La importancia de las actualizaciones orales de la Misión de Determinación de Hechos y de la Alta Comisionada de Derechos Humanos radica en evidenciar la contradicción entre los avances que señala el gobierno y la realidad de vulneración en Venezuela. Sin estos organismos, el mundo solo conocería la versión oficial y no la verdad de cientos de víctimas que exigen justicia y respeto por sus derechos 

Luego de que la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y la Presidenta de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos, Marta Valiñas, presentaran nuevas actualizaciones de sus trabajos sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, cinco expertos y defensores analizaron las implicaciones de estos reportes, en un evento convocado por Amnistía Internacional Venezuela en la plataforma de Twitter Space.

Alí Daniels, coordinador de la organización no gubernamental “Acceso a la Justicia”, Andrea Santacruz, directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana, Sara Fernández Rivera, consultora de CEPAZ, Feliciano Reyna presidente fundador de Acción Solidaria y Clara del Campo, encargada de campañas para Sudamérica de Amnistía Internacional, coincidieron en la importancia de que se renueve el período de mandato de la Misión de Determinación de Hechos en septiembre de este año para que se continúe visibilizando las vulneraciones que ocurren en el país y se determinen y lleven ante la justicia a los responsables.

El coordinador de  Acceso a la Justicia, Alí Daniels, resaltó que uno de los puntos más importantes de la actualización oral de Bachelet, en su lenguaje diplomático, fue llamar al gobierno a implementar las reformas necesarias en el sistema judicial para tener un organismo imparcial e independiente, ya que los cambios que han prometido las autoridades venezolanas no han generado ninguna reestructuración real del sistema de justicia. “Al señalar 6 casos de personas detenidas que tienen boleta de excarcelación y los 12 casos de personas detenidas arbitrariamente, se pone de manifiesto que el gobierno no ha cumplido a cabalidad con sus recomendaciones”.

La mención del caso del director de FundaRedes, Javier Tarazona, es la muestra más evidente que la criminalización, la estigmatización y la persecución de defensores de derechos humanos en Venezuela no es una especulación, sino más bien, una realidad cruel y dolorosa. “Con respecto al caso particular de Javier queremos exigir su liberación inmediata, porque es una persona inocente que no ha cometido ningún delito, la atención pronta y oportuna a su salud y la investigación a los responsables de la tortura que ha sufrido”.

Recalcó la importancia de estos informes para evidenciar la contradicción entre lo que señala el gobierno y la realidad de los derechos humanos en Venezuela. Sin estos instrumentos el mundo solo conocería la versión oficial y no la verdad de cientos de víctimas que exigen justicia y respeto por sus derechos.

Para, Clara Del Campo, representante de Amnistía Internacional, la actualización de la Alta Comisionada resalta que queda mucho por hacer para la obtención de justicia real, ya que hizo mención de varios aspectos vastamente denunciados en distintos informes elaborados por organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales, como la criminalización a defensores, inseguridad para la población, el capítulo pendiente que tiene el gobierno de Nicolás Maduro acerca de la protección contra la tortura y los casos de detenciones arbitrarias, además de la falta de atención médica para ellos, entre otros. Muchos de estos aspectos aún no han sido resueltos por el gobierno venezolano, a pesar de que se le ha pedido rectificaciones prontas y evidentes.

Por otra parte, Sara Fernández, indicó que la diversidad de puntos que se tocaron en las actualizaciones orales muestra la complejidad de la crisis venezolana. “Los comentarios sobre los problemas y desafíos en el debido proceso y, en específico, sobre las personas que siguen privadas de libertad con plazos de prisión provisional ya expirados o, incluso, con boletas de excarcelación, demuestra que queda mucho por hacer”.

Las falta de información pública sigue siendo uno de los problemas base de la crisis de derechos humanos porque no permite tener un diagnóstico correcto de cuál es la situación real en diversos temas de derechos humanos en Venezuela, incluyendo el tema de impunidad y la falta de investigación por las violaciones sistemáticas, dijo Fernández.

Destacó la importancia del reconocimiento de la existencia de grupos armados en la frontera entre Venezuela y Colombia, así como la grave situación que se vive en las regiones mineras. Del mismo modo, consideró importante el llamamiento al Estado a que trabaje realmente en la creación de un mecanismo nacional para el seguimiento de las recomendaciones del Examen Periódico Universal (EPU).

Destacó que en la Misión de Determinación de los Hechos se hizo un balance mucho más detallado sobre los problemas y contradicción que existen con respecto a lo que se quiere mostrar como avances por parte del gobierno.

En su intervención Feliciano Reyna, destacó el hecho de que la Misión de Determinación de Hechos insistiera en procesos creíbles con rendición de cuentas que efectivamente impliquen el respeto de los derechos humanos. “Es importante el reconocimiento de la Misión y de los Estados, en el dialogo interactivo, de la importancia del espacio cívico para que cesen situaciones de persecución, de descalificación contra defensores de derechos humanos, periodistas, líderes sindicales y otros actores de la vida pública.

“Por tanto, la renovación del mandato de la Oficina de la Alta Comisionada para un próximo período a partir de la sesión de septiembre y del mandato de la Misión de Determinación de Hechos es fundamental para avanzar en las garantías, en términos de derechos humanos, dentro una situación país que sigue siendo muy grave”, puntualizó Reyna.

Para Andrea Santacruz, directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana, a través del trabajo de la Misión el Estado ha venido reconociendo la impunidad; sin embargo, no es suficiente anunciar las medidas para contrarrestarla, sino existe implementación y voluntad política. “La falla en el sistema de justicia no solo está referida a algunos problemas, si no que se trata de una falla estructural”.

Del mismo modo, resaltó la referencia al memorándum de entendimiento con la fiscalía de la Corte Penal Internacional debido a que señala la oportunidad que tiene el Estado venezolano para asegurar la efectiva administración para que las víctimas obtengan justicia. También indicó la importancia que tiene que estos organismos incluyan en sus reportes a las víctimas para que se sientan escuchadas y sigan sumándose más denuncias.

Del Campo, explicó que la función y mandato de la Corte Penal Internacional y la Misión son diferentes pero complementarios. “Sí hay un espacio para que las labores de investigación y documentación que está haciendo la Misión de Determinación de los Hechos nutran y sean de utilidad para las investigaciones que se están llevando a cabo en la fiscalía de la Corte Penal Internacional.

Sin embargo, indicó que la Misión tiene un mayor alcance que la Corte Penal Internacional y sus tiempos para documentar y contribuir al derecho a la verdad que necesitan las víctimas es mucho más corto. “La fase de investigación de la CPI no necesariamente garantiza justicia y reparación en los próximos meses, es un proceso más largo”.

La Misión de Determinación de los Hechos se creó en septiembre de 2019 y se encarga de seguir investigando las violaciones de derechos humanos cometidas desde el año 2014, con miras a asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y justicia para las víctimas.

Finalmente, los defensores resaltaron la labor engranada de las organizaciones de la sociedad civil, cuya constancia y valentía han servido para que quede en evidencia todas las violaciones de derechos humanos que sufren las personas en Venezuela ante la mirada de instancias de justicia internacional.