La población rohinyá de Myanmar continúa sufriendo restricciones severas a la libertad de circulación y al acceso a la educación y a servicios de salud en un sistema que Amnistía Internacional ha calificado deapartheid

Ante las noticias de que hay al menos una embarcación con personas rohinyás a bordo abandonada a su suerte en el mar, Rachel Chhoa-Howard, investigadora de Amnistía Internacional sobre Asia Suroriental, ha declarado:

“Siete años después de la crisis del mar de Andamán, en la que se perdió un número enorme de vidas, las personas rohinyás siguen arriesgándolo todo en peligrosas travesías para huir de la persecución que sufren en su país, Myanmar, sometido a un régimen militar, y de las terribles condiciones de los campos para personas refugiadas de Bangladesh.

“El derecho internacional humanitario exige el rescate de personas en el mar cuando estén en peligro y que sean llevadas a un lugar seguro.Hace falta una acción rápida para proteger vidas. Es inamisible que se siga demorando la adopción de medidas para aliviar este sufrimiento y los intentos de devolver a estas personas a Myanmar, donde sufren persecución.

“Los gobiernos de la región deben cooperar y coordinar con carácter urgente operaciones de búsqueda y salvamento. Deben tratar de localizar todas embarcaciones en peligro y asegurarse de que se permite que las personas a bordo de ellas desembarquen sin riesgos y reciban atención médica, comida y agua adecuados.”

Información complementaria

El ACNUR ha informado de que, en 2022, se ha sextuplicado el número de personas, en su mayoría rohinyás, que hacen travesías marítimas peligrosas desde Myanmar y Bangladesh; según informes, 119 personas han perdido la vida o están en paradero desconocido.

Las autoridades regionales han hecho numerosas promesas de mejorar su coordinación de las operaciones de búsqueda y salvamento de embarcaciones en peligro después de la pérdida de vidas debido a la respuesta tardía.

En agosto de 2017, más de 740.000 mujeres, hombres, niños y niñas rohinyás huyeron del norte del estado de Rajine a la vecina Bangladesh después de que las fuerzas de seguridad de Myanmar lanzaran un ataque generalizado y sistemático contra aldeas rohinyás en el que se cometieron homicidios extrajudiciales, se destruyeron propiedades y se perpetraron agresiones sexuales.

Más de 130.000 rohinyás siguen en míseros campos de internamiento en el estado de Rajine de Myanmar. La población rohinyá de Myanmar continúa sufriendo restricciones severas a la libertad de circulación y al acceso a la educación y a servicios de salud en un sistema que Amnistía Internacional ha calificado deapartheid.

Las autoridades militares de Myanmar detienen de forma habitual y arbitraria a rohinyás por viajar fuera del estado de Rajine. Las personas detenidas son encarceladas sin derecho a defenderse ni acceso a asistencia jurídica. Las condiciones en las prisiones de Myanmar son inhumanas y no cumplen las normas internacionales de derechos humanos.