La falta de acceso a la información afecta a la ciudadanía que no puede ejercer su derecho a la participación en las decisiones, ya que no conocen exactamente lo que está pasando en la gestión pública y eso afecta la toma de decisiones en temas vitales

La información es un recurso valioso y oportuno para la construcción de sociedades libres, justas, democráticas y desarrolladas. Es por ello, que el 17 de noviembre de 2015, en virtud del trabajo de defensores y activistas por el derecho al acceso a la información pública, así como la labor de organizaciones de la sociedad civil que ya conmemoraban el “Día del Derecho a Saber” e impulsaron campañas globales para una mayor transparencia por parte de los estados y sus gobiernos, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) declaran cada 28 de septiembre el Día Internacional del Acceso Universal a la Información.

Posteriormente, el 15 de octubre de 2019, la Asamblea General de las Naciones Unidas secunda la resolución de la UNESCO y proclama este día, invitado a todos los Estados Miembros de la ONU a participar en su conmemoración, recordando que buscar, recibir y difundir información es inherente del derecho a la libertad de expresión, que se encuentra consagrado en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 19 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. El derecho al acceso a la información, permite fomentan la participación ciudadana, promueve la trasparecía de las instituciones públicas y brinda herramientas a los ciudadanos para mejorar sus vidas. Este año 2021, el tema para este 28 de septiembre es el ”Derecho a Saber: Reconstruir mejor con el acceso a la información”, acentuando el rol de las leyes de acceso a la información, la transparencia de los estados y su aplicación para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible.

Cuando hablamos de información pública nos referimos al conjunto de datos, estadísticas, contenidos, conocimientos o forma de expresión sobre un ámbito o materia determinada, situaciones o hechos que estén vinculadas, sea dependiente o rijan el funcionamiento de las instituciones públicas.  Según Christi Rangel, profesora titular de la Universidad de Los Andes y coordinadora en Mérida de la organización no gubernamental Transparencia Venezuela, “la información pública es toda aquella que están en manos del sector publico u organizaciones privadas que administran fondos públicos”.

De igual forma, Rangel nos señala que el derecho a la información cuenta con dos elementos importantes: i) El respeto y cumplimiento del derecho a la petición de la información pública por cada ciudadano (transparencia reactiva) y ii) la obligación de las instituciones públicas de publicar constantemente sobre datos, actividades, presupuestos o políticas sin petición de la ciudadanía (transparencia proactiva). Por su parte, Rita Coello profesora universitaria de la Universidad de Los Andes y también representante de Transparencia Venezuela, comenta que “toda la información que está en poder del Estado es propiedad de los ciudadanos, salvo limitaciones expresas, que deben estar muy específicas en leyes y normativas”.

¿Qué pasa en Venezuela con la información?

Ambas defensoras señalan que el acceso a la información es un derecho humano, el cual no solo está contemplado por la declaración universal o pactos internacionales, sino que se encuentra establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en los artículos 28, 51, 58 y 143. De igual forma, se establece en la Ley Orgánica de Administración Publica, la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, el Decreto Ley contra la Corrupción y la Ley de Infogobirnos, además de ello, existen 17 ordenanzas municipales de Transparencia y Acceso a la Información Publica en Venezuela.

Sin embargo, a pesar de las distintas leyes y ordenanzas, el acceso a la información en Venezuela se encuentra gravemente vulnerado, como lo denunció la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos Michelle Bachelet, en su Informe Anual (2019), en donde señala que el acceso a la información y datos oficiales es limitado, ya que los mismos (incluidas estadísticas) son inexistente por los menos desde el año 2015. De igual forma, indica que el acceso a la poca información independiente se encuentra limitado a las personas con acceso al internet debido a la gran cantidad de medios de comunicación que han sido cerrados por parte del gobierno.

Por su parte, la Licenciada Alba Perdomo, comparte desde su experiencia trabajando como periodista, en el Instituto de Periodismo y Sociedad (IPYS) y como para la organización Transparencia Venezuela, que Venezuela es un Estado opaco debido a las políticas públicas que ha asumido. Afirma que “la opacidad se ha extendido y se ha profundizado en los últimos seis años”, también denuncia que “muy pocas instancias de gobierno tienen páginas web donde rindan informes de como distribuyen el dinero, los recursos, las obras; muchísimos menos si hablamos de asignación de obras y licitaciones”.

Esta falta de claridad y transparencia por parte del Estado afecta de forma directa la calidad de vida y el desarrollo de la sociedad, así mismo vulnera aún más los derechos de una población que se encuentra en un contexto de emergencia humanitaria compleja. Como menciona Rangel: “la falta de acceso a la información afecta a la ciudadanía que no puede ejercer su derecho a la participación en las decisiones, ya que no conocemos exactamente lo que está pasando en la gestión pública y eso afecta la toma de decisiones en temas vitales, no estamos decidiendo con conocimiento y libertad”.

