Venezuela depositó su instrumento de ratificación del Estatuto el 7 de junio del año 2000. Por ende, la Corte Penal Internacional competencia respecto de los crímenes del Estatuto de Roma cometidos en el territorio de Venezuela, o por sus nacionales, a partir del 1 de julio del año 2002.

Fatou Bom Bensouda, fiscal de la Corte Penal Internacional, ha hecho público un informe donde dice formalmente que fundamentos razonables para creer que al menos desde abril de 2017 autoridades venezolanas han cometido crímenes de lesa humanidad en el territorio nacional.

Explica el abogado Alí Daniels de la organización Acceso a la Justicia: “En ese sentido se está identificando que hay bases para que se considere que hay crímenes de lesa humanidad, se dice que son y además se identifica los órganos que pueden ser presuntamente responsables, También se habla de otros actores que podrían involucrar a los colectivos. Sobre todo, lo más importante de lo dicho es que la fiscalía anticipa concluir el examen preliminar a fin de determinar si existen fundamentos razonables para proceder a una investigación durante la primera parte del año 2021, lo que quiere decir que ese examen preliminar no va a durar tanto como se pensaba que iba a ser, para pasar a la fase de investigación que es cuando se presenta el caso ante la Corte ”.

Hay que tener en cuenta que desde el 8 de febrero de 2018 la Fiscalía abrió examen preliminar sobre la situación en la República Bolivariana de Venezuela, también el 27 de septiembre de 2018, recibió una remisión de algunos Estados Partes del Estatuto, específicamente de Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú, quienes solicitaron a la fiscal que iniciara una investigación por crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos en el territorio venezolano desde el 12 de febrero de 2014, a fin de determinar si se ha de acusar de la comisión de tales crímenes a una o varias personas.

Esta solicitud dio paso a que la presidencia de la Corte Penal Internacional asignara la situación en Venezuela a la Sala de Cuestiones Preliminares I y luego en febrero de 2020 reasignara el caso a la Sala de Cuestiones Preliminares III.

La Corte, al ser una institución permanente, está facultada para ejercer su jurisdicción sobre personas respecto de los crímenes más graves de trascendencia internacional de conformidad con el Estatuto de Roma y tendrá carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales.

Hay que recordar que Venezuela depositó su instrumento de ratificación del Estatuto el 7 de junio del año 2000. Por ende, el CPI tiene competencia respecto de los crímenes del Estatuto de Roma cometidos en el territorio de Venezuela, o por sus nacionales, a partir del 1 de julio del año 2002.

Ahora bien, el informe reciente de diciembre de 2020 señala específicamente que: “La Fiscalía finalizó su análisis de la competencia material en relación con la situación en Venezuela I. Luego de una evaluación detallada y un análisis de la información disponible, concluyendo que existe fundamento razonable para creer que se cometieron crímenes de competencia de la Corte en Venezuela desde al menos abril de 2017. En particular, dado el alcance y el rango de los diferentes crímenes presuntamente cometidos en el contexto de la situación, la Fiscalía centró su análisis en un subgrupo particular de alegaciones relacionadas al tratamiento de personas en detención, respecto del que tenía una disposición de información suficientemente detallada y confiable en lo que se refiere a los elementos específicos de dichos crímenes ”.

Durante el período de examen preliminar, la Fiscalía procuró avanzar su análisis sobre admisibilidad en términos de complementariedad y gravedad, por lo cual solicitó a las autoridades venezolanas que brinden información de las autoridades nacionales competentes respecto de la naturaleza, los alcances y el avance de los procesos nacionales que correspondan con las constataciones materiales de la Fiscalía.

Fue entonces cuando durante los primeros días de noviembre de 2020 la Fiscal Bensouda se reunió con una delegación de alto nivel que incluyó al Fiscal General Tarek William Saab y al Defensor del Pueblo de Venezuela, Alfredo Ruíz, en la sede de la Corte en La Haya , Países Bajos. Este encuentro sirvió para conversar sobre los aspectos relativos al proceso de examen preliminar y recabar información sobre los procedimientos nacionales relevantes. La delegación de Venezuela aseguró tanto en privado como en público tener voluntad de cooperar con el trabajo de la Fiscalía, presentando una respuesta inicial el 30 de noviembre de 2020 donde entregaron un informe de las autoridades venezolanas que dan respuesta al conjunto detallado de preguntas formuladas por la Fiscalía en su solicitud de información.

Conjuntamente presentó cuatro voluminosos anexos que brindan datos sobre los procesos nacionales llevados a cabo ante las jurisdicciones ordinarias y militares, y ante el Tribunal Supremo de Justicia. Dicho material fue incorporado a la evaluación de la Fiscalía, a los fines de evaluar su relevancia para el examen preliminar e informar el análisis sobre su admisibilidad. Para finalizar, las autoridades venezolanas se comprometieron a brindar el resto de la información solicitada para enero de 2021.

Además, la Fiscalía también tomó nota del informe de la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, publicado el 15 de septiembre de 2020, y el informe del gobierno de Venezuela titulado “La Verdad de Venezuela contra la infamia . Datos y Testimonios de un País Bajo Asedio ”.

Se suma también el informe de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) titulado: “Fomento de la impunidad: el impacto del fracaso de la Fiscal de la Corte Penal Internacional en abrir una investigación sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela ” , donde ese organismo critica a la Fiscalía por el ritmo del examen preliminar, por no expeditar su consideración sobre la base de la remisión presentada por el grupo de Estados remitentes, y además alega que la Fiscalía no ha actuado en forma imparcial ni objetiva con relación a su mandato, a sus propias directrices estratégicas y de política.

Algunos expertos nacionales en derecho internacional consideran que la Fiscalía posiblemente anticipará la conclusión del examen preliminar debido a la presión mediática que ejercen líderes y actores internacionales, sin embargo la última palabra siempre la tendrá la Corte, que es quien determinará dentro de poco tiempo si la causa es admisible y si hay o no disposición a actuar ante presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

FOTO: Marina Riera / Human Rights Watch