Con la llegada de la pandemia, hay una creciente actitud de los gobiernos hacia prácticas que pueden deteriorar de manera más profunda y permanente en el tiempo la libertad de expresión; y es que, las denuncias de persecución y ataques a la prensa son características principales de las vivencias de diversos medios en la actualidad.

El COVID-19 no es solo un desafío en términos de salud pública. Las medidas para contener el contagio están siendo adoptadas dentro de facultades constitucionales y bajo estados, que en general están previstos para perturbaciones del orden público, pero no para pandemias y crisis económicas. Frente a esto, el desafío para los trabajadores de la prensa es mantener informada a la ciudadanía sorteando ataques y persecuciones de quienes ven este trabajo como una amenaza latente.

En la respuesta de varios Estados se observa con preocupación violaciones a los derechos humanos, como resultado tanto de acciones como de omisiones. Ningún Estado estaba preparado para responder a una emergencia de esta magnitud; sin embargo, muchas de estas respuestas revelan rasgos autoritarios y omisiones que no garantizan los derechos de las personas y en su mayoría de quienes viven en situación de vulnerabilidad.

Latinoamérica y la libertad de expresión

La pandemia no puede ser una excusa para violar derechos humanos y mucho menos para debilitar la libertad de prensa. Países en Latinoamérica vienen mostrando restricciones desde antes de iniciar la crisis de salud por el Covid_19.

En Venezuela el deterioro de la libertad de prensa es evidente y esto ha sido denunciado en informes de organismos de derechos humanos internacionales con casos debidamente documentados por ONG locales que advierten el retroceso en materia de derechos por más de veinte años.

El Informe 2019 de la situación general del derecho a la libertad de expresión en Venezuela de la organización Espacio Público,[1]que fue presentado el 29 de abril de 2020 detalló ya la deteriorada situación de la libertad de prensa en el país.

“Al menos 22 emisoras fueron cerradas por Conatel, los trabajadores públicos también han sido perseguidos. Quienes hacen vida en las instituciones públicas dan cuenta de las irregularidades en esos espacios y en 2019 sufrieron la persecución por expresarse. 73 trabajadores de la prensa y 23 trabajadores públicos fueron víctimas de detenciones arbitrarias en 2019. En total fueron 114 detenidos de manera arbitraria por expresarse el pasado año”, así lo afirmó Carlos Correa durante la presentación.

La organización ha registrado casos donde especialistas que exponen su opinión sobre la pandemia en Venezuela han sido perseguidos.

Por su parte, el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza indicó durante la transmisión de Espacio Público que en los últimos cuatro o cinco años directamente la clausura por el regulador (Conatel) que ha ido revocando frecuencias a su antojo o como represalia de un gobierno represivo y esto es el factor determinante a la situación que vive el país en materia de libertad de expresión.

"En Venezuela se hace uso del derecho penal para sancionar, perseguir y encarcelar a periodistas o la ciudadanía por expresar opiniones o criticar la actuación gubernamental", recalcó y al mismo tiempo explicó que este es un patrón empleado actualmente contra quienes se atreven a informar la situación de la pandemia por Covid_19.

Para el relator, quien además realizó el prólogo del informe de Espacio Público, Venezuela es de por sí una tarea encomiable; las propias organizaciones y los activistas se encuentran bajo ataque, son objeto de estigmatización, medidas de retaliación y se exponen a graves riesgos al hacer su trabajo.

Organizaciones internacionales hacen seguimiento

El informe 2019 de Amnistía Internacional, capítulo Venezuela[2] detalló que, en los últimos años, las autoridades han amenazado la libertad de expresión con medidas represivas y desproporcionadas.

El periodista y defensor de los derechos digitales, Luis Carlos Díaz quedó en libertad el 12 de marzo tras permanecer detenido arbitrariamente por el SEBIN durante 30 horas. Fue trasladado a un centro de detención clandestino en el que permaneció ocho horas y después fue llevado a su casa para presenciar un registro realizado por agentes del SEBIN, que lo interrogaron y maltrataron. Su esposa también recibió amenazas de funcionarios. Al finalizar el año, Luis Carlos Díaz enfrentaba cargos penales y permanecía sometido a restricciones, entre las que figuraban la prohibición de viajar, el requerimiento de personarse ante el tribunal local cada ocho días y la prohibición de realizar declaraciones públicas, detalló el informe al tiempo en el que relata que varios medios de comunicación críticos con el gobierno, así como sitios web de organizaciones de derechos humanos, fueron objeto de censura y ciberataques.

En octubre, había 193 personas detenidas por publicar opiniones o denuncias en las redes sociales o la prensa. Entre ellas figuraba Pedro Jaimes, que había sido detenido arbitrariamente por agentes del SEBIN por compartir en su cuenta de Twitter información pública sobre la ruta del avión presidencial, y que finalmente quedó en libertad con cargos el 17 de octubre, tras un año y cinco meses de detención. 

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) registró 244 ataques contra la libertad de prensa entre enero y junio, ataques que incluían censura, hostigamiento, agresiones físicas contra trabajadores, detenciones arbitrarias y robo de equipos.

Con el registro de los primeros casos positivos del COVID-19 apresan e imputan a periodistas, médicos, bioanalistas y la ciudadanía en general. Es evidente que aumentó la persecución penal y la apertura de procesos penales. Periodistas como Gregoria Díaz[3] y Darvinson Rojas[4] se les ha perseguido, encarcelado e imputado solo por revelar información relacionada a los casos o acerca de la situación del derecho a la salud en Venezuela.

Este año para conmemorar y recordar el trabajo de la prensa el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres llamó a los Gobiernos a garantizar que los periodistas puedan realizar su trabajo durante toda la pandemia de COVID-19 y posteriormente, en especial ante la amenaza que representa la otra "pandemia" que nos invade: “la de la desinformación”.

“La prensa nos brinda el antídoto: noticias y análisis verificados, científicos y basados en la realidad”, expresó. [5]

Es urgente que los Estados no solo reconozcan la labor de la prensa en medio de emergencias sino que además garanticen sus derechos y trabajen por su bienestar y el libre desempeño de su deber de informar a los ciudadanos.