Sin duda, el mundo tiene importantes retos que superar en este nuevo año, pero en Venezuela la sociedad civil lleva sobre sus espaldas el gran peso de la ausencia de su calidad de vida y la poca esperanza de lograr recuperar la dignidad

El inicio del año 2020 estuvo enmarcado en superar la Emergencia Humanitaria Compleja que continuó afectando la calidad de vida de muchos venezolanos. La crisis de derechos humanos y las fallas de los servicios públicos[1] marcaban la pauta desde todos los espacios. Protestas sociales, pero también la estampida de personas que huía del país por las fronteras sin medir los riesgos de una migración forzada sin precedentes en la historia latinoamericana.

Entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2020 habrían muerto 1.324 personas en el marco de operaciones de seguridad, siendo las Fuerzas de Acciones Especiales, el cuerpo de seguridad que Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas recomendó suprimir en 2019, debido a su responsabilidad de 433 de estos asesinatos. [2]

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó, del 5 al 8 de febrero, una visita in loco para monitorear la situación de derechos humanos en Venezuela.[3] Esta visita, que estaba inicialmente programada para realizarse entre los días 4 y 7 de febrero en las ciudades de Caracas y Maracaibo, se realizó en la ciudad de Cúcuta, Colombia, frontera con Venezuela, tras la negativa por parte de las autoridades venezolanas del ingreso de la CIDH al país.

Aunque Colombia apoyó a la misión, la CIDH continuó observando con preocupación que, para ese momento, habrían recibido más de 1.6 millones de migrantes de Venezuela, convirtiéndose en el mayor receptor de personas venezolanas. Por tal motivo, la visita tuvo un particular énfasis en la situación de los derechos humanos de las personas forzadas a abandonar su país como resultado de la grave crisis social, política y de derechos humanos.

Igualmente, desde Cúcuta, un equipo de la Comisión recabó información documental, material audiovisual y cerca de 70 testimonios de personas que denunciaron violaciones a derechos humanos ocurridas en Venezuela; a los cuales se sumaron 130 testimonios virtuales recibidos desde su sede.

Marzo y la Covid-19

Con el anuncio de la Organización Mundial de la Salud referente a la pandemia global por Covid-19 [4], en Venezuela el miedo transcurría específicamente en relación a las pésimas condiciones en las que se encuentra el sistema hospitalario y a la escasa garantía del derecho a la salud. Las autoridades no tardaron en decretar cuarentena con explicaciones poco confiables y cifras de otros países mientras que los discursos estigmatizantes y discriminatorios se apoderaron de las alocuciones gubernamentales.

En el mes de julio bajo la llamada regla 7+7 (flexibilización de las medidas de aislamiento físico cada 7 días) por sectores económicos comenzó a transcurrir. Se profundizaba la amenaza contra quienes regresaban al país y contra quienes no tenían forma de protegerse contra el virus, como médicos y enfermeras que engrosaban la lista de contagios y muertes. [5]

También, en las calles del país se podía observar que el orden público y la labor de velar por el cumplimiento de la cuarentena mantuvo a los distintos cuerpos policiales al frente y en conjunto civiles armados, los llamados “colectivos” que controlaban hasta la economía del país.

Muchas de las violaciones documentadas por organizaciones de la sociedad civil durante la pandemia están asociadas al ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, participación, asociación y asamblea pacífica. Continuaron los procesos judiciales ilegítimos, desapariciones, torturas y malos tratos, detenciones arbitrarias y la persecución por motivos políticos y por informar lo que ocurría con el derecho a la salud y las cifras de contagio.

Sistema internacional y DDHH en Venezuela  

En 2020 la agenda de incidencia internacional en relación al tema de los derechos humanos en Venezuela estuvo enmarcada en reafirmar lo que se venía denunciando desde hace más de 5 años. Una crisis de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales que se pudo prevenir y que el sufrimiento de las personas arropó los informes de las organizaciones de la sociedad civil.

El informe presentado por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela[6] mostró la investigación de cómo se dieron las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes desde 2014. La Misión tampoco pudo visitar Venezuela, sin embargo, realizó 274 entrevistas a distancia con víctimas, testigos, familiares, ex funcionarios y funcionarias del Estado, abogados y abogadas, representantes de organizaciones no gubernamentales y personal internacional. También analizó una serie de documentos confidenciales, incluidos expedientes y presentaciones de casos judiciales e información de fuente abierta.

En 2020, se debe destacar lo que fue la actualización oral sobre la cooperación y la asistencia técnica entre la oficina de la ACNUDH en el 45º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, donde Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reiteró el llamado a las autoridades venezolanas a garantizar los derechos de sus ciudadanos. [7] Por otra parte, en el mes de diciembre expertos en derechos humanos recordaron que "la libertad de asociación y la libertad de expresión son pilares esenciales de una sociedad democrática" y solicitaron que Venezuela deje de intentar controlar a las organizaciones de la sociedad civil, de estigmatizar públicamente a sus líderes y de criminalizar su trabajo.[8]

2021 resiliencia y exigibilidad

Sin duda, el mundo tiene importantes retos que superar en este nuevo año, pero en Venezuela la sociedad civil lleva sobre sus espaldas el gran peso de la ausencia de su calidad de vida y la poca esperanza de lograr recuperar la vida digna.

2021 se asoma con una Emergencia Humanitaria Compleja agravada por la pandemia y con una moneda pulverizada, ahora por la inflación dolarizada donde los más vulnerables entran en las listas de muertes por desnutrición[9], tragedias en altamar[10] o simplemente tratar de sobrevivir en pobreza extrema y a merced de que se les siga violentando sus derechos más básicos.

El movimiento de derechos humanos en Venezuela deberá superar muchísimos retos para los que tendrá que contar con las instancias internacionales que garanticen, cooperen, exijan y velen por la posibilidad de implementar los mecanismos que pongan fin al sufrimiento de los venezolanos, que se garantice justicia, pero también la no repetición de todas las violaciones de derechos humanos a las que se ha sometido a los venezolanos.