La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una audiencia para que la sociedad civil venezolana presentara las denuncias sobre hechos de criminalización contra personas defensoras en el país en el contexto de la pandemia por la Covid_19

La audiencia número 20 del 179 período de sesiones se efectuó vía online, el jueves 25 de marzo de 2021 con un grupo de organizaciones defensoras de derechos humanos en Venezuela (Laboratorio de Paz, PROVEA, Acción Solidaria, Civilis, Convite, Prepara Familia, CEPAZ, el Centro de DDHH de la Universidad Metropolitana y el Centro de DDHH de la Universidad Católica Andrés Bello) que denunciaron sus casos para contextualizar al organismo internacional acerca de la situación que se vive en esta materia.  

Los solicitantes y participantes en la audiencia, informaron sobre los patrones que se intensificaron en el contexto de la Covid-19 y que vulneran el ejercicio de la defensa de Derechos Humanos como lo son la criminalización, campañas de estigmatización o inicio de procesos penales contra personas defensoras.

Feliciano Reyna, presidente de Acción Solidaria inició las intervenciones de la sociedad civil señalando que la emergencia humanitaria compleja se ha intensificado en gran escala en el país y que al menos 19 millones de personas está en situación de pobreza multidimensional, mientras que más de 13 millones se encuentra en inseguridad alimentaria según datos de Hum Venezuela, plataforma desarrollada para el monitoreo, documentación y seguimiento de la Emergencia Humanitaria Compleja (EHC).

Asimismo, Reyna indicó que entre los patrones que quebrantan las garantías del derecho internacional de los derechos humanos en Venezuela destacan la criminalización con barreras para obtener registros necesarios en la libre asociación, la presunción infundada de delitos de terrorismo, legitimación de capitales, instigación al odio y persecución solo por defender derechos y prestar asistencia humanitaria en medio de una crisis sin precedentes en la región.

“Se han registrado la persecución y la violencia sistemática contra activistas, periodistas y medios, líderes comunitarios, estudiantes y defensores por protestar e informar sobre las privaciones de libertad. Cinco trabajadores de Azul Positivo fueron detenidos, ahora están excarcelados, pero sin libertad plena”, dijo el defensor.

Marino Alvarado quien es miembro del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) resaltó que Nicolás Maduro “cree que Venezuela es un gran cuartel”, debido a que irrespeta a los sectores más vulnerables.

“La ausencia de criterios en una emergencia sanitaria, el decreto de cuarentena que se realiza de manera discrecional sin el claro entendimiento de que los derechos no pueden ser suspendidos aún en esta emergencia por la pandemia”, dijo.

También, Alvarado resaltó que durante la pandemia se ha jerarquizado el mantenimiento del control sobre la población y el orden sobre el territorio generando diversas vulneraciones a la ciudadanía.

“Han priorizado la seguridad por encima de la salud de todos los venezolanos y quienes habitan en el país.”

El defensor en su exposición indicó la afectación y persecución del personal de salud, comunicadores sociales, activistas políticos, defensores de derechos humanos, y sobre todo contra quienes exigen sus derechos ante el caos de los servicios públicos.

“Laboratorio de Paz y Provea documentaron que en los primeros 10 meses del estado de alarma en Venezuela se detuvieron de manera arbitraria a 258 personas, sin contar las detenciones por pocas horas por no cumplir con el uso del tapabocas o no cumplir otras medidas preventivas. De las 258 detenciones arbitrarias 59 casos representan la detención de mujeres es decir el 22,8%. El mes de abril de 2020 se registró el mayor número de detenciones: 32,5% de ellos se realizaron en el Distrito Capital. Otras detenciones, 29 Sindicalistas en el Distrito Capital.”

Asimismo, Provea hizo mención de las detenciones arbitrarias en 2021 como la de los 5 activistas de Azul Positivo, el diputado Gilberto Sojo y el defensor del derecho al agua Jairo Pérez más recientemente.

Su intervención finalizó detallando alertas de la consolidación de la Ley del Odio como un instrumento para criminalizar, controlar e informar sobre personas que hacen denuncias, critican, protestan y exigen derechos.

“La persecución por motivos políticos sigue siendo en Venezuela sistemática”, aseveró.

La directora de Acceso a la Justicia, Laura Louza denunció en su participación el modelo del Estado Comunal de la Asamblea Nacional oficialista, a pesar de haber sido rechazado en el 2007 durante la gestión de Hugo Chávez.

“No conocemos las 35 leyes que componen el Estado Comunal”, dijo al tiempo que resaltó que esta es una forma de estado que acaba no solo con la sociedad civil organizada, sino también con el ciudadano.

Para la defensora, esto empeorará la situación de la emergencia humanitaria y desaparecerá la sociedad civil organizada ya que estas leyes son una réplica de lo ocurrido con los poderes públicos que no son elegidos por el voto universal directo y secreto, tienen potestades y presupuestos públicos, están sometidos al Ejecutivo Nacional y están para la construcción del socialismo.

