La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI) establece claramente que los Estados deberán celebrar consultas y cooperar de buena fe con los pueblos indígenas a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado.

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Un año más, el gobierno provincial de Columbia Británica y el gobierno federal canadiense mantienen bajo continua vigilancia y criminalizan a los defensores y defensoras de la tierra wet’suwet’en. El origen de esta lucha se halla en la construcción del gasoducto de Coastal GasLink (CGL), que parte en dos el territorio wet’suwet’en. Los cinco clanes wet’suwet’en se han opuesto a que se construya el gasoducto. El pueblo Wet’suwet’en ostenta la titularidad y los derechos de su territorio de 22.000 km2 y sus autoridades hereditarias afirman que no han dado su consentimiento para la construcción del gasoducto según sus leyes y costumbres.

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI) establece claramente que los Estados deberán celebrar consultas y cooperar de buena fe con los pueblos indígenas a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado. Sin embargo, en este caso no ha sido así, porque las autoridades hereditarias se han mostrado razonables y dispuestos a cooperar e incluso han propuesto una ruta alternativa que no divide en dos la tierra del pueblo Wet’suwet’en, pero CGL la rechazó excusándose en su excesivo coste.

El gobierno provincial de Columbia Británica y CGL han eludido a las autoridades hereditarias y han cerrado un acuerdo con el consejo de la comunidad, órgano de gobierno elegido por los pueblos indígenas creados por la Ley de Asuntos Indios. Los pueblos indígenas, liderados por sus autoridades hereditarias, oponen resistencia a esta técnica divisiva. CGL, el gobierno provincial de Columbia Británica y el gobierno federal de Canadá, decididos a construir el gasoducto sin el retraso que conllevaría seguir negociando, han optado por recurrir a respuestas violentas, que recuerdan el trauma y la represión colonial del pasado.

¿Cómo se ha criminalizado a los defensores y defensoras de la tierra?

En diciembre de 2018, el Tribunal Supremo de Columbia Británica dictó una orden judicial provisional en favor de CGL que impedía a los defensores y las defensoras de la tierra paralizar la construcción del gasoducto en territorio wet’suwet’en. De nuevo en diciembre de 2019, el citado Tribunal Supremo dictó una orden judicial interlocutoria, que incluye disposiciones de ejecución.

Desde entonces, el gobierno de Canadá y la provincia de Columbia Británica utilizan estas órdenes judiciales para llevar a cabo una vigilancia constante, hostigar, expulsar por la fuerza y encarcelar a los defensores y defensoras de la tierra wet’suwet’en. Una fuerza policial altamente militarizada ha detenido y encarcelado a autoridades hereditarias y matriarcas en sus territorios. En tres operaciones policiales a gran escala (producidas en enero de 2019, febrero de 2020 y noviembre de 2021), se detuvo y encarceló a un total de 74 personas, entre las que se encontraban observadores y observadoras autorizados y personal de medios de comunicación. Estas operaciones estuvieron muy militarizadas, puesto que la Real Policía Montada de Canadá utilizó helicópteros, unidades caninas y armas de asalto, por no mencionar la participación de la empresa de seguridad privada de CGL. En dichas operaciones policiales se demolieron e incendiaron edificios y se profanaron espacios ceremoniales.

En julio de 2022, la fiscalía de Columbia Británica acusó a 19 defensores y defensoras de la tierra de desacato penal, al parecer por desobedecer la orden judicial interlocutoria de 2019, que les impedía acercarse a las obras del gasoducto, aunque éstas se efectuaran en territorio ancestral no cedido de la comunidad. Cinco defensores y defensoras de la tierra se declararon culpables de violar los términos de la orden judicial en diciembre de 2022 como consecuencia de las limitaciones que se les impusieron en su enjuiciamiento, entre ellas la prohibición de acceder a su territorio ancestral. A las demás personas defensoras de la tierra se las juzgará en julio, septiembre y diciembre de 2023. Si se las declara culpables, podrían ser condenadas a prisión.

Aumenta la criminalización de los defensores y las defensoras de la tierra, tanto en Canadá como en otros países

La criminalización de la nación Wet’suwet’en es sólo un ejemplo de la lucha continua de los pueblos indígenas en Canadá. Por ejemplo, el Tribunal Supremo de Columbia Británica sentenció en 2022 a Will George, de la nación Tsleil-Waututh, a 28 días de cárcel por reivindicar su obligación sagrada de defender y proteger la tierra y las aguas de Tsleil-Waututh. La decisión se recurrió el 24 de enero de 2023 ante el Tribunal de Apelación de Columbia Británica; su resolución sigue pendiente.

