A partir del primero de marzo dentro del proyecto Por Nosotras se arranca la campaña “Salud para todas, es nuestro derecho”, producto de la alianza de organizaciones para promover el derecho a la salud de las mujeres en el país

La Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (AVESA) tiene 37 años abogando por la garantía de los derechos humanos de las mujeres y niñas en Venezuela. En sus inicios era una organización que estaba empeñadas en cambiar la sociedad, particularmente en lo que respecta a la discriminación y violencia sexual contra las mujeres; pero día tras día, ha ido ampliando su campo de acción y reinventándose en la medida en que la tecnología avanza, siempre con la premisa de educar a la mujer en sus derechos y acompañarlas si han sido víctima de violencia. 

En febrero de 2021 lanzaron la plataforma “Yo Estoy Informada o en sus siglas YEI”, un servicio de consulta activa mediante el servicio de mensajería online WhatsApp que brinda información en materia de derechos, cuidado y protección de las mujeres. Es un sistema operativo robotizado incorporado a la aplicación WhatsApp al que se puede acceder a través de este número: +58 0424-166-22-20 

Esta plataforma comunicacional orienta a las personas sobre varios temas: violencia contra las mujeres, salud sexual y reproductiva, derechos de las niñas, niños y adolescentes, distribución de las cargas de cuidado en el hogar y movilidad informada y segura.

“Este servicio les ofrece a todas las mujeres venezolanas una herramienta segura, rápida y efectiva de información acerca de los lugares en dónde puede denunciar casos de violencia, cómo deben proceder las instituciones al momento de recibir una denuncia de violencia, además brinda información en el área de salud sexual y reproductiva y ofrece orientación personalizada en la materia que aborda YEI en los casos que lo requieran”, indica la ONG en su portal web.

Por Nosotras

El proyecto “Por nosotras” está dirigido a fortalecer las capacidades de las organizaciones de mujeres en su accionar con miras a la igualdad de género. “Buscamos que se motiven a desarrollar planes de incidencia para que concreten políticas públicas a favor de la mujeres en el país”, reafirmó Magdymar León, coordinadora de AVESA.

Desde 2018 lo vienen promoviendo las organizaciones AVESA y Aliadas en Cadena. A lo largo de los años las campañas reactivas por redes sociales han tomado relevancia y Por Nosotras ha impulsado muchas de ellas que van desde la prevención de la violencia, contra la trata de personas y contra los embarazos en adolescentes.

Dentro del proyecto se mantiene la psicoateción telefónica que es una línea que las mujeres víctimas de violencia pueden usar para recibir primeros auxilios psicológicos. Pueden llamar las víctimas o familiares y amigos de las víctimas que deseen apoyarlas.

También continúan con los planes de capacitación a profesionales en el tema de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes. “A finales del año pasado fueron formados grupos de profesionales de psicología y consejeros de la protección. Este año, arrancó la línea de formación a docentes, especialmente de instituciones de educación básica a través del aula virtual de AVESA”, indicó León.

Añadió que a partir del primero de marzo dentro del proyecto Por Nosotras se arrancò la campaña “Salud para todas, es nuestro derecho”, producto de la alianza de organizaciones para promover el derecho a la salud de las mujeres en el país. Con esta campaña se visibilizarán las condiciones de salud que viven las mujeres, se interpelará al Estado como ente regulador y se cuestionará la práctica médica androcéntrica y patriarcal que vulnera el disfrute del derecho a la salud de las mujeres.

Como parte de la campaña, el 18 de marzo, vía zoom, se presentarán las Pautas y Recomendaciones de Atención y Salud Integral de Calidad, construidas colectivamente gracias a la participación de mujeres usuarias del sistema de salud, operadoras en salud, prestadoras de servicios, para brindar mejoras en el acceso y atención a la salud integral a las mujeres venezolanas en tiempos de Covid 19.

Igualmente, el 7 de abril serán publicados los resultados del estudio La salud de las mujeres en Venezuela: crisis del sistema sanitario y COVID-19, una investigación sobre la situación de niñas, adolescentes y mujeres a través de encuesta y obtención de información de salud en historias clínicas de los servicios de ginecología y mastología de ALAPLAF, en Barquisimeto, estado Lara; de FUNCAMAMA en Valencia, estado Carabobo; y de PLAFAM, en Distrito Capital y estado Miranda[1].