“Debemos denunciar esta estructura la cual es mencionada entre las últimas 25 leyes discutidas por la AN y poco se conoce sobre su contenido”.

Beatriz Borges, directora ejecutiva del Centro de Justicia y Paz (CEPAZ) indicó en su presentación que Venezuela está en un entorno restrictivo, marcado por un patrón de criminalización, persecución, represión, campañas de estigmatización y represalias, solicitando además a la Comisión de la CIDH que rechacen y exijan el fin de la aplicación de patrones de criminalización, persecución y represión contra la sociedad civil por parte de las autoridades que controlan los poderes públicos.

“La Misión de Determinación de los Hechos señaló patrones de persecución contra personas disidentes al gobierno y por ello, es necesario mantener la observación sobre Venezuela. Se debe demandar la restitución y garantía de los derechos, además requerir de las autoridades nacionales condiciones seguras y habilitantes para que la sociedad civil  que atiende a la emergencia humanitaria compleja que atraviesa Venezuela implemente los programas y actividades humanitarios sin restricciones ni impedimentos indebidos”.

La defensora también indicó que Cepaz registró 127 hechos que constituyen actos de amenaza, criminalización y persecución, dirigidos hacia activistas políticas, periodistas, medios de comunicación y organizaciones de derechos humano.

“Exijan a las autoridades nacionales y en particular al Poder Ejecutivo el cese de los avances de nuevas leyes que buscan una sociedad estatizada y que socavan el principio de independencia de la sociedad civil.”

Vulneraciones causan preocupación

El representante Especial de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Gustavo Tarre Briceño luego de escuchar la primera parte de exposiciones afirmó que en el organismo conocen sobre la situación de vulnerabilidad de las personas defensoras de derechos humanos y que es inaceptable que se ataque a quienes buscan ayudar a los más vulnerables.

“La situación de vulnerabilidad nos causa preocupación porque tratan de golpear a defensores de derechos humanos y a trabajadores que se dedican a la defensa de los más desposeídos en el intento de llevar ayuda humanitaria ante la ausencia de protección”.

Tarre Briceño resaltó que la OEA respalda el desempeño de los defensores de los derechos humanos en Venezuela.

“Nuestra razón de ser el restablecer la democracia, el respeto de los derechos humanos y la vigencia de la Constitución Nacional”, enfatizó.

Esmeralda Arosemena de Troitiño, Relatora de los Derechos de la Niñez para Venezuela dijo que en un panorama no solo de crisis política, sino también de crisis humanitaria, hablar de 19 millones de personas en situación de pobreza multidimensional es muy fuerte. Y realizó varias preguntas en relación a cómo conseguir una solución a todo.

Por su parte, Stuardo Ralón quien es Comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recordó que en febrero 2021 se emitió un comunicado junto a la Relatoría Especial de la CIDH expresando preocupación por el cierre de los espacios cívicos y de libertad de expresión. "Con esta audiencia hemos confirmado que este contexto continúa y se agudiza".

Mientras que el Relator Especial para la Libertad de Expresión, Pedro Vaca señaló que la audiencia es una demostración de lo que ocurre cuando hay una erosión del Estado de Derecho.

En la segunda parte de la audiencia la participación de las ONG se centró en las vulnerabilidades de los defensores y defensoras de derechos humanos en el país y la urgente necesidad de elevar los casos a todas las instancias internacionales.

Eduardo Trujillo, director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello señaló en su intervención que la ley de cooperación afectaría en gran medida la posibilidad para las organizaciones de acceder a recursos internacionales. "Deseamos que la CIDH cada vez más vaya reforzando las acciones para la otorgación de las medidas cautelares, no solo limitándose a la integridad.

La directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana Andrea Santacruz presentó en su análisis que el Poder Judicial venezolano no es independiente ni imparcial, sino que funciona como herramienta de persecución.

"Se han decretado 11 veces estados de emergencia, algo contrario a nuestra Constitución, pero el TSJ ha considerado constitucional".  

Katherine Martínez, directora de Prepara Familia señaló que las organizaciones, defensores y defensoras que hacen vida en Venezuela están sumamente preocupados por los efectos que estas medidas contra las organizaciones tienen sobre las personas vulnerables y resaltó que las organizaciones siguen ayudando y apoyando a las comunidades vulnerables.

"Son muchas las madres cuidadoras, las madres de NNA que nos necesitan y no podemos abandonarlas".

Finalmente, Luis Francisco Cabeza, director de Convite AC, relató en su intervención la situación de riesgo y amenaza que vivieron en diciembre 2020 y manifestó sentirse perseguido de la administración de Nicolás Maduro.

"A pesar de tener una orden judicial se nos impidió tener representación legal, estuvimos incomunicados por dos horas y medias".

El Comisionado de la CIDH, Joel Hernández expresó su reconocimiento a defensores que ofrecieron sus testimonios y enfatizó que, a pesar de las circunstancias, el organismo continuará apoyando a las organizaciones venezolanas.