La revista “Anzoátegui y Monagas: En el olvido” pretende mostrar de la mano de activistas y periodistas que viven en esa región del país la grave crisis de derechos humanos que padecen tanto anzoatiguenses como monaguenses, en un contexto de crisis humanitaria a más de un año de la pandemia por Covid-19

Los Estados Anzoátegui y Monagas forman parte del oriente de Venezuela. Son estados cuyas economías han sido favorecidas históricamente por la existencia de yacimientos de petróleo, de gas natural y una variada capacidad agrícola y ganadera; sin embargo, la verdad de las personas que habitan esos estados hoy en día está marcada por carencias, servicios que fallan, represión en las protestas y múltiples vulneraciones a los derechos humanos.

La revista “Anzoátegui y Monagas: En el olvido” pretende mostrar de la mano de activistas y periodistas que viven en esa región del país la grave crisis de derechos humanos que padecen tanto anzoatiguenses como monaguenses, en un contexto de crisis humanitaria a más de un año de la pandemia por Covid-19. Con una población que supera los dos millones de habitantes distribuidos entre 21 municipios, con la inclusión del Complejo Petrolero más importante de Latinoamérica y con cuatro imponentes plantas potabilizadoras que deberían garantizar el abastecimiento para toda la población, hoy los habitantes de Anzoátegui están sumidos en la angustia por no tener acceso con regularidad a los servicios públicos.

La escasez de agua es una constante en estos dos estados. Su gente comparte la misma historia que no parece terminar: encontrar agua a como dé lugar para abastecer el hogar y poder mantener la higiene básica, factor que se ha hecho determinante en los últimos tiempos para evitar el contagio por el nuevo virus. Sin embargo, impera en la mayoría de los hogares de estos estados la falta de agua potable, que les impide a las personas no solamente cocinar o mantener una adecuada higiene, sino también protegerse frente a la Covid-19 .

Las protestas en exigencia al restablecimiento de los servicios básicos no han faltado en los últimos años. Además de la falta de agua potable, denuncian los constantes cortes eléctricos y la ausencia del gas doméstico para poder cocinar. La leña se ha vuelto el artículo de primera necesidad si se quiere preparar algún alimento. El sistema de transporte se ha visto afectado por la ausencia de combustible. No solamente las personas con automóviles particulares denuncian no poder ir a sus lugares de trabajo o la imposibilidad de los transportistas de prestar su servicio; la escasez de combustible ha configurado un escenario tan cruel que impide a las pocas ambulancias que existen trasladar de emergencia a personas que necesitan atención médica.

Los profesionales de la salud trabajan en hospitales colapsados, que no tienen insumos y en condiciones precarias que no garantizan su bioseguridad ante la Covid-19. Como en el resto del país, sus salarios los condenan a la pobreza extrema, deben recorrer largas distancias para llegar a sus lugares de trabajo y además son amedrentados y amenazados si elevan su voz para exigir derechos. La Covid-19 no es la única enfermedad que presenta altos niveles de incidencia en estos estados. Cada vez es más notorio el resurgimiento de enfermedades anteriormente controladas o erradicadas, como el dengue, la malaria o la tuberculosis. La migración forzada también ha dejado muchos espacios vacíos.

Habitantes de ambos estados denuncian la falta de personal en los planteles educativos, centros de salud e instituciones públicas. Los niños, adolescentes y personas mayores son quienes han sufrido la peor parte de ver partir a sus familiares, pues existe una gran cantidad de adultos mayores solos en situaciones de vulnerabilidad con niños y adolescentes a su cargo esperando remesas desde el exterior. Sin embargo, la pandemia dejó sin empleo y en situación de vulnerabilidad a muchos refugiados y migrantes, lo que ha imposibilitado enviar dinero para la subsistencia de sus familiares en Venezuela. Pese a la crisis en derechos, en estos estados existen organizaciones de la sociedad civil que luchan para que las personas vuelvan a vivir con dignidad. Ejemplo de esto es Redhanz, una coalición de 15 organizaciones no gubernamentales del oriente venezolano que trabajan para defender los derechos humanos de las personas que se encuentran en esta región del país.

Agradecemos el esfuerzo de periodistas, activistas y valientes personas que a pesar de sufrir todas las consecuencias que, dieron su testimonio para visibilizar la situación de vulneración de derechos.

Mira la revista completa haciendo clic aquí: https://www.amnistia.org/media/8819/ai_se_monagas_enelovido.pdf