Incluso cuando se han tomado medidas en la dirección correcta, las familias de los 43 estudiantes siguen esperando para obtener verdad, justicia y reparación por las desapariciones forzadas de sus familiares.

La noche del 26 de septiembre del 2014 estudiantes de La escuela Normal Rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”  tomaron cinco autobuses para participar en la conmemoración del 2 de octubre, que cada año mantiene viva en México la memoria de esa represión contra estudiantes acaecida en 1968.

Aunque los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación garantizan y protegen diversas formas individuales y colectivas de expresar públicamente opiniones según una constelación de derechos que se encuentran en la Declaración Americana de los Derechos y Obligaciones del Hombre como en la Convención Americana de Derechos Humanos, la respuesta por parte de autoridades del Estado específicamente por Policías Municipales de Iguala fue abrir fuego contra los estudiantes para impedir que salieran de la ciudad con los autobuses, dejando un saldo de 43 estudiantes desaparecidos, 6 personas ejecutadas incluyendo el cuerpo encontrado el 27 de Septiembre de Julio César Mondragon de 22 años, un informe emitido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos señala que fue torturado, su cuerpo presentaba 64 facturas en el rostro, el tórax, el cráneo y la columna vertebral. También se halló cerca de un depósito de basura restos pertenecientes a Christian Alfonso Rodríguez Telumbre. Son aproximadamente 700 personas víctimas indirectas considerando a los familiares por estos hechos.

Han pasado seis años desde que todo esto ocurrió y ha sido insuficiente el esfuerzo por parte del Estado por esclarecer los hechos, el paradero de 41 de ellos aún se desconoce mientras se incrementa en el país el saldo de personas desaparecidas.

Los familiares reconocen los avances que han tenido del caso a pesar que se ve como un minúsculo esfuerzo al ver el tiempo transcurrido, pero también es necesario reconocer que las desapariciones continúan incrementándose y esto debe cesar.  

Incluso cuando se han tomado medidas en la dirección correcta, las familias de los 43 estudiantes siguen esperando para obtener verdad, justicia y reparación por las desapariciones forzadas de sus familiares.

Instamos al gobierno mexicano a continuar las acciones necesarias para obtener resultados sobre el caso Ayotzinapa y otras acciones concretas para las otras más de 73.000 desapariciones en el país.