Amnistía Internacional Venezuela en conjunto con el Centro para los Defensores y la Justicia recuerdan que defender derechos humanos y ejercer acción humanitaria no es delito ya que la normativa internacional de la materia establece este tipo de actividades como legítimas y como resultado el Estado venezolano tiene que abstenerse de cometer cualquier clase de represalias contra quienes están ejerciendo acciones en función de la protección de derechos humanos

Por: Alexsayder Castellanos

La defensa de derechos humanos es esencial para poder avanzar hacia la protección de la dignidad y la lucha contra la desigualdad, he aquí donde la labor de quienes defienden y exigen derechos humanos resulta trascendental ya que con el trabajo de documentación, denuncia y visibilización se puede lograr avanzar hacia la materialización de la protección efectiva de los derechos humanos y el Estado de derecho. 

“Para poder lograr los alcances de justicia, el Estado de derecho y democracia son fundamentales y que se les otorguen garantías de seguridad a quienes estén realizando la defensa de los derechos humanos en todo el territorio nacional”, dijo Marianna Romero, abogada, directora del Centro para los Defensores y la Justicia y coordinadora académica del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello.

Es por esto que surge el Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) con el propósito de construir políticas públicas que respeten, garanticen y protejan el derecho a defender los derechos humanos, fomentando el desarrollo de entornos de trabajos propicios y seguros para que las personas defensoras de derechos humanos ejerzan la labor sin temor a represalias, el acompañamiento a víctimas y el ejercicio de la acción humanitaria, desde la observancia de la institucionalidad democrática y el cumplimiento del Estado con sus obligaciones internacionales. 

“El derecho a defender los derechos humanos está plenamente reconocido y es legítimo en el marco del derecho internacional. Por lo tanto, las personas que trabajan en función de la protección de los derechos humanos no deben ser víctimas de represalias, agresión o cualquier otro hostigamiento”, aclaró.

Para Romero resulta muy preocupante que continúe el uso de la represión y control social, la impunidad, la política de criminalización y la implementación de una doctrina de seguridad nacional que cataloga a quienes defienden y exigen los derechos humanos de “enemigos internos”, debido a que viene trayendo como consecuencia una diversidad de riesgos, amenazas y agresiones que se materializan con más violencia y gravedad desde los últimos años. Por ejemplo, allanamientos arbitrarios, detenciones arbitrarias, defensores privados de su libertad, agresiones físicas y verbales y otros incidentes que comprometen la operatividad de las organizaciones y defensores.

303 violaciones al derecho a defender derechos humanos 

En enero de este año el CDJ publicó su informe anual 2020 sobre las situaciones de las personas defensoras de derechos humanos y visibilizaron 303 violaciones al derecho a defender derechos humanos en Venezuela, específicamente en el marco del trabajo de documentación, denuncia y acompañamiento a víctimas en el contexto de la emergencia humanitaria compleja la cual también se agravó durante la pandemia por COVID-19.

“El Estado venezolano en lugar de trabajar en función de la protección efectiva de los derechos humanos de la población, continuó implementando medidas autoritarias y de control social que agudizaron la crisis institucional y económica. También, profundizaron en la aplicación de la doctrina de seguridad nacional, en la que se etiqueta a quienes defienden derechos humanos y trabajadores humanitarios como enemigos internos, lo que se traduce en mayor represión, control y criminalización a la defensa y exigencia de derechos humanos“, indicó la fundadora y directora de la ONG.

Romero destacó, además, que ante la inexistencia de entornos propicios y seguros, la falta de políticas públicas que garanticen la protección a defender derechos humanos, la falta de recursos jurídicos que los defensores puedan imponer cuando son víctimas de criminalización por el ejercicio de sus acciones, muestra que estas situaciones pueden seguir complejizándose en el país. De hecho, de acuerdo con la información suministrada en su informe de análisis del 2020, el Estado continúa reprimiendo, criminalizando, obstaculizando, estigmatizando y agrediendo a quienes defienden los derechos humanos, lo cual se constituye como violaciones al derecho a defender derechos humanos.

Es por ello que la directora del Centro para los Defensores y la Justicia considera que defender derechos humanos y ejercer acción humanitaria en Venezuela son labores de alto riesgo ya que se ha visto progresivamente restringida y afectada, lo cual ha tenido como consecuencia que el entorno de defensa se vuelva cada vez más hostil, añadiéndosele las distintas circunstancias adversas que rodean y condicionan su contexto, como por ejemplo, la precariedad de los servicios básicos.

“Lo que agrava la situación de riesgo es que el Estado ha generado mecanismos legales y mecanismos facticos para afectar y obstaculizar el trabajo de quienes defienden y exigen derechos humanos, para criminalizar la cooperación internacional y para catalogar a los defensores de enemigos o terroristas, Y una muestra de esto es que el 90% de los ataques registrados en el año 2020 ocurrieron en el estado de alarma y estos estuvieron caracterizados por estigmatización, intimidación y hostigamiento, amenazas contra la vida e integridad, ataques digitales, allanamientos, judicializaciones y detenciones arbitrarias no sólo dirigidas hacia el movimiento de derechos humanos u organizaciones sino también contra personas defensoras de derechos humanos en específico”, declaró.

