujeres y las niñas en Afganistán. Se convirtió en una figura pública, dando a conocer los avances de sus campañas y compromisos, y difundiendo fotos y vídeos de las protestas. Continuó con su labor de defensa ocupándose de la importancia de la educación de las niñas, la necesidad de que se reabrieran las escuelas para ellas y el derecho que la ley islámica les reconocía a recibir educación. 

Después de su detención arbitraria no ha habido respuesta positiva por parte de los talibanes a la petición de ancianos comunitarios venidos de todo Afganistán a reunirse con ellos para conseguir que sea puesto en libertad.

Se teme que todas las personas voluntarias y miembros de PenPath que han participado en la campaña pública sobre la educación de las niñas, en protestas pacíficas y en el trabajo de incidencia se encuentren en peligro, y como consecuencia éstas se han escondido, han borrado sus cuentas en redes sociales y temen ser detenidas si Wesa no es puesto en libertad. Antes de la detención de Wesa, la DGI de los talibanes ya había detenido arbitrariamente a otras personas —periodistas, mujeres activistas e intelectuales— que habían protestado por sus draconianas políticas y los habían criticado públicamente. Sigue sin conocerse la suerte que han corrido estas personas disidentes.

En su segundo informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Richard Bennett, relator especial sobre la situación de los derechos humanos en Afganistán, documentó la rápida reducción del espacio de la sociedad civil en Afganistán, y las tremendas presiones que sufren defensores y defensoras de los derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil y periodistas. Además, el relator indicó que las autoridades han aumentado las limitaciones y la vigilancia de las personas defensoras de los derechos humanos, sometidas a intimidación mediante llamadas telefónicas, visitas domiciliarias, agresiones físicas y verbales y arrestos arbitrarios, todo lo cual ha creado un clima de temor y una sensación de desesperación. El relator ha planteado motivos de preocupación graves respecto a la seguridad y la protección de defensores y defensoras de los derechos humanos que cambian de residencia periódicamente por temor a los talibanes y sus amenazas. Además, ha denunciado la irrupción de los talibanes en las sedes de varias organizaciones de la sociedad civil exigiendo los nombres y los datos de contacto de miembros de su personal y de personas relacionadas con ellas, y a veces de sus familiares.