Alondra contaba con una orden de protección emitida un mes antes, cuando había denunciado violencia por parte de su pareja. Sin embargo, no se hizo llegar a las autoridades responsables, lo que provocó que no se activara la protección para su caso.

Esta joven víctima acudió primero a oficinas de la Fiscalía Estatal y fue remitida al Centro de Justicia para las Mujeres en Guadalajara, ubicado a más de dos horas de su domicilio en transporte público. Esta denuncia se realizó pocos días antes de dar a luz, con golpes visibles y una lesión en el cuello producto de un intento de ahorcamiento.

En respuesta a su denuncia, se emitió una orden de protección que la Agencia del Ministerio Público del Centro de Justicia para las Mujeres no hizo llegar a las autoridades responsables.

En la investigación penal por feminicidio, la pareja de Alondra se encuentra imputado en este caso y desde el 16 de marzo de 2017 hay una orden de aprehensión en su contra, pero está prófugo desde el día de la muerte de Alondra.

Desde que su hija murió, Nancy, la mamá de Alondra ha estado buscando justicia para el terrible caso de su hija. Las múltiples omisiones por parte del estado de Jalisco contribuyeron a la muerte de Alondra.

Es evidente que hubo una clara falta por parte de las autoridades para implementar las medias urgentes que implica la emisión de una orden de protección, según el marco legal de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Por esta razón exigimos a las autoridades:

- Que la Fiscalía General del Estado de Jalisco lleve a cabo una investigación inmediata, exhaustiva, e imparcial sobre el feminicidio de Alondra, asegurando que el probable perpetrador sea llevado ante la justicia sin demora.

-  Que el Gobernador del Estado de Jalisco asegure una reparación integral del daño a las familiares de Alondra.

- Que las autoridades estatales y municipales del Estado de Jalisco desplieguen las acciones necesarias para garantizar efectivamente protección a las mujeres que denuncian violencia en su contra.

Si no condenamos todas las violencias y el Estado no cumple con su obligación de garantizar justicia, protección y seguridad, vidas como las de Alondra seguirán siendo asesinadas impunemente.