La actual situación país ha devastado distintas áreas llegando incluso al sector salud, el cual se encuentra al borde del colapso debido a la escasez, la migración de profesionales, falta de recursos y el decadente estado en el cual se hallan diversos centros asistenciales.

“El escenario que ahora se maneja en los hospitales va desde la falta de remuneración monetaria para el personal hasta el no contar con los insumos necesarios para atender a los pacientes”,  declaro la enfermera Ana Duarte[1].

El Hospital Doctor José María Vargas, ubicado en el Municipio Libertador de Caracas, Venezuela, fue en su momento uno de los centros más modernos de la nación, el cual incluyó en su campus a una de las escuelas de medicina de la Universidad Central de Venezuela que lleva el mismo nombre que el médico cirujano y presidente.

El centro de salud que hace honor al primer mandatario civil del país ahora se encuentra en la sombra de lo que un día fue. Camillas dañadas aglomeradas en plazas, falta de equipamiento, salas en desuso, baños sin agua y repletos de suciedad son parte de lo que ahora se vive.

“A veces no contamos con mascarillas, inyectadoras, guantes de tamaño adecuado, material de barrera, gorros, botas, lugar para descansar o el instrumental adecuado”, denunció.

La dificultad para ejecutar el trabajo se suma a la poca paga que obtienen los profesionales de la salud, y al poco reconocimiento que obtienen ante el público. Ahora mismo, una enfermera en Venezuela gana sueldo mínimo, lo que corresponde a 250 mil bolívares y 200 mil en tikets de alimentación. Un total de 4,65$ mensual.

“Actualmente nos encontramos haciendo cirugías que han sido previamente programadas o emergencias debido a que de los 8 quirófanos existentes, solamente funcionan 4, porque no hay máquinas de anestesia, mesas operatorias o kits quirúrgicos”, mencionó.

Esta situación irregular es grave, en el servicio de enfermería del Hospital José María Vargas no cuentan con todos los implementos para ejecutar debidamente su función, por esta razón tienen que pedir “prestado” lo necesario a otros departamentos y si es inevitable, trasladar el mobiliario de una sala de operaciones a otra.

“Tenemos que cargar las cajas que contienen algunos equipos, no contamos con la protección adecuada si se hacen exámenes de rayos X y hemos llegado a un punto en el cual tenemos que anotar todo lo que falta en la sala de operación para buscarlo en otro lado”, agregó.

En el Hospital José María Vargas no funcionan todos los ascensores, razón por la cual los pacientes tienen que subir más de 5 pisos para llevar al servicio de oftalmología y pasar cerca de la morgue. Los pacientes tienen que hacer fila desde temprano para chequearse en algunos servicios y el transporte generalmente les juega en contra.

Personal médico ante la COVID-19

Venezuela cuenta actualmente con más de 171 casos activos de coronavirus, 9 fallecidos y 84 recuperados, según lo indican cifras oficiales.

Es claro que las personas que se encuentran trabajando en pro del bienestar deben ser correctamente protegidas y respetadas, al igual que todos los demás.

“Yo ejerzo como enfermera y para salir de la zona en la cual vivo debo mostrar el salvoconducto, pero un día cuando iba al hospital, un miembro de la Guardia Nacional Bolivariana lo agarró y lo tiró al suelo diciéndome que eso no servía para nada, a pesar que tenía la firma de mi superior”, denunció otra trabajadora.

En redes sociales varios empleados del sector salud han comentado tratos similares por parte de los cuerpos de seguridad, acciones que van desde no dejarlos usar el sistema Metro hasta negarles el abastecimiento de gasolina a sus vehículos.

“Nosotros trabajamos por vocación y es injusto que menosprecien nuestra labor. Ganamos poco y a pesar de eso muchos seguimos aquí para atender a los pacientes, a pesar que ponemos nuestra vida y la de nuestras familias en riesgo”, aseveró otro enfermero.

Amnistía Internacional exige a los Estados máxima protección para los trabajadores de la salud, quienes están en primera línea frente a esta epidemia, pues tienen que continuar prestando servicios a pesar de los riesgos personales para ellos y para sus familias:

“El derecho a la salud obliga a los Estados a “formular, aplicar y revisar periódicamente una política nacional coherente destinada a reducir al mínimo los riesgos de accidentes laborales y enfermedades profesionales, así como formular una política nacional coherente en materia de seguridad en el empleo y servicios de salud”, lo que incluye las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de la salud. Es necesario proporcionar equipo de protección personal adecuado y de calidad, información, capacitación y apoyo psicológico para facilitar la labor de enfermeros y enfermeras, médicos y demás personal implicado en la respuesta. Los Estados deben garantizar también que se establecen mecanismos para prestar apoyo a las familias de trabajadores y trabajadoras de la salud y otras personas que han muerto o caído enfermas como consecuencia de su exposición a la COVID-19”.

Debido a la pandemia que ahora se encuentra activa, es importante que todo el personal que labora en centros de salud y laboratorios reciban educación y los implementos necesarios para tratar a posibles infectados con la COVID-19, pero esto no se llevará a cabo hasta que el gobierno coordine un plan de acción para apoyar a todos los trabajadores, garantizando así las condiciones mínimas para ejercer de forma adecuada. Mientras esto no ocurra, la población nacional se encuentra bajo un riesgo inminente.

Por: Jhosgreisy Hernández

@jhosgreCHG