Dentro del nuevo período del mandato de la Misión de Investigación de la ONU es determinante exigir que se incluya una perspectiva de género más minuciosa para que se evidencie las graves violaciones a los derechos humanos que sufren mujeres y niñas y sobre todo se les garantice justicia y reparación a las víctimas

Como parte de la campaña por la renovación y extensión temática de la Misión Internacional de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela, este jueves 17 de septiembre, la Red Temática por los Derechos de la Mujer de Amnistía Internacional Venezuela realizó la conferencia virtual “Derechos de las Mujeres en Venezuela: Necesidad de Justicia, Verdad y Reparación”, donde expertas como Betilde Muñoz-Pogossian, Directora de Inclusión Social en la OEA; Magaly Huggins, Coordinadora de Investigaciones de Una Ventana a la Libertad y Erika Guevara-Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional se dieron cita.

Además de la extensión del mandato, Amnistía Internacional busca que la Misión sea fortalecida y cuente con recursos adecuados para continuar con sus investigaciones fundamentales en Venezuela.

Feminización de la migración

El encuentro comenzó con la ponencia de Betilde Muñoz-Pogossian, Directora de Inclusión Social en la OEA, quien resaltó que el impacto de la reciente ola de xenofobia contra los migrantes y refugiados venezolanos ha ido en su mayoría en contra de las mujeres, quienes se están igualando a los hombres en cuanto a la tasa de salida del país para huir de la crisis. “En este contexto las mujeres sufren una triple discriminación: por ser migrante, refugiada y mujer”, dijo la experta.

Las mujeres representan 40% de los migrantes que ingresan a Brasil, mientras que en Colombia son el 49% de las casi 2 millones de personas que han entrado en este país. “Ya las mujeres no se quedan esperando las remesas que envían sus familiares desde el exterior, sino que están tomando la iniciativa en el proceso migratorio”.

Las vulneraciones  que sufren las mujeres se acentúan cuando deciden emigrar, entre las que se destacan la violencia de género, el acoso en la calle, la falta de acceso a los sistemas de salud, la explotación laboral en sectores informales y los bajos salarios. “Según la Organización Internacional para las Migraciones del total de la trata de personas, sabemos que las mujeres y las niñas constituyen 71% de las víctimas”.

La expresión máxima de la violencia contra la mujer es el feminicidio que ha ido en aumento en los últimos años, cobrando las vidas de decenas de mujeres venezolanas. La experta añadió que el confinamiento ha aumentado la violencia de género porque obliga a las mujeres a estar las 24 horas del día en casa con el agresor, en el caso de que fuera su pareja u otro familiar.

Indicó que el colapso del sistema de salud público en Venezuela ha obligado a muchas mujeres a partir a países cercanos como Colombia y Brasil para dar a luz a sus hijos en condiciones más seguras que las que brinda su país de origen. Recordó que según el último boletín epidemiológico publicado en 2017 por las autoridades sanitarias, Venezuela registró una tasa de la mortalidad materna que superó el 65% y la mortalidad infantil había aumentado a 21 muertes por cada 1000 niños nacidos vivos.

“Las mujeres embarazadas en Venezuela carecen de atención prenatal, controles regulares, accesos a vitaminas y vacunas prenatales, pruebas de tétano, desnutrición y enfermedades de transmisión sexual, cuyo despistaje forma parte del protocolo estándar en la mayoría de los países de la OEA”.

Mencionó la falta de acceso de anticonceptivos para las mujeres. Por una parte son muy costosos y por otra el Estado ya no los pone a disposición de manera gratuita como lo hacía antes, lo que ha repuntado los niveles de mortalidad materna y embarazos adolescentes. “Nos preocupa que como consecuencia de esta situación, la mayoría de embarazos no deseados terminan en abortos inseguros practicados en instalaciones clandestinas que ponen en peligro la vida de la mujer”, dijo Muñoz-Pogossian.

Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas, Venezuela tiene la tasa de embarazo adolescente más elevada de la región, pues 1 de cada 4 bebés nacen de madres adolescentes. Con estos datos el país se iguala a estadísticas de naciones africanas y supera en 20 puntos a países en precariedad como Haití.

Desde la OEA, la experta indicó que buscan incentivar a los países a que construyan mecanismos para la regularización e inclusión socioeconómica de las mujeres venezolanas en los países receptores, otorgando vías legales para la residencia, visas humanitarias o estatus de protección temporal o incluso permanente.

Mujeres en inseguridad alimentaria

La alta tasa de inseguridad alimentaria tiene un preocupante y diferenciado impacto en las mujeres, situación denunciada por el informe de 2019 de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU que recalcaba el impacto especialmente adverso del derecho a la alimentación en las mujeres y niñas. “Muchas han denunciado haber estado 10 horas continuas o más haciendo colas para adquirir alimentos y como cabezas de hogares también deben trabajar y generar esos ingresos para comprarlos”.

Estimó que más de 50% de las mujeres se encuentra trabajando dentro del sector informal que no les permite tener acceso a la seguridad social y la fragilidad salarial que experimentan es directamente proporcional a la fragilidad de la economía informal en tiempos de pandemia

La experta citó un estudio de la ONG Cepaz que indica que 60% de los hogares en los distritos más pobres de Venezuela, las mujeres también actúan como amortiguadoras de la escasez de alimentos al posponer o saltarse las comidas para que el resto de la familia pueda alimentarse, especialmente niños y personas mayores.   

Muñoz-Pogossian indicó que el gobierno debe aplicar una estrategia humanitaria que garantice la seguridad alimentaria a mujeres y niños, sobre todo en este contexto de pandemia donde el confinamiento ha disminuido la posibilidad de trabajar y generar ingresos.

Negación de derechos a mujeres presas

La población femenina que se encuentra detenida sufre diversas vulneraciones tanto por estar tras las rejas como por el hecho de ser mujer, situación que se acentúa muchos más en el contexto de pandemia actual. De las personas presas en el país, 8% son mujeres; existen 8.200 mujeres presas y están invisibilizadas por ser menos que los hombres.

Magaly Huggins, psicóloga social, criminóloga y Coordinadora de Investigaciones de Una Ventana a la Libertad, indicó que el coronavirus, el hacinamiento y la sobrepoblación en los calabozos y cárceles venezolanas están poniendo en riesgo la vida de las mujeres detenidas, mientras las autoridades no hacen nada para paliar esta situación.

Dijo que existe una grave situación de hacinamiento en los centros de detención preventivo, donde una persona no debería pasar más de 48 horas, debido a que no se están haciendo los traslados pertinentes ni las liberaciones en los tiempos que corresponde. Lo mismo ocurre en las cárceles donde hay una sobrepoblación alarmante que impide que se mantenga el distanciamiento social. “El Observatorio Venezolano de Prisiones encontró que en el INOF hay 670 mujeres detenidas y el cupo máximo es para 350; en una cárcel en el estado Táchira solo hay cupo para 100 presas y hay 289; en el Tocuyito hay 234 presas con un espacio para solo 100 personas”.

“La prohibición de visitas a las cárceles por la pandemia desde hace más de 6 meses, ha potenciado la desnutrición de las mujeres detenidas y el aumento de sus enfermedades. Además en los centros de reclusión no se están garantizando las medidas de bioseguridad contra la COVID-19 como mascarillas, cloro, jabón y agua potable”.

Denunció que los familiares debe pagar sobornos conocidos como “vacunas” a los custodios para que les hagan llegar a las detenidas alimentos y medicinas; y si la presa necesita enviarle una nota a sus familiares solo para informarle de su situación también debe pagar.

Finalizó su intervención acotando que la invisibilidad de las mujeres presas es dantesca. “En este momento que el gobierno ejecuta jornadas de liberación de presos, solamente 7% de todos los casos de liberaciones ha beneficiado a mujeres”.

