Los periodistas que a la vez son activistas de derechos humanos aseguran que hoy más que nunca, con el contexto de la crisis sanitaria, resulta imprescindible el fortalecimiento del tejido social y de la prensa independiente para combatir eficazmente la desinformación a través de los medios de comunicación tradicionales y plataformas digitales

Por: Alexsayder Castellanos

Los actos de intimidación, las restricciones al desplazamiento, las amenazas de funcionarios, el espionaje o seguimiento de periodistas, la censura, las detenciones arbitrarias y las agresiones físicas contra la prensa -por expresar ideas contrarias a políticas o denunciar violaciones de derechos humanos- constituyen una grave arremetida contra la libertad de expresión e información en Venezuela.

“El Estado venezolano desarrolla una política que descalifica el trabajo de medios de comunicación, agrede a la prensa y a periodistas, elabora un marco normativo restrictivo y aplica mecanismos de violencia institucional contra el gremio, que han ocasionado la reducción de las posibilidades de informar y el aumento de riesgo de las personas por estar informado“, así lo denunció Carlos Correa, director ejecutivo de la ONG Espacio Público.

Por todo esto, es primordial que existan organizaciones de la sociedad civil, como esta que promueve y defiende los derechos humanos, especialmente la libertad de expresión; el derecho a la información y la responsabilidad social en los medios informativos, con la finalidad de fortalecer una democracia que garantice libertad, justicia social y dignidad para todas las personas.

Conforme a la información suministrada por la iniciativa civil, el discurso que descalifica a los medios informativos se ha convertido en un detonante para que los funcionarios de seguridad actúen contra periodistas y ciudadanos, fortaleciéndose los casos de impunidad en el país. Aunque se debe recordar que con la preparación de un conjunto general de normas que otorgue garantías y protección a los medios y profesionales de la comunicación se puede lograr prevenir numerosas vulneraciones a los derechos.

Ataques a la expresión e información

Espacio Público en su Informe Anual 2020: Situación del Derecho a la libertad de Expresión e Información, contabilizó 390 casos y 965 violaciones del derecho a la libertad de expresión, incluidos los actos de intimidación, las restricciones al desplazamiento, las amenazas de funcionarios, el espionaje o seguimiento de periodistas, la censura, las detenciones arbitrarias y las agresiones físicas. Estas limitaciones lo traducen en el tercer año con mayor cantidad de casos.

“Durante los últimos años, hemos observado como las autoridades gubernamentales han aplicado una política de hostilidad contra quienes de alguna manera son voces críticas dentro de la sociedad venezolana, como vienen siendo los medios de comunicación tradicionales (radio, prensa y televisión) y las redes sociales”, declaró Correa.

En total, la asociación civil registró al menos 539 víctimas directas de violaciones del derecho a la libertad de expresión y 31 ocasiones en las que estuvo involucrada la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV) en restricciones a contenidos web, lo cual impidió que la población tuviera acceso a la información mediante internet.

“Los periodistas y personas defensoras de derechos humanos en Venezuela son percibidos como críticos del gobierno, descalificados a través de los medios públicos y perseguidos por distintas vías, lo que aumenta la percepción de riesgo para llevar a cabo su labor, dijo.

El camino hacia el Estado de derecho

Acerca de las recomendaciones para que se respeten y cumplan los derechos humanos, indicó que se debe revertir la actual política pública con varias tomas de decisiones. Por ejemplo,  en primer lugar el Estado venezolano debe declarar frente cualquier agresión contra periodistas y medios e iniciar debidamente una investigación efectiva para que se reduzca la violencia contra este gremio.

Luego para Correa se debe transformar el aparato normativo, el cual contiene leyes que requieren ser derogadas, modificadas o cambiadas porque son contrarias a los estándares internacionales de derechos humanos, como lo son la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, y la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, que establecen sanciones penales para la expresión.

Por último, añadió que se debe cumplir las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE), las recomendaciones y peticiones del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas sobre este tema, para el restablecimiento de la democracia y el Estado de derecho.

“El gobierno de Nicolás Maduro podría hacerlo rápidamente. Pero, creo que hay una incompatibilidad entre esas garantías y el modelo político que se pretende impulsar en el país”.

El activismo denuncia la censura

Los periodistas que a la vez son activistas de derechos humanos denuncian los graves ataques contra el derecho a la libertad de expresión e información en Venezuela. Además aseguran que hoy más que nunca, con el contexto de la crisis sanitaria, resulta imprescindible el fortalecimiento del tejido social y de la prensa independiente para combatir eficazmente la desinformación a través de los medios de comunicación tradicionales y plataformas digitales.

“El Estado debe cesar la opacidad de cifras oficiales sobre la situación de los gremios, la impunidad de las violaciones a los derechos humanos, la censura a medios de comunicación y a ataques contra comunicadores, ya que, de lo contrario el ejercicio al derecho a la información y a la libertad de prensa continuarán inexistentes en el país”, dijo Génesis Carrero, miembro de la red de delegados voluntariados del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP).

En este orden de ideas, la activista recordó el caso del cese temporal del medio de comunicación audiovisual VPI TV tras la incautación de sus equipos de trabajo por funcionarios de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat). Por lo tanto, resalta la existencia de una judicialización de la prensa.

Destacó, también, que durante sus años de labor periodística y a la vez de activismo ha sido directamente acosada, agredida y amenazada con la finalidad de que cesara en su lucha informativa por la verdad, y es ahí donde radica la imparable valentía que tienen los periodistas en su labor.

“Los trabajadores de la prensa somos unos luchadores incansables, en tanto que logramos contra todo pronóstico seguir informando, educando y concientizando a la población, enfatizó.

Visibilidad de la crisis

Amnistía Internacional en su Informe Anual 2020/21 (#AIR2021): La situación de los derechos humanos en el mundo, capitulo Venezuela, documenta como los periodistas Andrés Nieves y Víctor Torres perdieron la vida en una operación de seguridad de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) en el estado de Zulia. El Ministerio Público inició una investigación sobre la posible ejecución extrajudicial de los dos hombres y se dictó una orden de detención contra seis agentes.

La Clasificación 2021 de la Libertad de Prensa de Reporteros sin Fronteras (RSF) 2021 revela un deterioro generalizado de la situación en América Latina, pero especialmente en Venezuela resalta que a los periodistas se les acusó públicamente de exagerar la gravedad de la epidemia y de sembrar el pánico en el espacio público.

De hecho, el periodista independiente Darvinson Rojas, que en un mensaje de Twitter puso en duda la credibilidad de las cifras oficiales sobre la pandemia de COVID-19, fue detenido de forma arbitraria. Quedó en libertad al cabo de 12 días, pero siguió sometido a restricciones y actuaciones penales.

Hoy 3 de mayo, en el Día Mundial de la Libertad de Prensa, es una oportunidad para recordar a los gobiernos que es necesario respetar la libertad de expresión y para concienciar sobre los problemas de la libertad de prensa y la ética profesional. Sin embargo, las organizaciones defensoras de los derechos humanos aseguran que el Estado venezolano no lo garantiza.