La población venezolana, las personas defensoras de los derechos humanos y organizaciones no gubernamentales siguen sin contar con información del órgano con competencia en la materia, para poder hacer un análisis más completo sobre la comisión del delito en el país

Por: Alexsayder Castellanos

Ante el registro del delito de femicidio desde enero a mayo del 2021 en Venezuela, el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) exige el cumplimiento de las obligaciones y los deberes nacionales e internacionales del Estado en términos de protección, prevención, sanción y reparación de los casos de violencia por razones de género, que se encuentra tipificado en el artículo 57 de la Ley Orgánica del Derecho de la Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LODMVLV).

El término femicidio surgió en la década de 1970 con la finalidad de reconocer y visibilizar la desigualdad y la violencia sistemática contra la mujer, que en su forma más extrema termina con la muerte. Sin embargo, en la actualidad no existe una definición consensuada, de acuerdo con el Protocolo Latinoamericano de Investigación de Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género.

“La violencia por razones de género contra mujeres, niñas y adolescentes tiene base en la discriminación y la desigualdad, por ende, debe ser prevenida y erradicada desde el Estado en conjunto con la sociedad, con una visión de cero tolerancia, para que se comprenda que como seres humanos todos debemos tener igualdad de acceso a los derechos”, declara la Directora Ejecutiva, Beatriz Borges.

Lucha contra la opacidad

Desde el año 2016, se desconoce la magnitud real de los femicidios en Venezuela ya que el Ministerio Público (MP), siendo el órgano con competencia en la materia, no publica las cifras oficiales. Lo cual entorpece la labor para sancionar, prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres en el país.

Frente a esto y la emergencia humanitaria compleja, la cual ha tenido un impacto desproporcionado y diferenciado sobre la vida de las mujeres, Cepaz crea en 2019 el Observatorio Digital de Femicidios, con el objetivo de que los datos recabados de los medios de comunicación digital sean categorizados y analizados, y estén disponibles para las instituciones y ciudadanos interesados en la prevención y en la evaluación de las respuestas del sistema de justicia sobre estos casos.

En el monitoreo del mes de mayo del 2021 hay cifras preocupantes. Debido a que hubo 24 femicidios consumados y seis frustrados. En promedio, hubo una acción femicida cada 30 horas y en el extranjero hubo 6 muertes violentas de venezolanas. Hasta la fecha, han contabilizado 99 femicidios en Venezuela (18 en enero, 22 en febrero, 20 en marzo, 15 en abril y 24 en mayo) y 43 en el extranjero (10 en enero, 6 en febrero, 9 en marzo, 12 en abril y 6 en mayo).

Datos que impactan

En cada informe mensual, la Organización No Gubernamental da a conocer datos que impactaron a lo largo de su monitoreo de femicidios consumados. Por ejemplo, el 30% de los casos en marzo ocurrieron en un lugar desolado. Seguidamente, en abril 6 niños y niñas quedaron huérfanos, y dos de ellos, presenciaron los hechos violentos contra su madre. Por último, en mayo sucedió la mayor cantidad de casos en Miranda (20,8%), Zulia (12,5%) y Aragua (12,5%).

“En nuestros análisis hemos observado una problemática, que es específicamente, la inexistencia tanto en los países de acogida como en Venezuela de medidas efectivas para la protección de los niños, niñas y adolescentes que pasan a ser huérfanos tras el asesinato violento de su madre”, indica.

Sin embargo, Cepaz en alianza con el Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad Central de Venezuela (CEM-UCV) y la Fundación para la Prevención de la Violencia Doméstica hacia la Mujer (Fundamujer) brinda una asesoría integrada, psicológica y legal a la víctima de agresión, sus familiares o allegados inmediatos que se vean afectados.

Con relación a lo anterior, también muestran la caracterización de los agresores, por ejemplo, en el 15% de los casos en marzo determinaron que el autor era un funcionario policial o militar, y dos ejecutaron el hecho mediante arma de fuego corta. Luego en abril, el 6,7% de los sucesos se mencionó que los agresores presentaban antecedentes por violencias contra la mujer. Finalmente en mayo, el 12,5% de los agresores estaba vinculado a grupos criminales.

“Hemos visto como el 99% de estos crímenes quedan en impunidad. Entonces, se ha estado enviando un mensaje a la población de que se puede cometer actos violentos contra las mujeres y no recibir ningún tipo de consecuencia”, denuncia.

Borges destaca, además, lo importante que es mostrar en detalle la recaudación de los datos y los fenómenos asociados, con miras no solo de evaluar la situación de la violencia contra las mujeres, sino también para trabajar sus causas, atender sus consecuencias y plantear políticas preventivas idóneas en el país.

