Miércoles, 13 de julio, 2022

En noviembre de 2021, la defensora de los derechos humanos Justyna Wydrzyńska fue acusada de “ayudar a un aborto” y de “posesión de medicamentos sin autorización con el fin de introducirlos en el mercado”


“Deben retirarse los cargos contra una activista que podría ser condenada a tres años de prisión por ayudar a una embarazada a acceder a píldoras abortivas en Polonia”, ha declarado hoy Amnistía Internacional con motivo de la reanudación de su juicio en Varsovia mañana.

En noviembre de 2021, la defensora de los derechos humanos Justyna Wydrzyńska fue acusada de “ayudar a un aborto” y de “posesión de medicamentos sin autorización con el fin de introducirlos en el mercado”. Este es el primer caso en Europa en el que una activista es enjuiciada por contribuir a un aborto facilitando píldoras abortivas.

“El juicio de Justyna Wydrzyńska se produce en un momento en el que la decisión de la Corte Suprema estadounidense de anular la sentencia Roe v. Wade ha puesto claramente de manifiesto la amenaza que pesa sobre el derecho al aborto. Es un recordatorio de que no podemos dar por sentados nuestros derechos a la vida, a la salud, a la integridad física y a la autonomía corporal. Debemos estar preparados y preparadas, y lo estamos, para luchar por nuestros derechos el tiempo que haga falta, cuando y donde sea necesario”, afirmó Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.

“Cualquier medida inferior a la retirada inmediata de todos los cargos contra Justyna Wydrzyńska sentaría un precedente peligroso en Polonia y enviará un terrible mensaje a otros gobiernos que buscan recortar las actividades de quienes defienden activamente el derecho al aborto y hacen campaña en favor de la autonomía corporal y el derecho a acceder a un aborto sin riesgos.

“Ninguna persona debería ser criminalizada, mucho menos enjuiciada, por ayudar a otra a obtener un aborto sin riesgos. En todo el mundo, la prohibición del aborto sin riesgos mata cada año a miles de mujeres y niñas”.

El aborto en Polonia sólo es legal cuando la vida o la salud de la persona embarazada corra peligro o cuando el embarazo sea consecuencia de violación o incesto. Según la legislación polaca, no es delito practicarse a sí misma un aborto o estar en posesión de píldoras abortivas para un aborto autogestionado, pero cualquier persona o profesional de la medicina que ayude a abortar fuera de los dos supuestos permitidos podría ser castigada con hasta tres años de prisión.

“Una mujer acudió a mí en una situación desesperada. Me dijo que su esposo, que era violento, iba a tratar de impedirle abortar. Su historia me conmovió, porque yo había pasado por una experiencia similar. Sentí que tenía que ayudarla”, dijo Justyna Wydrzyńska.

“La gente que necesita un aborto en Polonia necesita información fidedigna e imparcial sobre abortos sin riesgos y debe tener acceso a ayuda y apoyo. Nadie debería ser enjuiciado por mostrar compasión y actuar en solidaridad. Ni yo ni nadie”.

Información general

Justyna Wydrzyńska es doula —persona que acompaña a otras durante el embarazo— y una de los miembros fundadores de Abortion Dream Team, colectivo activista que hace campaña contra el estigma del aborto en Polonia y ofrece asesoramiento imparcial sobre el aborto siguiendo las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Abortion Dream Team forma parte de Aborto sin Fronteras, red transeuropea que facilita información, asesoramiento, financiación y apoyo práctico a personas en Polonia y otros países que necesitan un aborto en el extranjero o acceso a fuentes fiables online de medicamentos abortivos.

Entre enero de 2021 y enero de 2022, más de 32.000 personas de Polonia se pusieron en contacto con Aborto Sin Fronteras, lo que representa cinco veces la cifra del año anterior. La organización ayudó a más de 1.500 personas a viajar al extranjero para abortar. En los últimos meses, las peticiones de ayuda han aumentado, pues llegan a Polonia miles de personas refugiadas que huyen de Ucrania y que necesitan atención para la salud sexual y reproductiva.

Más de 110.000 personas de 18 países han emprendido acciones para pedir al fiscal general de Polonia que retire todos los cargos contra Justyna Wydrzyńska, despenalice el aborto y garantice el acceso sin discriminación a abortos sin riesgos y legales.