En varias ciudades del país los migrantes venezolanos se han visto forzados a abandonar también Colombia. Fueron obligados a abandonar Venezuela y ahora vuelven a vivir esa circunstancia al verse en la necesidad de volver a su país en contra de su voluntad

Colombia ha demostrado durante los últimos años su solidaridad con los migrantes venezolanos, quienes han llegado al país masivamente por la crisis económica, política y social que vive Venezuela. Según cifras de Migración Colombia, entidad responsable de atender los temas migratorios y que lleva los registros oficiales de las personas migrantes venezolanas que ingresan al país, da cuenta que a la fecha ya son más de 1.800.000 migrantes venezolanos en territorio colombiano, de los cuales, más del 60% están en situación de irregularidad, sin contar con el subregistro existente.

La mayoría de los migrantes venezolanos se han concentrado en los departamentos y ciudades de Bogotá D.C, Norte de Santander (Cúcuta), Atlántico (Barranquilla), La Guajira (Maicao), Antioquia (Medellín) y Valle del Cauca (Cali). Sin embargo, casi la totalidad de los departamentos del territorio nacional han recibido población migrante venezolana en sus territorios, quienes llegan en condiciones de vulnerabilidad a comunidades de acogida con altos niveles de pobreza y exclusión. Este es el caso del municipio de Socha, por ejemplo, vecino de la capital del país, el cual cuenta con casi 1 millón de habitantes en condición de pobreza y pobreza extrema, según declaraciones recientes de su alcalde y, quienes no cuentan con un empleo formal y principalmente viven de negocios y ventas ambulantes para ganarse la vida. Al municipio de Soacha han llegado más de 32 mil migrantes desde Venezuela, quienes se encuentran con esta terrible situación estructural.

Los migrantes venezolanos que han llegado al país durante los últimos dos años, se caracterizan por ser una población de escasos recursos, que vienen buscando nuevas oportunidades tras huir del vecino país, dejando atrás sus pertenencias y familias. Lo que esperan al llegar a Colombia es solidaridad y una oportunidad para progresar dignamente. Sin embargo, al existir una escasez de recursos en las comunidades de acogida, estos migrantes, principalmente los que se encuentran en situación de irregularidad, deben ingeniárselas para sobrevivir, muchos de ellos en ventas ambulantes, mendicidad, prostitución, construcción, domicilios, aseo, restaurantes, entre otros, exponiéndose a largas jornadas de trabajo (más de las aprobadas por la legislación colombiana) a cambio de una remuneración inferior a la de un nacional colombiano.

Así mismo, en las zonas fronterizas principalmente rurales, los migrantes venezolanos se enfrentan a graves amenazas contra sus derechos fundamentales a la vida, a la libertad y a la integridad personal, al ser víctimas de tráfico de migrantes, trata de personas, reclutamiento forzoso, entre otros delitos que se configuran en violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, ligadas al accionar de grupos armados ilegales y bandas delincuenciales transnacionales que operan en estas zonas de frontera y que se aprovechan de la vulnerabilidad de niños, niñas, jóvenes, mujeres y hombres de todas las edades y pertenecientes a diferentes grupos étnicos.

Ante este panorama, el gobierno colombiano adoptó diferentes medidas para atender el flujo migratorio en aumento, el cual se incrementó de manera exponencial, superado las capacidades de atención de los departamentos y municipios. El país y sus autoridades locales no estaban preparadas para recibir a un número tan elevado de migrantes que pasó de miles a millones de personas provenientes del vecino país en un lapso muy corto de tiempo.

Sin embargo, pese a las limitaciones económicas, el Estado colombiano creó una estructura con la participación del gobierno nacional, la sociedad civil, las organizaciones internacionales, cooperación internacional y los órganos de control, con el propósito de responder integralmente a las necesidades de la población migrante. Se vieron muestras de solidaridad y arduo trabajo en muchas zonas del país; creación de rutas de atención, legislación para la protección de los derechos de la población migrante y otras buenas prácticas en diferentes ciudades y departamentos, principalmente aquellas con un mayor número de migrantes, como es el caso de Bogotá D.C.

De esta manera, el 2020 sería un año propicio para la población migrante y de acogida, con un Plan Estratégico diseñado por el gobierno nacional compuesto por cuatro (4) pilares fundamentales que guiarían el trabajo y apoyarían la gestión de los entes territoriales, a saber: Regularización, Atención Humanitaria de Segunda Generación, Articulación con Autoridades Locales e Inclusión Socioeconómica. Lo que nadie se imaginaba era que toda la planeación y proyección cambiaría o se vería afectada radicalmente por cuenta de una nueva amenaza global, una pandemia a causa de un virus denominado “coronavirus” COVID – 19.

