Viernes, 17 de abril, 2020
pantin, Daniela
Panel de expertos afirman que la crisis causada por la COVID-19 está relacionada con la degradación de los ecosistemas y la biodiversidad. La emergencia sanitaria podría ser una oportunidad para que las personas tomen conciencia de los impactos que puede tener el cambio climático
El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) alertó sobre el aumento global de las epidemias de origen zoonótico, es decir, aquellas transferidas de animales a humanos, específicamente, señaló que dichas afecciones, como el ébola, la gripe H1N1, el virus del Zika y el nuevo COVID-19, están estrechamente relacionadas con la salud de los ecosistemas.
Atender el surgimiento de estas enfermedades implica combatir su principal causa, es decir, la repercusión de las actividades humanas en la biodiversidad. Esto es reconocer lo íntimamente relacionado que está la salud humana, animal y ambiental.
Según el informe del PNUMA, estas enfermedades aumentan cuando hay cambios en el ambiente, dado que los cambios del clima han modificado las condiciones de humedad, de sequía y de vegetación. Ya son años en los que el crecimiento de la población, la reducción de los ecosistemas y la biodiversidad derivaron sin precedentes la transferencia de los patógenos de animales a personas. En promedio, una nueva enfermedad infecciosa emerge en los humanos cada cuatro meses, según el informe.
La evidencia señala que la situación de la COVID-19 guarda relación con la emergencia climática provocada por el incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero. Las temperaturas elevadas, los cambios en la precipitación alteran la supervivencia de los microbios en el ambiente, por lo que aumentan la probabilidad de que las epidemias sean más frecuentes a medida que el clima siga transformándose.
Ahora, hay que destacar que dada la alarmante propagación de la COVID-19 y la medida de cuarentena que exige a las personas mantenerse en sus casas y la detención de la producción ha generado una reducción sin precedentes. A raíz de las restricciones de tráfico, las emisiones de gases de efecto invernadero, como el CO2, causantes de la emergencia climática, se han reducido.
Sin embargo, a pesar de que por la crisis de la COVID-19 estamos emitiendo menos CO2, la cantidad que ya hemos acumulado en la atmósfera es suficientemente alta. Un conjunto amplio de investigadores y organizaciones ambientales alertan que, pese a la reducción de las emisiones en algunos servicios como el eléctrico y el transporte, la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera sigue en aumento. Consecuentemente, la crisis sanitaria no favorece a la mitigación de la otra gran emergencia a la que se enfrenta el mundo: el cambio climático.
Aunque las reducciones puntuales en las emisiones no van a contrarrestar la emergencia climática, sí deberían servir para iniciar los cambios urgentes y necesarios para reducir las emisiones a cero, el impulso y la financiación en los sectores de las energías renovables, la gestión de la demanda, la movilidad sostenible y la agricultura ecológica.
La prioridad indiscutible en este momento ha de ser la lucha contra la pandemia que nos afecta a todos y se intensifica con la población más vulnerable. En esta situación tan difícil como la que estamos viviendo, deberíamos resaltar que, siempre que se ponga en riesgo el derecho a la salud de las personas, los Líderes de Estados no deben vacilar a la hora de tomar medidas contundentes.
En el contexto de la propagación de una pandemia y las continuas alertas de futuras epidemias, el derecho a la salud es esencial, como también asegurar entre otras cosas, medidas necesarias para la prevención, tratamiento y control de las enfermedades. Esto significa garantizar asistencia preventiva así como bienes y servicios a disposición. Además, toda persona tiene el derecho a ser informada del peligro que la COVID-19 representa para su salud, las medidas para mitigar los riesgos y los esfuerzos en curso para atenderla.
Se tenía previsto por diferentes programas ambientales que esté 2020, sería el año para la biodiversidad, por lo que se contempló evaluar el avance de los Estados en los compromisos ambientales adoptados y se esperaba acordar, nuevos tratados para proteger los ecosistemas que todavía se encuentran desatendidos.
En estos tratados los países debían presentar estrategias que sean más ambiciosas que las propuestas ya presentadas, para lograr reducir en un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero al 2030 y tener cero emisiones para el 2050. El objetivo es evitar que la temperatura del planeta se eleve por sobre los 1,5° C respecto al período preindustrial. De no lograr este objetivo, el cambio climático provocará un efecto dominó en cada desafío que enfrenta la humanidad.
Ante una situación inédita donde el esfuerzo colectivo y el cuidado de las personas es lo que nos va a ayudar a superarla, la respuesta de los Estados, será decisiva después de la remisión del virus. Por ello, organizaciones como Amnistía Internacional está siguiendo atentamente las respuestas de los gobiernos a esta situación.
Pero también si somos conscientes de la lección que nos da la COVID-19 respecto a la singularidad del planeta, sería absurdo que el mundo diga que se va a enfocar solamente en la crisis de salud y se olvide de sus fuentes. Si las fuentes son la naturaleza y el clima, entonces no estaríamos haciendo nada, simplemente estaríamos postergando la siguiente pandemia para los próximos años.
Son tiempos extraordinarios, pero es importante recordar que los derechos humanos siguen siendo aplicables. Las decisiones que adopten los Estados sobre cómo responder a la pandemia COVID-19 repercutirán en los derechos humanos de millones de personas.