Criminalizar a los defensores y las defensoras de las tierras indígenas no es algo exclusivo de Canadá, sino que forma parte de una constante global de ataques contra los pueblos indígenas cuando la defensa de sus derechos y su territorio choca con los intereses de empresas poderosas y de gobiernos que apoyan los proyectos de éstas. En Guatemala, Amnistía Internacional hizo campaña con las comunidades maya Q’eqchis para pedir la liberación de su líder, Bernardo Caal Xol, que pasó más de cuatro años encarcelado injustamente sin pruebas de haber cometido ningún delito. La criminalización de Caal Xol se produjo como represalia por su liderazgo en actividades pacíficas destinadas a detener la construcción de un proyecto hidroeléctrico en un río sagrado sin una consulta significativa ni el consentimiento de los pueblos indígenas afectados, lo que violaba las normas de derechos humanos y tenía consecuencias devastadoras para la seguridad alimentaria, el acceso al agua y la salud.

De América del Norte a América del Sur, Amnistía Internacional sigue documentando y denunciando agresiones flagrantes contra los pueblos indígenas y sus derechos, entre el legado creciente de colonización violenta, racismo y esclavitud. Con demasiada frecuencia, hay empresas canadienses implicadas. Nuestras actividades de campaña están dirigidas por las poderosas voces de la resistencia y el liderazgo indígenas, a las que tratan de amplificar.

Aunque cada vez más leyes y normas nacionales e internacionales garantizan los derechos de los pueblos indígenas a sus tierras tradicionales, no se ha conseguido mantener a raya la represión gubernamental violenta. La criminalización en curso de los defensores y las defensoras wet’suwet’en y de otras personas que defienden la tierra en Canadá y en otros lugares constituye una violación de sus derechos y recuerda la expropiación colonial y el

racismo sistémico, así como la necesidad de poner en marcha una acción más concertada para corregir este problema estructural de profundo arraigo.

¿Qué tiene previsto hacer Amnistía Internacional Canadá al respecto?

En el plan estratégico 2022-2030 de Amnistía Internacional, una de sus prioridades en materia de derechos humanos es “igualdad y justicia”, que comprende cinco áreas prioritarias: derechos de los pueblos indígenas y justicia medioambiental; justicia racial; justicia de género; población en movimiento; y respuesta a las crisis.

El caso wet’suwet’en afecta a tres de nuestras cinco áreas prioritarias. Por ello, además de sus actividades de campaña pasadas y en curso, Amnistía Internacional Canadá (Secciones de habla francesa y de habla inglesa), en colaboración con la nación Wet’suwet’en, trabaja actualmente en un proyecto de investigación cualitativa que documenta la criminalización continuada de los defensores y las defensoras de la tierra indígenas, que sirva de base a nuevas campañas sobre esta cuestión, especialmente a la luz de los próximos juicios por desacato penal que se celebrarán a finales de este año contra quienes defienden la tierra. También estamos elaborando una presentación conjunta al relator especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, que visitará Canadá del 1 al 10 de marzo de 2023. Animamos encarecidamente al relator especial a que visite el territorio wet’suwet’en y se reúna con los jefes hereditarios, las matriarcas y las personas defensoras de la tierra.

El aspecto de género en la criminalización de los defensores y defensoras indígenas de la tierra

Por otra parte, cabe señalar que el pueblo Wet’suwet’en es matriarcal, es decir, su lucha sitúa en primer plano la intersección de la indigeneidad, la raza y el género, ya que también se ha criminalizado a las defensoras de la tierra. Amnistía Internacional incorporará el análisis interseccional sensible al género como parte clave de la investigación y las actividades de campaña a fin de comprender el impacto diferencial y específico de género que conlleva criminalizar a las defensoras de la tierra.

ACTÚEN Debemos demostrar a los defensores y defensoras de la tierra wet’suwet’en que no luchan en solitario.

A pesar de que el cambio climático las afecta de forma desproporcionada, la lucha continua de las naciones indígenas por su derecho al consentimiento libre, previo e informado sobre la tierra y los recursos magnifica la injusticia a la que se enfrentan en Canadá las naciones indígenas. Su lucha está estrechamente ligada a la justicia climática. En consecuencia, debemos mostrar nuestra solidaridad y aliarnos con la lucha del pueblo Wet’suwet’en contra CGL, cuyo gasoducto causa daños al medio ambiente, destruye caladeros, agrava el cambio climático a través de la extracción y el transporte de combustibles fósiles, y viola lugares sagrados y derechos de las naciones indígenas.

En una época de creciente crisis climática, los pueblos indígenas contribuyen a luchar contra el cambio climático a través del cuidado de la tierra, los animales, el agua y todo lo que nos sustenta. La recompensa por su labor no debería ser la criminalización y la represión violenta.

Por ese motivo, debemos mostrar nuestra solidaridad y pedir que se acabe con la criminalización y la represión violenta de quienes defienden las tierras indígenas.