Amnistía Internacional define como presos de conciencia a las personas que están encarceladas o sometidas a otras restricciones de su libertad debido a sus creencias religiosas, políticas o de otro tipo, su origen étnico, sexo, color, idioma, origen nacional o social, orientación sexual o identidad de género, u otra condición, y que no han ejercido violencia ni han hecho apología de la violencia y el odio

José Daniel Márquez, Kelvin Alejandro Romero, José Abelino Cedillo, Porfirio Sorto Cedillo, Ewer Alexander Cedillo, Orbin Nahún Hernández, Arnol Javier Alemán y Jeremías Martínez Díaz, defensores del medio ambiente del municipio de Tocoa, en el norte de Honduras, conocidos como los “ocho de Guapinol”, son presos de conciencia que llevan más de dos años encarcelados injustamente sólo por defender pacíficamente el derecho al agua potable, ha declarado hoy Amnistía Internacional.

“Habiendo revisado todas las pruebas disponibles, incluido el proceso penal contra los ocho de Guapinol y videos relacionados con el caso, y habiendo hablado con los testigos, así como con la comunidad de derechos humanos de Honduras, Amnistía Internacional considera que están siendo detenidos únicamente por sus actividades en defensa del derecho al agua limpia y a un medio ambiente seguro”, ha declarado Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Los ocho hombres forman parte del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos (CMDBCP), una organización que ha movilizado a las comunidades de Tocoa y sus alrededores desde 2015 para impugnar pacíficamente la legalidad de las concesiones mineras de hierro otorgadas a Inversiones Los Pinares (ILP), porque argumentan que afectan a la calidad de las aguas de los ríos Guapinol y San Pedro. Las concesiones se encuentran en el Parque Nacional protegido Montaña de Botaderos Carlos Escaleras.  

Siete de los miembros del CMDBCP están en prisión preventiva desde agosto de 2019, acusados de los delitos de privación ilegal de la libertad e incendio agravado, después de que se entregaran voluntariamente a las autoridades judiciales para impugnar los cargos penales que se les imputan a raíz de una acampada de protesta en 2018. El octavo hombre, Jeremías Martínez, está detenido por los mismos cargos desde noviembre de 2018.

Después de un riguroso análisis, Amnistía Internacional determinó que el expediente del caso muestra múltiples deficiencias en la investigación, incluyendo lo que parece ser una falta de debida diligencia por parte de los fiscales para esclarecer adecuadamente los hechos, llevar a cabo una investigación imparcial e independiente y aportar pruebas concretas que puedan vincular a estos hombres con los cargos de los que se les acusa. En lugar de ello, las autoridades han elegido a dedo a estos ocho defensores de derechos humanos y el medio ambiente y han contribuido activamente a construir una narrativa según la cual los ocho de Guapinol son delincuentes, habiendo abusado del sistema de justicia penal para mantenerlos en prisión preventiva como forma de obstaculizar su activismo. Estas irregularidades coinciden con un patrón más amplio de criminalización de los defensores del medio ambiente que hemos documentado en la región durante años.

En 2020, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU consideró que la detención de los defensores de los derechos humanos era arbitraria y pidió su liberación inmediata. Sin embargo, las autoridades hondureñas se han negado a reconocer la injusticia infligida a los hombres y sus familias, o a remediar la situación.

El juicio de los ocho de Guapinol comienza inmediatamente después de las elecciones presidenciales en Honduras.

“El gobierno recién elegido de Xiomara Castro debe enviar un mensaje claro de que no se tolerará por más tiempo la violencia y criminalización contra las personas defensoras de los derechos humanos. Este contexto ofrece la oportunidad de romper este ciclo de ataques contra quienes defienden el medioambiente y otros derechos humanos. Amnistía Internacional exige la liberación inmediata e incondicional de estos ocho presos de conciencia y pide a la Fiscalía General que retire los cargos contra ellos”, ha declarado Erika Guevara Rosas.

“Desgraciadamente, en Honduras, quienes se manifiestan y protestan para proteger el medio ambiente se enfrentan a frecuentes amenazas y ataques, como en el caso del asesinato de Berta Cáceres, o a una criminalización injusta, especialmente cuando están implicados poderosos intereses económicos creados. Las autoridades siguen utilizando indebidamente el sistema de justicia penal para silenciar y encarcelar a las personas defensoras. Las autoridades hondureñas deben poner fin urgentemente a estas prácticas injustas que ponen en peligro el derecho a defender los derechos humanos”.

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Amnistía Internacional define como presos de conciencia a las personas que están encarceladas o sometidas a otras restricciones de su libertad debido a sus creencias religiosas, políticas o de otro tipo, su origen étnico, sexo, color, idioma, origen nacional o social, orientación sexual o identidad de género, u otra condición, y que no han ejercido violencia ni han hecho apología de la violencia y el odio.

En 2018, cuando las obras de construcción del proyecto minero empezaron a afectar a los ríos Guapinol y San Pedro, los residentes locales se unieron al CMDBCP para exigir que las autoridades nacionales y locales respondieran a sus preocupaciones, presentando acciones legales y realizando protestas. Como las autoridades no respondieron, el CMDBCP estableció un campamento de protesta en la carretera de acceso a las minas. El campamento pacífico duró 88 días, con la participación de las comunidades locales, activistas pastorales de la iglesia y otras organizaciones de la sociedad civil. Se celebraron negociaciones con funcionarios del gobierno, pero en octubre de 2018, la policía y el ejército desalojaron violentamente a quienes estaban en el campamento.

La acusación contra los ocho defensores está relacionada con una disputa que tuvo lugar el 7 de septiembre de 2018 cerca de un campamento de protesta, en la que, según se reporta, un personal de seguridad de la ILP disparó a uno de los manifestantes y, en respuesta, los manifestantes retuvieron a un contratista antes de entregarlo a la policía. El disparo al manifestante nunca se investigó, pero la ILP denunció la retención del contratista y el incendio de un coche alquilado y de dos contenedores de transporte de la ILP durante los disturbios