En ese sentido, Amnistía Internacional Venezuela en conjunto con el Centro para los Defensores y la Justicia recuerdan que defender derechos humanos y ejercer acción humanitaria no es delito ya que la normativa internacional de la materia establece este tipo de actividades como legítimas y como resultado el Estado venezolano tiene que abstenerse de cometer cualquier clase de represalias contra quienes están ejerciendo acciones en función de la protección de derechos humanos.

El temor a sufrir represalias y persecuciones

La asociación civil ha expresado la necesidad que el Estado trabaje en la construcción de entornos propicios y seguros para la defensa de los derechos humanos, es decir, comience a incorporar dentro del sistema jurídico la normativa internacional la cual genera entornos para que las personas defensoras de derechos humanos puedan ejercer sus acciones sin que sean considerados actos ilícitos. 

“Se debe generar y establecer una política pública eficaz que esté orientada a la protección del derecho a defender derechos humanos, facilitar los medios necesarios para que los defensores puedan realizar sus labores sin obstaculizaciones indebidas, investigar y sancionar a los responsables de agresiones y amenazas contra víctimas, proveer amparo a quienes defienden los derechos humanos, entre otras medidas”, añadió.

El CDJ aboga para que el Estado cumpla con todas estas acciones con el propósito de que cese la persecución y para que toda persona que defienda y exija derechos humanos en Venezuela pueda hacerlo de forma libre.

A juicio de Romero, ante la mayor cantidad de restricciones, la reducción del espacio cívico y las afectaciones en general como consecuencia de la emergencia humanitaria compleja, se puede pensar que continuarán los tiempos difíciles para las organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos debido a que se enfrentarán a situaciones cada vez más adversas de cara a las políticas públicas de criminalización que lleva a cabo el Estado. Sin embargo, el CDJ siendo una organización abocada específicamente en la protección de personas defensoras de derechos humanos, seguirá trabajando para que los defensores realicen su labor con la menor cantidad de vulneraciones y riesgos en Venezuela.

Procesos de justicia sin fronteras

El Centro para los Defensores y la Justicia es una organización no gubernamental que surge con el fin de promover y defender los derechos humanos frente a las necesidades existentes de trabajar por el fortalecimiento de la justicia, de la institucionalidad democrática conforme a las obligaciones internacionales de respetar, garantizar y proteger los derechos humanos, pero además enfocado específicamente en la protección integral y la defensa de quienes exigen los derechos humanos en Venezuela. Mediante el fortalecimiento de sus capacidades y resguardo de su seguridad, en el entendido de que su labor es esencial para dar vigencia plena a la democracia, derechos humanos y Estado de derecho, y allí el trabajo consiste en promover, proteger y defender el derecho a defender derechos humanos desde distintos ámbitos de acción. 

“Brindamos diversos servicios de apoyo hacia ONG y personas, los cuales parten desde la asistencia jurídica y acompañamiento de casos, donde la asociación civil es representante en procesos de justicia en instancias nacionales e internacionales, ofreciendo asesoría especializada en temas de análisis y valoración de riesgos y protección integral”, precisó.

Romero agregó que la organización lleva a cabo trabajos de incidencia ante espacios y actores esenciales para velar porque se respete y garantice el derecho a defender derechos humanos, tanto en el ámbito nacional e internacional, específicamente en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU, el Consejo de Derechos Humanos, entre otros. Dicha labor la llevan a cabo con el fin de visibilizar la situación que enfrentan todas las personas defensoras de derechos humanos en Venezuela y así lograr generar acciones que permitan construir entornos propicios y seguros para la exigencia.

El CDJ monitorea y documenta en alianza con organizaciones internacionales especializadas en la materia la situación de quienes defienden los derechos humanos. Dentro de sus premisas, resaltan las interrogantes: ¿cuál es la situación de riesgo?, ¿cuál ha sido la evolución de los patrones de criminalización?, ¿cuál es el contexto en el que trabajan los defensores?, ¿cuáles son los elementos contextuales que aumentan los niveles de riesgos y en general todos los elementos que estén asociados a la defensa y exigencia de derechos humanos? Las respuestas a estas interrogantes, después de  una investigación y análisis exhaustivo le dan paso a la publicación de informes y contenido de análisis cualitativo y cuantitativo.

Parar ver el informe completo sobre la Situación de las personas defensoras de derechos humanos en Venezuela 2020 haz clic aquí

“Ciertamente, la crisis política y socioeconómica que existe en Venezuela ha llevado a que las violaciones sean sumamente graves. Sin embargo, eso ha funcionado para poder avanzar en el trabajo constante de documentación, denuncia, visibilización e incidencia internacional hacia las violaciones, las cuales han sido fundamentales en este camino de defensa y protección por los derechos humanos. Es por ello que lo trascendental es poder seguir documentando y denunciando hasta que se pueda alcanzar efectivamente la no impunidad y que todas las víctimas de las violaciones puedan obtener verdad, justicia y reparación frente a los abusos de los cuales han sido objeto”, así concluyó Romero.