Con ocasión de la visita de 10 días a Canadá de Francisco Calí Tzay, relator especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, el gobierno canadiense enfrenta nuevos reclamos para que cesen las violaciones de los derechos de las naciones originarias y los pueblos inuit y métis.

Calí Tzay y su delegación recorrerán Canadá del 1 al 10 de marzo. El cometido del relator especial incluye informar sobre la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en todo el mundo y abordar casos concretos en los que se presuma la violación de dichos derechos.

La visita se produce en un momento crucial para la relación de Canadá con los pueblos indígenas. Por ley, el gobierno federal debe publicar un plan de acción dirigido a aplicar la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI). Sin embargo, aunque quedan pocos meses de plazo para presentar el plan al Parlamento, siguen violándose gravemente los derechos humanos de los pueblos y las comunidades indígenas.

‘Es hora de hacer que nuestra realidad sea visible en el panorama internacional’

“Esta importante visita nos permitirá exponer con claridad las cuestiones y los problemas a los que se enfrentan los pueblos indígenas en Canadá, en particular, en lo que respecta al racismo sistémico, la adopción del Principio de Joyce, la crisis humanitaria relativa a la vivienda en las comunidades indígenas y, sobre todo, las cuestiones relativas a la reconciliación —ha manifestado Sipi Flamand, jefe del Consejo de los atikamekw de Manawan—. Además, nos permitirá dar a conocer nuestras realidades a escala internacional.”

“Es esencial que el relator especial documente cómo los gobiernos provincial y federal vienen negándonos nuestros derechos como naciones originarias desde hace largo tiempo —ha declarado Marielle Vachon, jefa del Consejo de los innus de Pessamit—. Siempre se nos ha ignorado, se nos han arrebatado nuestros territorios y destruido nuestros bosques. Es hora de hacer que nuestra realidad sea visible en el panorama internacional”.

En colaboración con la nación originaria atikamekw de Manawan, la nación originaria de Grassy Narrows, la nación originaria innu de Pessamit, la nación wet’suwet’en y la nación tsleil-waututh, las secciones de habla inglesa y francesa de Amnistía Internacional Canadá han elaborado una contribución escrita dirigida a la oficina del relator especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas con antelación a la visita de Calí Tzay. La carta conjunta expone las violaciones contra los pueblos indígenas y su derecho a un medioambiente sano, la destrucción de los modos de vida tradicionales y el incumplimiento del derecho de las naciones indígenas al consentimiento libre, previo e informado sobre los proyectos de infraestructuras que afectan a sus territorios.

“Las vívidas historias que nos remitieron nuestros colaboradores oscilan entre lo preocupante y lo verdaderamente alarmante”, ha declarado France-Isabelle Langlois, directora general de la sección de habla francesa de Amnistía Internacional Canadá. “La experiencia de racismo sistémico es diferente para cada comunidad, pero todas comparten determinados rasgos: en concreto, una flagrante falta de respeto por el entorno natural, el derecho a preservar su modo de vida y el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental en condiciones de igualdad.”

“Casi dos años después de que el Parlamento afirmara que la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas es aplicable a la legislación canadiense, Canadá no ha hecho más que avances minúsculos en cuanto a su promesa de respetar los derechos de los pueblos y las comunidades indígenas —ha expresado Ketty Nivyabandi, secretaria general de la sección de habla inglesa de Amnistía Internacional Canadá—. El gobierno no puede lograr avances significativos en materia de reconciliación y reparar los daños del pasado si, al mismo tiempo, sigue violando los derechos de los pueblos indígenas. Como siempre, el mejor momento para cambiar de rumbo es ahora.”

Se sigue criminalizando a los defensores y defensoras indígenas de la tierra

En la contribución escrita de Amnistía Internacional se condena la criminalización constante de los defensores y defensoras indígenas de la tierra y el agua a lo largo y ancho de Canadá. Desde 2019, los gobiernos de Canadá y Columbia Británica han acosado, intimidado, desalojado por la fuerza y enjuiciado a miembros de la nación wet’suwet’en que se manifestaban contra la construcción del gasoducto de Coastal GasLink en su territorio. En julio de 2022, Columbia Británica acusó a 19 defensores y defensoras de la tierra de desacato penal, al parecer por desafiar una orden judicial de 2019 que les impedía acercarse a las obras del gasoducto, aunque éstas se efectuaran en el territorio ancestral no cedido de la comunidad.