La violencia contra la mujer no cesa

Organizaciones feministas locales han reportado el alarmante aumento de femicidios que se ha producido en los últimos años. El Observatorio Digital de Femicidios del Centro de Justicia y Paz (Cepaz) registró, del 1 al 31 de enero de 2021, dieciocho víctimas de femicidios en Venezuela. Hubo, en promedio, un femicidio cada 38 horas.[2]

Igualmente, la ONG Uquira reportó 200 femicidios en el 2020 y de ese número de muertes, 134 ocurrieron durante el confinamiento en Venezuela.[3] En 2019, se reportaron 167 femicidios, según Utopix. [4]

“Estas cifras dan cuenta de cómo ha ido agravándose la violencia contra las mujeres, a pesar de que no existen datos oficiales. El femicidio es la expresión máxima de violencia física contra las mujeres y en el contexto del confinamiento por la pandemia ha aumentado la violencia de relaciones de pareja y sexual porque las mujeres se encuentran atrapadas con sus agresores dentro del hogar”, dijo la coordinadora de AVESA.  

Enfatizó en que la prevención y gestión de la violencia contra las mujeres son fundamentales en los planes de respuesta nacional ante la Covid-19.

El Estado venezolano tiene la obligación de garantizar que las mujeres tengan una vida libre de violencia, pero las cifras que han recopilado las organizaciones civiles que trabajan este tema indican que esto no se está realizando a cabalidad.  

León afirmó que existe una gran fragilidad institucional a la hora de dar respuesta a las denuncias de violencia contra la mujer. “Por ejemplo, en 2016 de acuerdo al reporte del Ministerio Público los números de casos que llegaban a juicio eran muy bajos lo que refleja un alto índice de impunidad y que las mujeres, por tanto, van quedando desprotegidas a merced de sus agresores”.

El Estado presenta una deuda en cuanto a la protección efectiva de las mujeres. León explicó que si bien, existe una ley orgánica, promulgada en 2014 y reformada en 2017, es un instrumento que requiere de una reglamentación que indicaría los protocolos a seguir en la atención de los casos. Un reglamento que responda a las preguntas: ¿Qué debe hacerse en la atención directa de una víctima?, ¿cómo debe brindarse la protección?, y que esto no quede a discreción del funcionario que esté recibiendo la denuncia.

Añadió que es fundamental que se elabore un plan nacional de prevención y atención de la violencia contra la mujer que debe ser una guía donde haya multiplicidad de instituciones y voluntades que se acompañe de un presupuesto para ejecutar todas las dimensiones del plan como campañas de prevención, de educación, garantías de la atención adecuada, se brinde acompañamiento y que haya acceso a la justicia.  

La crisis aumentó los casos de trata y tráfico de mujeres

La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito asegura que la trata de personas en el mundo sigue afectando principalmente a mujeres y niñas con 65% de las víctimas identificadas. La explotación sexual se mantiene como la principal finalidad de explotación en el mundo. [5]

La violencia contra las mujeres aumenta en la medida en que se incrementa su vulnerabilidad. La trata y el tráfico de mujeres crecen cuando ellas se encuentran en situación de pobreza, con menor información sobre sus derechos, sin posibilidad de poder acceder a instituciones, ni tener información de dónde acudir y sin tener recursos económicos para poder afrontar situaciones de conflicto.

“Sabemos que estos delitos tiene una naturaliza organizada, es decir que estamos hablando de organizaciones criminales que se dedican a la captación, traslado y colocación de niños, adolescentes y mujeres para ser explotados sexualmente o laboralmente”, señaló León.

Apuntó, que en la medida en que las condiciones de la población de un país sean de mayor vulnerabilidad, estas redes criminales van a captar a sus víctimas con mucha más habilidad. En el caso venezolano, las condiciones que enfrentan las mujeres dentro de una emergencia humanitaria compleja y una pandemia las hace presa fácil.

Los Estados, y más cuando están involucrados, tienen su cuota de responsabilidad. La trata y tráfico de personas son delitos que atentan contra la integridad y los derechos humanos de las víctimas. En Venezuela ocurre con mayor frecuencia y el gobierno debe tomar control de esta situación. Por tanto, los Estados deben desarrollar todas las acciones para, en primer lugar, detectar los casos; combatir estas redes criminales; generar contextos de seguridad para las mujeres niñas y adolescentes y sancionar a quienes comenten estos delitos.