Estimado Jorge Rodríguez, Me alarma el proyecto de ley presentado recientemente que busca controlar, limitar y posiblemente perseguir penalmente a las organizaciones no gubernamentales que operan en Venezuela, la cual se sometió a una primera votación el martes 24 de enero de 2023. Este proyecto de ley es otro intento de controlar a las ONG, las organizaciones humanitarias y otros miembros de la sociedad civil venezolana, y un vergonzoso esfuerzo por limitar su trabajo de derechos humanos, incluida la asistencia a las víctimas de violaciones de derechos humanos, quienes reciben ayuda humanitaria y las personas necesitadas en Venezuela. Las ONG y otras organizaciones de la sociedad civil cumplen una labor vital en cualquier país, pero más aún en Venezuela, donde más de 7.1 millones de personas han huido de violaciones masivas de derechos humanos y millones necesitan asistencia humanitaria a diario.

 

 

 

Información complementaria

Los intentos anteriores de controlar y atacar a la sociedad civil en Venezuela incluyen la Providencia Administrativa No. 001-2021 de 2021 y la llamada “Ley de Cooperación Internacional” de 2022. Amnistía Internacional condenó públicamente ambas iniciativas, emitiendo la acción urgente 46/21 en respuesta a la primera, y una carta abierta dirigida a Nicolás Maduro firmada por más de 500 organizaciones de la sociedad civil en respuesta a la segunda. La Providencia Administrativa No. 001 fue modificada cuando el gobierno venezolano publicó nuevas normas que derogaron los elementos más preocupantes de la norma anterior, incluyendo el requisito de revelar las y los beneficiarios de las ONG, el plazo de un mes para registrar la información estipulada y la posibilidad de enjuiciamiento penal en caso de incumplimiento. La “Ley de Cooperación Internacional” finalmente nunca fue discutida y votada en la Asamblea Nacional. 

El actual proyecto de ley, titulado “Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines”, es otro intento de restringir y controlar a la sociedad civil en Venezuela. La ley impondría controles estrictos que incluyen la entrega de listas de miembros y personal y sus bienes, listas de donantes, y registro de movimientos financieros. El incumplimiento de los requisitos de registro podría dar lugar al cierre de organizaciones de la sociedad civil y posibles procesos penales. El 24 de enero de 2023, el proyecto de ley fue sometido a primera discusión y votación en la Asamblea Nacional. La votación fue aprobada y el proyecto de ley continuará su tramitación legislativa a menos que las autoridades detengan su tratamiento. 

Las personas defensoras de derechos humanos corren un riesgo constante de hostigamiento, ataques y detención. El defensor de derechos humanos, preso de conciencia y director de la ONG Fundaredes, Javier Tarazona, continúa detenido y procesado por defender los derechos humanos. Pedimos su libertad inmediata e incondicional.

El gobierno de Nicolás Maduro ha hostigado, perseguido y censurado continuamente a activistas y organizaciones de la sociedad civil que trabajan para proteger los derechos de las y los venezolanos en medio de una emergencia humanitaria compleja y una profunda crisis de derechos humanos que está haciendo huir a un número sin precedentes de personas en busca de seguridad y protección. A diciembre de 2022, más de 7.1 millones habían huido del país. 

Desde 2020, tres informes de la misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela han documentado minuciosamente cientos de casos de ejecuciones extrajudiciales; desapariciones forzadas; detenciones arbitrarias; y tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos en el país desde 2014; así como las formas en que el sistema de justicia sirve como herramienta a la política de represión del gobierno, y concluyó que estas graves violaciones a los derechos humanos pueden constituir crímenes de lesa humanidad.