El caso de Azul Positivo es el más grave, ya que pueden estar siendo juzgados ante tribunales militares con delitos militares que se desconocen hasta el momento

Tras exigir la liberación inmediata y sin condiciones de los trabajadores humanitarios de la organización Azul Positivo en rueda de prensa efectuada este 14 de enero, varias organizaciones de derechos humanos en Venezuela alzaron sus voces ante la persecución y hostigamiento en su contra.

La vocería estuvo a cargo de Juan Berrríos, representante de la Red de Derechos Humanos del estado Zulia, Alberto Nieves, director de Acción Ciudadana Contra el Sida (Accis) y Feliciano Reyna, presidente de la organización Acción Solidaria.

El encuentro con la prensa se inició con las declaraciones de Alberto Nieves quien señaló que lo ocurrido con Azul Positivo el 12 de enero de 2021 cuando una comisión de al menos 15 funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) se llevara detenidos de manera arbitraria a trabajadores humanitarios de la organización Azul Positivo forma parte de un patrón sistemático cada vez más desmedido.

“No es la primera vez que se ataca a una organización con trabajo por las personas con VIH en Venezuela. Recordemos lo ocurrido en 2019 con la Fundación Mavid en Carabobo y el año pasado con Acción Solidaria en Caracas” así lo afirmó el defensor aseverando que lo más grave de lo ocurrido con Azul Positivo es que se utilizó a la policía militar para cometer esta arbitrariedad.  

 

Nieves indicó que Azul Positivo tiene 16 años de labor a beneficio de las personas con VIH, a través de la educación sexual y la dotación de insumos en comunidades vulnerables del Zulia. Organismos como las Naciones Unidas, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida pueden dar fe de su arduo trabajo.

Por su parte, Juan Berríos señaló que el tribunal militar está asociado a los peores castigos y que esta es la manera más grave de sancionar a las personas.

“A la ONG humanitaria Azul Positivo le incautaron tarjetas de alimentación que son usadas para beneficiar a los más vulnerables en zonas rurales del Zulia y esta detención arbitraria que se da por prestar atención humanitaria, ese es el único motivo".

El activista resaltó además que el caso de Azul Positivo es el más grave, ya que pueden estar siendo juzgados ante tribunales militares con delitos militares que se desconocen hasta el momento, además expresó su preocupación debido a que ni familiares ni abogados han podido tener acceso para constatar el bienestar físico y mental de los detenidos.

“Han pasado muchos días desde la detención del equipo de Azul Positivo, pero hasta ahora no ha habido pronunciamiento público por parte de la ONU”.

Feliciano Reyna, defensor del derecho a la salud y a la vida expresó su preocupación por el silencio del coordinador humanitario en Venezuela sobre la detención de 6 miembros de Azul Positivo y advirtió los resientes ataques contra miembros de Provea y defensores de derechos humanos en programa televisivo del canal del Estado.

“Rechazamos los ataques contra Provea y su coordinador Rafael Uzcátegui. Exhortamos a la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, a que se pronuncie de nuevo sobre los ataques contra las organizaciones venezolanas”.

Finalmente, más de 50 representantes de medios de comunicación social y de ONG compartieron sus inquietudes acerca la situación de los detenidos arbitrariamente en jurisdicción militar de la organización Azul Positivo destacando que uno de los detenidos vivió recientemente un episodio de salud que puede ser agravado durante su detención. También señalaron que la defensa de los derechos humanos es un derecho y este se está vulnerando de manera sistemática frente a los nuevos ataques a los que se está enfrentando la sociedad civil con la intención de callar voces y diluir las denuncias consignadas y visibilizadas en instancias internacionales en los últimos años.

En horas de la tarde la portavoz de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos Marta Hurtado sobre Venezuela emitió un comunicado en el que señaló la preocupación del organismo por los constantes y crecientes ataques contra organizaciones de la sociedad civil, defensores de los derechos humanos y periodistas en Venezuela y resaltó la detención ilegal de los miembros de Azul Positivo. [1]