La Oficina de Derechos Humanos de la ONU documentó al menos 248 casos de defensores y defensoras de los derechos humanos, profesionales de la abogacía, periodistas y sindicalistas asesinados en relación con su trabajo entre 2015 y 2019 en Filipinas.

Desde la llegada de Rodrigo Duterte al poder en el 2016 no han cesado las ejecuciones extrajudiciales, el presidente ha intensificado su retórica contra los rebeldes, ha calificado a grupos de personas de comunistas o "terroristas", prometiendo acabar con ellos, lo que ha dado lugar a amenazas de muerte y al asesinato de activistas y defensores de derechos humanos. Muchos han sido objeto de denigración, hostigamiento, demandas y detención arbitraria, y a otros los han asesinados en ataques no resueltos que están claramente vinculados a su trabajo.

Zara Alvarez era una madre soltera de 39 años, fue una defensora de los derechos humanos , educadora, asistente legal y activista social que hizo campaña predominantemente contra las violaciones de derechos humanos que fueron presenciadas durante el gobierno de Rodrigo Duterte.

Durante su carrera como activista, a menudo fue un objetivo principal de la mafia política, recibió numerosas amenazas de muerte debido a sus campañas activas contra las violaciones de derechos humanos. 

La noche del 17 de agosto de 2020 salió a comprar la cena y nunca regresó; fue abordada por hombres armados desconocidos quienes le dispararon seis veces. Zara fue asesinada el día del funeral del activista por la paz Randall Echanis quien fue asesinado una semana antes.

En Filipinas el clima de impunidad es casi total y la incitación constante desde los máximos niveles de gobierno continúan fomentando las violaciones de derechos humanos, lamentablemente el nombre de Zara se suma a una lista de los miembros de la organización Karapatan que han sido asesinados durante el gobierno de Rodrigo Duterte desde el 2016, siendo ella la décimo tercera víctima.

Su asesinato es una muestra de la represión y el acoso contra los activistas de derechos humanos y civiles en Filipinas. 

“Personas que defienden los derechos humanos, activistas, profesionales de la abogacía, campesinado, gente pobre de zonas urbanas... No se ve el fin de los asesinatos a sangre fría en Filipinas con el gobierno de Duterte, ni siquiera en el contexto de la COVID-19. Afirmó Butch Olano director ejecutivo de Amnistía Internacional Filipinas.

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU documentó al menos 248 casos de defensores y defensoras de los derechos humanos, profesionales de la abogacía, periodistas y sindicalistas asesinados en relación con su trabajo entre 2015 y 2019 en Filipinas.

La comunidad internacional debe emprender una investigación independiente sobre las ejecuciones extrajudiciales cometidas en Filipinas,  acabar con la impunidad  y violencia bajo el gobierno actual.