Amnistía Internacional Venezuela realizó un evento online para conversar acerca de lo reflejado en su Informe Anual 2021 e insertar en la opinión pública los profundos riesgos en los que se encuentra sumergida la población más vulnerable en el país

La crisis continuada de derechos humanos en Venezuela dejó la profundización de violaciones durante la pandemia según el informe Anual de Amnistía Internacional. Ejecuciones extrajudiciales, uso excesivo de la fuerza y homicidios ilegales cometidos por las fuerzas de seguridad contra quienes criticaban las políticas del gobierno eran objeto de medidas represivas que incluían la criminalización, los juicios injustos y la detención arbitraria.

Amnistía Internacional Venezuela realizó un evento online el miércoles 7 de abril para conversar acerca de lo reflejado en la investigación y además insertar en la opinión pública los profundos riesgos en los que se encuentra sumergida la población más vulnerable. La moderación estuvo a cargo de la comunicadora social, Aymara Lorenzo y fue transmitido por las redes sociales de la organización. [1]

Carolina Jiménez Sandoval, directora adjunta de Investigación para Las Américas señaló en su presentación que cuando se habla de Venezuela se debe dar cuenta de la multiplicidad de violaciones de derechos humanos que se cometen en el país.

“El informe detalla cómo la pandemia y las medidas de contención exacerbó la criminalización de la pobreza y las violaciones de derechos humanos en Venezuela. La respuesta del Estado fue querer controlar la pandemia a través de la estigmatización, detenciones arbitrarias y represión contra periodistas y personal de salud que intentaba dar números referente a la Covid19 en el país”, señaló la especialista.

 

Jiménez destacó la estigmatización contra personas retornadas que se dio desde el momento en que varios países implementaron la cuarentena forzada sin condiciones de higiene y en el caso venezolano los centros de cuarentenas fueron militarizados y las personas que decidían retornar no tenían acceso a alimentos ni a la asistencia a la salud.

Finalmente, la especialista resaltó que, aunque el Estado venezolano ignoró los llamados de organismos internacionales, la Misión de Determinación de los Hechos dejó documentado en su informe en el mes de septiembre, que en el país se violan derechos humanos de manera masiva y sistemática desde 2014, estableciendo responsabilidades individuales y cadenas de mando.

“En Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad según el informe de la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU y es importante entender que este informe ha marcado un antes y un después en materia de derechos humanos en el país”.  

 

Quiteria Franco, coordinadora General de Unión Afirmativa de Venezuela detalló lo que en materia de legislación ha ocurrido desde el año 1999 y cómo se ha prohibido que las parejas del mismo sexo puedan acceder al matrimonio civil, al tiempo en que advirtió que el retroceso en materia de derechos a la comunidad LGBTIQ ya era inminente.  

“La constitución venezolana ni condena ni prohíbe las uniones del mismo sexo, sin embargo, esto no es posible en el país. Las leyes se engavetan y no progresan, se politizan y no cuentan con voluntad política”.

 

Para Franco se debe modificar el Código Civil ya que contiene elementos discriminatorios contra muchas personas, no solo con las que forman parte de la comunidad LGBTIQ.

“Los derechos humanos se reconocen, se establecen en documentos legales que pueda permitir el disfrute sin discriminación y esto no está ocurriendo en Venezuela”.

 

Fernanda Doz Costa, investigadora en Derechos Económicos y Sociales de América en Amnistía Internacional en el tema de derechos sexuales y reproductivos expuso en su ponencia que para hablar del acceso al derecho al aborto legal y seguro se debe tomar en cuenta desde la perspectiva de derechos humanos.

“La recomendación principal de Amnistía Internacional es que todas las mujeres puedan acceder al aborto seguro y que se prohíba la penalización por este tema.

 

En el caso venezolano indicó que pasa lo mismo que en muchos países de la región donde no se garantiza los derechos a la salud sexual y reproductiva y que esto no es un problema que le preocupa solo a un grupo de personas, sino que también es un problema de salud público el no poder decidir en los proyectos de vida.

“Justamente ayer, la CIDH publicó un comunicado por la falta de acceso a servicios relacionados a la salud sexual y reproductiva en Venezuela lo cual impacta de manera desproporcionada a las mujeres gestantes en el país. Son muchos las mujeres embarazadas que deben facilitar kits para que atiendan el parto y muchas las que huyen para acceder a estos servicios y salvar sus vidas”, aseveró.

 

Como cierre de su ponencia, Da Costa enumeró lo que considera negativo en la penalización del aborto en países de la región.

 La penalización del aborto:

1 Niega múltiples derechos humanos en mujeres y niñas.

2 No disuade a las mujeres y niñas a practicarse abortos, al contrario, las empuja a la clandestinidad y a la muerte.  

3 No previene la mortalidad materna.

4 Afecta a mujeres que viven en la pobreza. Mujeres con recurso se practican abortos seguros.

5 La despenalización disminuye los abortos ya que son acompañadas con políticas de ejercer sus derechos sobre su propio cuerpo.

6 Evita que las mujeres sean víctimas de violencia obstétricas.

7 Limita el acceso al aborto en los casos que son legales. Incluso en abortos espontáneos.  

8 La penalización es ineficaz.

Para leer completo el informe de amnistía internacional debes descargar en su página web[2]