Desde 2019, los gobiernos de Canadá y Columbia Británica han acosado, intimidado, desalojado por la fuerza y enjuiciado a miembros de la nación wet’suwet’en que se manifestaban contra la construcción del gasoducto de Coastal GasLink en su territorio.

“La ONU se ha puesto en contacto tres veces con Canadá en relación con los abusos contra la nación wet’suwet’en y sus pueblos —ha afirmado el jefe Na’moks de los jefes hereditarios wet’suwet’en—. Ahora, el mundo debe escuchar de boca de los pueblos indígenas los abusos contra los derechos humanos que se producen en el llamado Canadá. Nos reuniremos con el relator especial de la ONU para decir verdades y no sólo escuchar una versión unilateral acerca de lo que sucede en Canadá.”

Del mismo modo, la nación tsleil-waututh se ha opuesto abiertamente al proyecto de ampliación del oleoducto Trans Mountain, que el gobierno canadiense aprobó sin el consentimiento libre, previo e informado de la comunidad.

“La ampliación relativa al oleoducto Trans Mountain y los petroleros llega hasta el mismo centro del territorio tsleil-waututh —ha declarado la consejera Charlene Aleck, de la nación tsleil-waututh. Nuestra nación llevó a cabo una revisión independiente del proyecto, basada en nuestras leyes indígenas aún vigentes y respaldada por ciencia vanguardista, y descubrió que amenazaba nuestra propia identidad como ‘pueblo de la ensenada’. Sobre esa base, hemos denegado nuestro consentimiento libre, previo e informado.

“Sin embargo, Canadá sigue imponiendo el paso del proyecto por nuestros territorios, a pesar de haberse comprometido a la reconciliación y a observar la DNUDPI. Nuestros miembros tsleil-waututh han sido acosados y criminalizados por oponerse al proyecto, lo que amenaza sensiblemente nuestra labor de custodiar la ensenada de Burrard, cuna de nuestros antepasados.”

Exigir justicia para Grassy Narrows

En Ontario, los asubpeeschoseewagong anishinabek, también conocidos como nación originaria de Grassy Narrows, publicaron en 2018 la Declaración de la Tierra de Grassy Narrows y declararon su territorio anishinaabe como zona protegida y de soberanía indígena, de acuerdo con la legislación indígena. En la declaración, afirmaron su derecho a la libre determinación para proteger y cuidar su tierra indígena, lo que incluye prohibir la prospección y extracción de minerales, la tala industrial y cualquier otra actividad de industria sin su consentimiento libre, previo e informado. El gobierno de Ontario, con la aquiescencia de Canadá, sigue permitiendo usos industriales de la tierra, lo que entra en conflicto con la declaración de la tierra de Grassy Narrows. Todo ello se produce tras haber envenenado con mercurio durante decenios a los residentes de Grassy Narrows desde que, en la década de 1960, el gobierno de Ontario permitió que una fábrica de pasta y papel vertiera unas 10 toneladas métricas de mercurio a los ríos English y Wabigoon.

“Nuestro pueblo sigue sufriendo la crisis del envenenamiento por mercurio sin haber recibido una indemnización justa —ha declarado Rudy Turtle, jefe de Grassy Narrows—. Para mayor escarnio, Ontario sigue otorgando nuevas concesiones mineras y proponiendo talas en nuestras tierras en contra de nuestra voluntad. Ya es hora de que Canadá y Ontario respeten nuestros derechos y nos respalden para restaurar los daños del mercurio.”

Las observaciones que recoja el relator especial durante su viaje servirán de base para redactar una serie de recomendaciones a Canadá sobre el modo de defender y promover los derechos de las Naciones Originarias y los pueblos métis e inuit. Las conclusiones, según Nivyabandi, tendrán implicaciones para todos, no sólo para los pueblos y comunidades indígenas cuyos derechos se han violado.

“Los pueblos indígenas se hallan en la primera línea de la lucha contra el cambio climático antropogénico—ha afirmado—. El futuro de nuestro planeta depende de que se escuchen sus voces.”