El doctor Jaime Lorenzo refiere que la situación es dramática ya que faltan equipos de protección e insumos, y que quienes trabajan en hospitales se enfrentan a fallas importantes en la infraestructura, muchas veces sin luz y sin agua

Desde el anuncio de los primeros casos positivos reportados en el país en el mes de marzo, la sociedad civil se mostró especialmente preocupada por el colapso del sistema de salud. La emergencia humanitaria compleja, la grave crisis de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) continuaba como prioridad en la agenda nacional e internacional. Sin embargo, la mirada giraba especialmente a los países que se sabían desprovistos de capacidad económicas y de infraestructura para enfrentar una pandemia global.[1]

Se decretó el Estado de Alarma[2] en todo el Territorio Nacional a fin de mitigar y erradicar los riesgos de epidemia. Este se extendió primero por 30 días y en la actualidad 60 más, que aumentaron también en disposiciones que restringen libertades. Mientras que las estadísticas oficiales se actualizan diariamente con discursos discriminatorios, estigmatizantes y que criminalizan en alocución de radio y tv del Estado. Las cifras solo se publican en el sistema Patria. [3]

Poco a poco anunciaban contagios de personas que trabajan en el área de la salud y que se conocía que se encontraban sin protección. Sin embargo, el discurso oficial aseguraba tener toda la capacidad para enfrentar el virus y atender a todos los venezolanos que quisieran regresar. A los pocos días se criminalizaba a personas retornadas y a personal de salud que “no mantenía las prevenciones suficientes” en los Puestos de Atención (Pasis) o al bloqueo de EEUU. [4]

Personal de salud expuesto sin protección

El 19 de marzo medios de comunicación y activistas de derechos humanos recibieron material audiovisual donde la enfermera Emily Márquez denunciaba las precarias condiciones de trabajo a las que están expuestas ella y sus compañeros en el Hospital General Guatire-Guarenas.[5]

Un nuevo informe de la ONU publicado el 15 de julio [6]advirtió sobre el empeoramiento de las necesidades humanitarias en Venezuela debido a la pandemia de coronavirus, al tiempo que señaló un aumento de los contagios de los trabajadores de la salud y graves carencias en el sistema de diagnóstico de Covid-19.

El Informe de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) señaló que hubo a partir del 6 de julio mayor incidencia de contagios por transmisión local de personas que retornan al país y que hasta el 11 de julio, se habían confirmado 212 casos de coronavirus en el personal del sector salud. Entre los múltiples factores que podrían ser la causa de estos contagios están la limitada disponibilidad de equipos de protección personal.

Hacia los 26 mil contagios según cifras oficiales

El 2 de agosto la cifra total de contagios según reporte oficial se elevó hasta los 20.206, con un claro epicentro en Caracas, donde señalaban 3.354 casos activos. Julio Castro, en entrevista para NIUS, asegura que “en las últimas seis semanas ha habido un aumento promedio de casos del 30% por semana. Eso sería un aumento acumulado del 250%, algo no visto hasta ahora. Con toda seguridad hay un aumento de los contagios muy notorio y eso son solo las cifras oficiales”.[7]

Hacia finales de junio y los días transcurridos del mes de julio se ha observado un ascenso vertiginoso, prácticamente un promedio de 300 casos diarios, en solo siete días y al llegar a las más de 1000 personas contagiadas diariamente las alarmas no se apagan en ningún instante. El doctor Jaime Lorenzo refiere que la situación es dramática ya que faltan equipos de protección e insumos, y que quienes trabajan en hospitales se enfrentan a fallas importantes en la infraestructura, muchas veces sin luz y sin agua.

Hasta el 13 de julio Médicos Unidos por Venezuela contabilizaba 14 médicos muertos por la COVID-19, nueve de ellos en el Zulia; cinco del sector de enfermería, uno de otra área de la salud y un ingeniero bioquímico del estado Falcón. De los centros de Zulia, Táchira y Bolívar han salido denuncias por la falta de equipos de bioseguridad. En el hospital Central de San Cristóbal también hay reportes de médicos contagiados.[8]

Mientras, Médicos Unidos por Venezuela reportaba que hasta el 23 de julio al menos 20 médicos habrían fallecido a causa del virus y que estos no habían sido incluídos en las cifras oficiales. Según la base de datos de Efecto Cocuyo sobre el contagio de COVID-19 en el personal de salud venezolano, los decesos totalizan 28. De ellos, 18 se han producido en julio y en las últimas 48 horas siguientes murieron cinco médicos.[9]

De igual forma, para afrontar la escasez en la disponibilidad de Equipos de Protección Personal (EPP), la Organización Panamericana de la Salud entregó más de 20 toneladas de estos equipos en 31 hospitales y otros centros de salud, los insumos fueron distribuidos durante las primeras dos semanas de julio, en los hospitales priorizados de los seis estados que concentran la mayor cantidad de casos confirmados en el país.

Además, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo inició un esquema de entrega de insumos hospitalarios de 400 mil mascarillas en 52 Áreas de Salud Integral Comunitarias y kits de desinfección en 16 hospitales centinelas priorizados. Igualmente, el 3 de julio, llegó al país un cargamento de UNICEF con 15 toneladas de equipos de protección para ayudar a disminuir el riesgo de contagio por COVID-19 de quienes trabajan en primera línea en el combate de la pandemia.

En la actualidad la exigencia debe seguir centrada en la protección para el personal de salud, quienes se encuentran haciendo frente a la pandemia desprovistos de materiales necesiarios para ello. Cloro, detergente, desifectante, alcohol, antibacterial y todos los insumos necesiarios para la limpieza también brillan por su ausencia en los centros centinelas. El agua, la gasolina y los salvoconductos no son garantizados de ninguna manera en esta emergencia sanitaria que es mundial y que demuestra que en Venezuela la situación es dramática y distante a lo que experimentaron otros países los primeros meses de la pandemia.