Hallazgos de la Misión de Investigación de la ONU sobre mujeres

Erika Guevara-Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional, comentó que la existencia de organismos internacionales independientes que documenten y eleven a la luz pública las graves violaciones a los derechos humanos que ocurren en Venezuela es un paso muy importante también para lograr justicia de género.

“Afortunadamente, la Misión de la ONU incorporó una perspectiva de género en sus análisis y mostró también el sufrimiento de las mujeres en el contexto de represión estatal y de crisis humanitaria que atraviesa el país”.

Venezuela se encuentra en el continente más violento y con más desigualdades sociales, situación que afecta a las mujeres en cuanto al logro de la justicia de género, condiciones de igualdad y a su participación política que está sujeta a cuotas simbólicas que restringen su intervención activa e impide que las políticas públicas contengan realmente una perspectiva de género.

Guevara- Rosas indicó que históricamente el acceso a la educación, a la salud y al trabajo formal forman parte de las áreas donde las mujeres han tenido mayor desventaja en comparación a los hombres y que la situación de pandemia ha agudizado la crisis que viven estas mujeres dentro y fuera del país.

La CEPAL ha reportado que el número de mujeres que se han visto obligadas a ganarse la vida a través del trabajos informales es proporcional a las mujeres que son cabeza de familia en Venezuela, ya sea porque sus familiares masculinos han sido detenidos arbitrariamente,  desaparecidos de forma forzada o han tenido que salir del país para buscar mejores condiciones de vida.

La violencia de género continúa aumentando en Venezuela y las cifras de feminicidios va en incremento. “Solo en los meses de pandemia, organizaciones de la sociedad civil han registrado que 70 a 150 mujeres han sido asesinadas por violencia doméstica, situación que se complica mucho más debido a que las víctimas no están recibiendo protección por parte de los organismos competentes. Incluso, los familiares que desean interponer denuncias por violencia de género o feminicidios se están encontrando con funcionarios que les dicen que no son casos de prioridad frente al contexto de pandemia”, explicó la representante de Amnistía Internacional.

40% de las más de 5 millones de personas que han huido de Venezuela por la crisis humanitaria son mujeres. La respuesta del Estado venezolano y los Estados receptores ha sido muy precaria lo que ha llevado a que miles de niñas y mujeres se encuentren en situaciones de vulnerabilidad, que van desde diferentes tipos de violencia, explotación sexual, tata de personas hasta la muerte.

La política sistemática de silenciar a las voces críticas del gobierno venezolano también ha impactado la vida de las mujeres quienes se desempeñan en actividades públicas principalmente como activistas, lideresas comunitarias que exigen rendición de cuentas, representan sectores políticos o simplemente son usuarias de redes sociales que las usan para exigir derechos. “Según la ONG Foro Penal se sabe que al menos 10% de las personas detenidas por motivos políticos son mujeres en Venezuela.  Solo en el primer semestre de este año hubo 35 mujeres detenidas por motivos políticos”, detalló Guevara- Rosas.

Denunció que la tortura y violencia sexual es el común denominador para las mujeres que se encuentran detenidas, sobre todo cuando son sometidas a interrogatorios por sus custodios.

Además, expuso que son las mujeres las que más denuncian casos de ejecuciones extrajudiciales contra sus hijos y familiares. Sin embargo, en el proceso se convierten en víctimas de funcionarios que las desestiman, en otros casos han recibido represalias, son blancos de persecución por parte de cuerpos de seguridad del Estado o fueron ejecutadas extrajudicialmente.

Finalmente, resaltó que dentro del nuevo período del mandato de la Misión de Investigación de la ONU es determinante exigir que se incluya una perspectiva de género más minuciosa para que se evidencie las graves violaciones a los derechos humanos que sufren mujeres y niñas y sobre todo se les garantice justicia y reparación a las víctimas.