LA REALIDAD DEL CORONAVIRUS HA LLEVADO AL LÍMITE A LA POBLACIÓN MIGRANTE

Todas las iniciativas de apoyo y medidas planeadas se han visto obstaculizadas por cuenta del COVID-19, cuya realidad ha puesto en riesgo la estabilidad e integridad de la población migrante venezolana en Colombia, al igual que de las comunidades de acogida más vulnerables.

El pasado 15 de marzo de 2020 el Gobierno colombiano tomó la decisión de cerrar los pasos fronterizos con los países limítrofes, incluido Venezuela. El primer mandatario, Iván Duque informó a los colombianos y al mundo que, como parte de las medidas para contener el COVID-19 en Colombia, a partir del 17 de marzo y hasta el 31 de mayo todas las fronteras terrestres, marítimas y fluviales serían cerradas. Esto impide la salida y entrada de ciudadanos nacionales y extranjeros al país.

Esta medida que fue tomada con el ánimo de contener el virus y proteger a la población colombiana y residente en el país, representa un gran desafío para las autoridades migratorias y un riesgo inminente para la población migrante venezolana, puesto que se trata de una frontera muy extensa con más de 2.200 kilómetros de trochas y caminos informales, los cuales en situaciones de normalidad no han logrado ser controlados en su totalidad y, en estas circunstancias actuales derivadas de la pandemia, se hace aún más difícil. Como consecuencia, la población venezolana que intenta cruzar la frontera, lo está haciendo de manera irregular exponiéndose, entre otros riesgos, a ser extorsionada por grupos armados ilegales y bandas delincuenciales, quienes les están cobrando sumas de hasta $100 mil pesos por dar paso en la frontera.

El único paso fronterizo habilitado en ese momento fue el corredor humanitario que prioriza el paso para mujeres embarazadas y pacientes con enfermedades crónicas, ubicado en el Puente Internacional Simón Bolívar, localizado en inmediaciones del departamento de Norte de Santander en Colombia y el Estado Táchira en Venezuela, pasando sobre el Río Táchira que divide geográficamente a ambos países en este punto fronterizo.

Sin embargo, el cierre de las fronteras no ha sido la única medida que ha afectado a la población migrante venezolana, el llamado aislamiento social obligatorio o cuarentena preventiva ha tenido afectaciones muy graves para los derechos de los migrantes y las comunidades de acogida. Durante la última semana los medios de comunicación nacionales e internacionales han mostrado imágenes desgarradoras en las que miles y tal vez millones de familias vulnerables colombianas y venezolanas han manifestado su situación de indefensión ante la falta de ingresos económicos que les ha impedido comprar alimentos para comer y pagar un techo para vivir.

Expresiones de xenofobia y aporofobia se han visto fortalecidas en muchas ciudades del país, manifestadas a través de discursos y acciones como las imágenes que mostraron recientemente medios de comunicación colombianos en las que miles de venezolanos fueron desalojados de pensiones o “pagadiarios” en medio del aislamiento obligatorio por no pagar el arriendo, sin considerar las condiciones de vulnerabilidad de niños, niñas, mujeres embarazadas y personas mayores. Mientras tanto, el gobierno central y los gobiernos locales discutían y debatían acerca de quién era la responsabilidad, mientras miles de venezolanos continuaban aguantando hambre y frío en las calles.

Nos encontramos ante una problemática de garantía de derechos humanos, sin importar su nacionalidad u origen, ninguna circunstancia o interés puede sobreponerse a la protección de los derechos humanos de una población en especial situación de indefensión y vulnerabilidad. La escasez de recursos que es una realidad no puede ser motivo o excusa para que impere el individualismo sobre la solidaridad humana. No existen ciudadanos de primera o segunda categoría, no existen seres humanos de primer o segundo nivel, existen seres humanos con necesidades particulares que requieren en este momento de un apoyo solidario sin discriminación y exclusión.