El limitado acceso a la información en Venezuela afecta distintos ámbitos sociales y derechos relacionados con educación, salud, alimentación, el acceso a la justicia, derechos civiles y políticos, libertad en la toma de decisiones y el desarrollo. Como nos menciona Marianela Balbi, directora ejecutiva del IPYS: “en Venezuela se dejaron de publicar los boletines epidemiológicos, las estadísticas de mortalidad y los presupuestos de la nación”.

Esto trae como consecuencias distintas problemáticas que vulneran la calidad de vida de la población venezolana, así como numerosos derechos básicos de las personas; siendo numerosos los ejemplos que se pueden señalar. Desde el desconocimiento de los presupuestos asignados a las instituciones públicas, licitaciones de empresas privadas o incluso las cifras reales de la hiperinflación que se experimenta el país; hasta las tasas de criminalidad, las estadísticas sobre procesos judiciales y número de sentencias anuales;  incluyendo también la información sobre  programas de alimentación, de acceso a insumos médicos, boletines epidemiológicos o tratamientos a diversas enfermedades, incluso datos sobre becas, matriculas escolares, presupuestos dirigidos a le educación, estado del sistema educativo, estructura etaria o censos poblacionales. Mucho menos tenemos acceso a la información sobre el estado actual de los ecosistemas venezolanos y su biodiversidad.

En un país en contexto de emergencia humanitaria compleja, a la cual, se le suma la pandemia mundial del COVID-19, existe poca información oficial, oportuna, veraz y verificable sobre cantidad de vacunas, tipo de vacunas, número de personas vacunadas con una o segunda dosis, lo cual vulnera directamente el derecho a la salud de los venezolanos.

Balbi afirma que grupos vulnerables como mujeres, niños y adolescentes, personas con discapacidad o patologías, indígenas, rurales o miembros del colectivo LGBTIQ “se ven doblemente afectados con la falta de acceso a la información pública” ya que “no existe una data confiable generada por parte del Estado que pueda sustentar políticas públicas para atender las necesidades de los grupos vulnerables. Todo esto se desprende de un sostenido incumplimiento de los deberes por parte del Estado venezolano de garantizar el derecho de acceso a la información pública”.  Rangel, también comenta que “la falta de información, como datos sociales básicos, invisibilidad la realidad que puedan estar enfrentado grupos vulnerable”. Podemos ejemplificar esta situación, considerando la realidad de las mujeres y niñas víctimas de violencia de género, ya que desde el 2016 no se tienen cifras oficiales sobre violencia de género, la data que actualmente se maneja deriva de ruedas de prensas de funcionarios públicos y organizaciones de la sociedad civil.  

Cabe señalar, que el 17 de septiembre, la actual Asamblea Nacional (AN) aprobó por unanimidad y en segunda discusión el Proyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información; no obstante, la Prof. Christi Rangel remarca que “esta ley entro en discusión la semana pasada y fue aprobada a los tres días, sin una verdadera discusión, sin consulta pública y con unos contenidos que en vez de promover el derecho, lo que hacen es restringirlo con vacíos importante; sin sanciones a los funcionarios que no cumplan la norma”, haciendo hincapié que el proceso de aprobación de esta ley no gozó de las prerrogativas de las leyes previstas en la constitución. De igual forma, Coello afirma que “una ley no es suficiente para garantizar este derecho, también se requiere procesos de implementación, difusión, capacitación y contar con la infraestructura tecnológica, crear órganos que se encargue de velar por este derecho”.

Los ciudadanos debemos involucrarnos y empoderarnos en la defensa de nuestros derechos, incluyendo el derecho al acceso a la información. Solo con acceso a información confiable y verificable, los ciudadanos pueden tener la libertad de tomar las decisiones que más le convengan para su desarrollo y a su vez, se lograrán gobiernos transparentes que rindan cuentas ante sus gestiones.

Por Mariana Fernández

Monitora Red Mujeres en Mérida

Imagen de StartupStockPhotos en Pixabay

Referencias

1. Naciones Unidas: Día Internacional del Acceso Universal a la Información. 28 de septiembre [en línea] 22.09.2021 https://www.un.org/es/observances/information-access-day
2. UNESCO: Día Internacional por el Acceso Universal a la Información. [en línea] 22.09.2021 https://es.unesco.org/commemorations/accesstoinformationday
3. 1.            Naciones Unidas: Resolución aprobada por la Asamblea General el 15 de octubre de 2019. [en línea] 22.09.2021 https://undocs.org/es/A/RES/74/5
4. Naciones Unidas Venezuela: informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela [en línea] 23.09.2021 https://venezuela.un.org/es/134630-informe-sobre-la-situacion-de-los-derechos-humanos-en-venezuela
5. VTV: AN aprueba en segunda discusión el Proyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Interés Publico. [en línea] 23.09.2021 https://www.vtv.gob.ve/an-aprueba-en-segunda-discusion-el-proyecto-de-ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-de-interes-publico/