Para los cuerpos de seguridad venezolanos es más sencillo salir del problema liquidando personas, esto lo vemos no solo contra la población reclusa, también sucede en las calles cuando las FAES asesinan personas antes de investigar y abrir un procedimiento legal. En muchos casos ejecutan a personas que no estaba implicadas en ningún tipo de delito

El domingo 5 de abril, 16 de las 20 personas detenidas que se fugaron del Eje de Homicidios de la Subdelegación Cabimas del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) del estado Zulia, habrían sido ejecutadas durante labores de búsqueda y captura.

El director de Una Ventana para la Libertad, Carlos Nieto Palma, denunció que una vez más el Estado venezolano está violando el derecho a la vida de personas que deberían estar bajo su tutela. “En el artículo 43 de la Constitución nacional, cuando se refiere al derecho a la vida, se establece que el Estado protegerá de manera especial a las personas que se encuentran privadas de libertad”.

Señaló que en la acción habría participado una comisión mixta de funcionarios del CICPC del Eje de Homicidio Central, base La Cañada, base COL, delegación municipal Cabimas y de la Policía municipal de Cabimas.

Bajo ninguna circunstancia, funcionarios de seguridad tienen el poder de asesinar a una persona y menos cuando esta esté en situación de reclusión. “Más bien deben actuar bajo los canales regulares en sintonía con el respeto a los derechos humanos, esto implica buscar a la persona, detenerla, regresarla a su calabozo y abrirle un procedimiento legal por intento de fuga, nunca quitarle la vida”, resaltó el defensor.

Además, denunció el desinterés que muestra el Estado en garantizar y promover el respeto de lo derechos humanos, a través de las actuaciones de sus organismo de seguridad que se decantan por operar de manera represiva y con lógica bélica

“Para ellos es más sencillo salir del problema liquidando personas, esto lo vemos no solo contra la población reclusa, también sucede en las calles cuando las FAES asesinan personas antes de investigar y abrir un procedimiento legal. En muchos casos ejecutan a personas que no estaba implicadas en ningún tipo de delito”.

El pasado 18 de marzo se registró la fuga de otras 80 personas privadas de libertad en el Retén de San Carlos en Santa Bárbara del Zulia, al sur del lago de Maracaibo, donde también fueron ejecutadas al menos 25 personas. “Nos preocupa que asesinar se haya convertido en una práctica habitual de los organismos que deben proteger la seguridad de las personas”, indicó.

Sobre el proceso de justicia y reparación que deberían recibir los familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, Nieto asegura que es muy difícil lograrlo en el país ante los vicios que existen dentro del poder judicial, a pesar de que está estipulado en el Código Orgánico Procesal Penal. “Si las leyes funcionaran como deberían, los familiares podrían demandar al Estado por no haber cumplido con el derecho de garantizar la vida de estas personas que estaban bajo su custodia”.

La población que se encuentra detenida no solo padece la violencia de sus custodios, además sufren hacinamiento, falta de atención médica y una dieta balanceada, escasez de servicios básicos como agua potable y electricidad, entre otros. “Denunciamos que las cárceles y los centros de detención preventivos son los lugares donde permanentemente más se vulneran los derechos de las personas detenidas”, dijo.

Finalmente, el director de Una Ventana para la Libertad exigió a las autoridades venezolanas a que cumplan con lo establecido en el artículo 272 de la Constitución nacional, el cual señala que el Estado garantizará un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del interno o interna y el respeto de todos sus derechos humanos, que va desde la vida misma, la alimentación, salud, aseo y recreación.

Imagen de Fifaliana Joy en Pixabay