Como resultado, en varias ciudades del país los migrantes venezolanos se han visto forzados a abandonar también Colombia. Fueron obligados a abandonar Venezuela y ahora vuelven a vivir esa circunstancia al verse en la necesidad de volver a su país en contra de su voluntad, puesto que no tuvieron otra opción y, cuando un ser humano debe tomar una decisión porque no tiene opciones, no se puede hablar de voluntariedad. Parece que en el mundo continuamos rechazando a quien consideramos diferentes, porque los vemos como una amenaza para nuestra propia seguridad y, como lo plantea la Filósofa española, Adela Cortina, al explicar el significado de la aporofobia “Quienes producen verdadera fobia no son tanto los extranjeros o las gentes de una raza diferente como los pobres. Los extranjeros con medios no producen rechazo, sino todo lo contrario, porque se espera de ellos que aporten ingresos y se les recibe con entusiasmo. Los que inspiran desprecio son los pobres, los que parece que no pueden ofrecer nada bueno, bien sean emigrantes o refugiados políticos.”

En consecuencia, hoy estamos viendo a miles de migrantes venezolanos pobres cruzando las carreteras colombianas para retornar a su país. Algunos en buses dispuestos por las autoridades nacionales y locales para facilitar el cruce de la frontera y, en otros muchos casos a pie, con niños en brazos caminando más de 556 kilómetros desde Bogotá hasta la frontera con Cúcuta, esperando a que alguien les tienda la mano. Los gobiernos de Venezuela y Colombia facilitaron un paso humanitario para el cruce de miles de migrantes que seguirán retornando en los próximos días, con la incertidumbre de no saber lo que les espera a su llegada, pero con la esperanza de tener por lo menos un techo y una familia que los reciba, pese a que la crisis económica, política y social en ese país prevalece.

¿QUÉ ESPERAR DE LOS GOBIERNOS, CIUDADANOS DE COLOMBIA, VENEZUELA Y DE LA REGIÓN ANTE UN NUEVO DRAMA HUMANO?

Como en la mayoría de los países del mundo, la pandemia ha sacado a relucir fortalezas y debilidades que tenemos como humanidad; de nuestros gobiernos, sistemas de salud, solidaridad de nuestros ciudadanos, eficacia de la cooperación y el multilateralismo, al igual que de los modelos económicos y políticas de desarrollo, entre otros aspectos. Lo cierto es que, ante la necesidad especifica de protección de la población migrante venezolana y comunidades de acogida, se requiere de la voluntad real y efectiva de los gobiernos y sociedades en su conjunto.

Esta voluntad se materializa no únicamente a través de facilitar los corredores o pasos humanitarios de frontera y medios de transporte terrestres para garantizar que por lo menos aquellos que deciden regresar al no tener otra opción en Colombia, lo hagan de manera segura en el marco de la pandemia, sino también, establecer medidas de carácter urgente con el apoyo de todos los sectores de la sociedad para que se garanticen las necesidades básicas de estas poblaciones, sin distinción. Hoy, todos los sectores en su conjunto debemos apoyar a estas poblaciones, ya sea a través de ayuda humanitaria de primer y segundo nivel, garantizando los servicios de salud para salvaguardar sus derechos fundamentales, principalmente en medio de la pandemia y, realizando incidencia nacional e internacional para que se adopten las medidas necesarias. El apoyo de la cooperación internacional y de los organismos multilaterales es prioritaria y no da espera.

A su retorno, el gobierno venezolano tendrá que garantizar la protección de los derechos humanos de sus ciudadanos, brindándoles la atención integral de manera oportuna y efectiva, desde el transporte gratuito para que puedan llegar a sus casas, servicios de salud, alimentación y vivienda, sin discriminación.

“Las personas desplazadas y las comunidades de acogida en todo el mundo están en mayor riesgo a medida que se propaga la pandemia del coronavirus” esta es una realidad que reitera el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y que no se puede seguir ignorando.

El Coronavirus no durará toda la vida, la humanidad espera que con todas las medidas adoptadas podamos controlar la infección y reducir las muertes para que seguramente en semanas o en algunos meses podamos empezar a salir a las calles, asistir a las escuelas, a los empleos y reactivar la economía con responsabilidad, con modelos de desarrollo más sostenibles y solidarios con las nuevas generaciones. No todo puede volver a ser como antes, las lecciones deben ser muchas y los aprendizajes tienen que verse reflejados en decisiones que prioricen la garantía de los derechos humanos de todas las poblaciones por parte de nuestros mandatarios y sociedades; con políticas sociales, económicas y ambientales incluyentes, sostenibles y con enfoque de género, en donde los más vulnerables no continúen siendo ignorados y rechazados por su nacionalidad, estatus socio económico o género.

Por Sandra Morello Peña – Coordinadora para Colombia de la Red de Migración y Derechos Humanos