Lugar propicio y seguro

Al Observatorio Digital de Femicidios de la ONG le ha llamado la atención de los testimonios y casos contabilizados es, primero, como la situación de violencia va in crescendo; segundo, como los casos de mutilación o descuartizamiento continúan presentándose; tercero, como la sociedad está normalizando la violencia por razones de género; y cuarto, como no hay un avocamiento de las autoridades con medidas efectivas para evitar todo lo anteriormente dicho.

“Tenemos protocolos que nos permiten dar atención y contención a situaciones de emergencia; y otorgar acompañamiento legal que muestre a la víctima el mejor camino no sólo de su protección, sino también del ejercicio de sus derechos y de la exigencia de justicia cuando estos fueron vulnerados”, explica.

A juicio de Borges, durante el monitoreo y la atención a mujeres, han observado que los factores de riesgo, a los que suele hacerse mención en los casos de femicidio, son el vivir en comunidades donde existen niveles de pobreza, delincuencia y problemáticas sociales, la ausencia de protección de parte de instituciones y la falta de atención y apoyo a los familiares de las víctimas.

La emergencia humanitaria compleja de Venezuela, agravada por la pandemia de COVID-19 y la revictimización de la mujer al buscar justicia en un sistema judicial, han generado una atmosfera de desconfianza, frustración y abstinencia a la denuncia ante la comisión del delito. Socavándose sus derechos fundamentales vinculados con la libertad, la dignidad e igualdad del ser humano.

“El tema de violencia de género es una situación de derechos humanos. Por ello, es necesario que mediante políticas públicas las autoridades garanticen el acceso a la justicia, la diligencia a una investigación y al debido proceso de las mujeres, niñas y adolescentes víctimas”, exige.

Uso de armas de fuego cortas

Diversas investigaciones apuntan que la presencia de armas de fuego en el hogar contribuye en el aumento de riesgo del acto más atroz de violencia contra la mujer que es el femicidio, pero también es usada como un mecanismo de amenaza o de generación de miedo o intimidación. De acuerdo con Cepaz, en muchas ocasiones este crimen se concreta con las mismas armas que otorgan las autoridades a los funcionarios policiales o militares, para velar por la seguridad de la sociedad.

Respecto a las medidas tomadas por el Estado venezolano, en 2013, promulgó la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones, de 126 artículos, con el fin de normar, regular y fiscalizar el porte, tenencia y uso de armas de fuego y municiones a ciudadanos. Establece que quienes posean de forma ilícita un arma de fuego serán sancionados con una pena de siete a 20 años de cárcel. Pero, no se ha cumplido con el control de armas ni de reducción de la violencia armada.

“Insistimos en la necesidad de generar una política efectiva de regulación del mercado de armas de fuego y enfocarlo con una perspectiva de género”, señala.

Actuar para prevenir

El Centro de Justicia y Paz exige la publicación de cifras oficiales sobre femicidios ya que son necesarias para la toma de decisiones en materia de prevención y creación de políticas públicas, encima, es un instrumento básico para la lucha contra la violencia por razones de género en Venezuela.

El cumplimiento de la Ley Orgánica del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LODMVLV) es primordial para el logro de los derechos humanos de las mujeres. También solicitan la capacitación desde funcionarios de los cuerpos policiales hasta los jueces de la Corte de Apelación, pasando por todos los niveles de la judicatura y el Ministerio Público. Labor que pueden hacerse cargo las organizaciones de la sociedad civil, que trabajan con los derechos de las mujeres, a fin de garantizar una verdadera perspectiva de género en dichos procesos.

“Se debe eliminar la utilización de estereotipos ya que son nocivos para las mujeres y crear un correcto funcionamiento de casas de abrigo para que las víctimas puedan acudir al no tener adonde ir o como protegerse de su agresor”, dijo.

Información complementaria

El Ministerio de Salud, en el año 2013, registró 493 femicidios de niñas y mujeres entre -1 y 84 años de edad; 78 tenían entre 15 y 19 años de edad, 205 entre 20 y 34 años de edad, 94 entre 35 y 44, 53 entre 45 y 64, y 18 entre 65 y 84.

No obstante, cifras publicadas por el MP indican que en 2015 se reportaron 253 casos de femicidios, 121 de ellos fueron consumados y 132 intentos; el grueso de las víctimas fueron mujeres de entre 15 y 30 años de edad. Estas cifras contrastan con los reportes de la prensa, según los cuales, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) indicó que de 516 mujeres asesinadas durante los primeros 166 días de 2015, 148 fueron asesinadas por razones de género. Luego, en el año 2016, el MP registró 122 femicidios y 57 intentos.

Cinco años después, la población, las personas defensoras de los derechos humanos y organizaciones no gubernamentales siguen sin contar con información del órgano con competencia en la materia, para poder hacer un análisis más completo sobre la comisión del delito en el país.