En el caso venezolano nos llama a la reflexión que la desatención de la Emergencia Humanitaria Compleja pone en riesgo a toda la población incluyendo a quienes migraron forzosamente

Hablar del derecho a la salud en el marco de su Día Mundial y en tiempos de pandemia global resulta todo un reto. Hemos visto como ningún sistema sanitario está preparado por completo para enfrentar el virus. Y; en el caso venezolano nos llama a la reflexión que la desatención de la Emergencia Humanitaria Compleja pone en riesgo a toda la población incluyendo a quienes migraron forzosamente.

Es cierto que la OMS está colaborando estrechamente con expertos mundiales, gobiernos y asociados para ampliar rápidamente los conocimientos científicos sobre este nuevo virus, rastrear la virulencia y asesorar a los países y las personas sobre las medidas para proteger la salud y prevenir la propagación.[1]Sin embargo, no es secreto para nadie que sistemas sanitarios de algunos países enfrentan serias dificultades para poner fin a la pandemia.

Venezuela es ampliamente monitoreada desde el anuncio de la aparición de su primer caso, además se ha advertido por organismos internacionales los riesgos de la propagación del virus debido a su posición particularmente peligrosa en emergencia humanitaria compleja[2] denunciada desde 2015 y reconocida en los informes de la Organización de Naciones Unidas (ONU) desde 2019.[3]

Es importante saber que cuando hablamos de Emergencia Humanitaria Compleja nos referimos a crisis humanitarias graves que suelen ser el resultado de una combinación de factores que van desde inestabilidad política, quiebre y fragmentación del Estado, conflictos y violencia, fracaso de políticas de desarrollo, desmoronamiento de la economía formal, desigualdades sociales y pobreza subyacente; que generan grandes impactos sobre la estabilidad cultural, civil, política y económica de las sociedades.[4]

La migración forzada también es una de las principales características de la situación que se vive hoy en la nación suramericana y que incrementa los riesgos de a propagación del Covid_19 en toda la región.

En 2019 según datos de la Acnur al menos 4 millones de venezolanos salieron del país debido a que sus derechos más básicos no estaban siendo garantizados, entre ellos el derecho a la salud. Muchas mujeres huyeron para dar a luz, las personas mayores se quedaron con los nietos para que sus hijos pudiesen trabajar y así ellos tener garantizados los alimentos y medicinas o mejores oportunidades para la vida en dignidad. [5]

Luego del aumento de las cifras de muertes por el virus son muchas las personas varadas que claman ser repatriadas a Venezuela, ya que el sistema sanitario de la mayoría de los países receptores está comenzando a colapsar, y sobre todo porque la población migrante corre el riesgo de que en el contexto actual sus derechos no sean garantizados. [6]

“La situación sanitaria es cada vez más preocupante, desde hace 5 años el deterioro ha sido continuo, una situación que se relaciona con la grave crisis económica, la baja disponibilidad de recursos destinados al sector salud, insertos en una política de Estado siempre desfavorable para los ciudadanos”, así lo señala Feliciano Reyna, presidente de Acción Solidaria y representante de las organizaciones locales en el diálogo Interactivo de la 41ª Sesión del Consejo de Derechos Humanos para la presentación del Informe de ACNUDH sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela a principio del mes de julio de 2019.[7]

Al respecto, resulta oportuno recordar que el director de la Organización Mundial de la salud (OMS), Tedros Adhanom declaró al brote de coronavirus originado en China como una “emergencia de salud pública de importancia internacional” debido a que la mayor preocupación es la posibilidad de que el virus se propague a países con sistemas de salud más débiles.”[8] Es decir, el mundo sabe que en el caso venezolano es necesario hacer énfasis en detener la trasmisión desde el momento de su aparición.

Sin garantía del derecho a la salud

El artículo 19 de la Constitución venezolana establece que el Estado debe garantizar y hacer respetar los derechos humanos, pero es evidente que el derecho a la salud dejó de ser garantizado. Durante la pandemia global se ha visto cómo aumenta considerablemente el grado de indefensión de los médicos y trabajadores de la salud en cuanto a su protección sanitaria. Además del irrespeto por parte de los cuerpos de seguridad al negarles el servicio de combustible y cómo hasta las personas con alguna condición crónica de salud son desalojadas de las larga filas para adquirir gasolina en todo el país. [9]

En días recientes la Academia Venezolana de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales alertó a sus colegas y a la población en general sobre el potencial del covid-19 para causar estragos en el frágil sistema social y de salud venezolano. A su juicio los sub registros para la estimación de los casos acumulados, según las cifras oficiales, y de una atípica tasa de recuperación, mostraría imprecisiones en la definición de cada caso alertando que centralizar la información podría ocultar imprecisiones en la definición de los casos que deben revisarse.[10]

Las organizaciones de la sociedad civil han denunciado que el sistema de salud venezolano va en declive y los principales centros de atención pública carecen de agua, desinfectantes e insumos necesarios para proteger al personal médico. Según el monitoreo de los sindicatos de salud realizado el 28 de marzo, 60% del sistema de atención médica carecía de mascarillas o material de limpieza. [11]

Susana Rafalli, nutricionista, consultora en Seguridad Alimentaria y Gestión de Catástrofes y asesora de Cáritas Venezuela, advirtió que la aplicación del protocolo contra el Covid-19 generará una crisis alimentaria a gran escala, ya que la desnutrición y la inseguridad alimentaria son factores de riesgo adicionales que podrían exacerbar el impacto del virus en la población venezolana.

“En Venezuela el distanciamiento social es un panfleto cuando no tienes en casa gas ni leña para cocinar”, aseveró la experta al referirse al gran porcentaje de la población que en Venezuela sufre la emergencia humanitaria compleja.

Las intervenciones de emergencia del gobierno venezolano se han dirigido principalmente a regular el comportamiento de la población, pero no a mejorar los sistemas de salud y la calidad de los servicios básicos como el agua, la electricidad y la gasolina, o eliminar los obstáculos a la producción, distribución e importación de alimentos, todo de los cuales son igualmente importantes para minimizar el número de muertos por la pandemia.

Son muchas las zonas populares que durante las cuatro semanas de declararse la cuarentena y el aislamiento social en el país se muestran llenas de personas que deben salir de sus casas para poder obtener alimentos o medicamentos.

“Yo debo vender, aunque sea un bolígrafo para poder comer. Es mi segundo día sin probar bocado y le tengo más temor a morir de hambre porque ya se lo que se siente. Prefiero morir de Coronavirus que no se ni que es. Tengo que salir a trabajar porque si no me muero de hambre”, así lo indicó un hombre de más de 70 años que trabaja en el comercio informal en una popular parroquia de Caracas durante el día 10 de la cuarentena social.

En el caso de las personas mayores la asociación civil Convite impulsó un comunicado[12] en el que 426 firmas suscribieron la necesidad de implementar de manera urgente políticas de asistencia y protección para este grupo vulnerable.

“Urge que el gobierno, nacional, regional y local declaren a las personas mayores como población objeto de su política de prevención del COVID-19. Se debe privilegiar la dotación de insumos, medicinas y alimentos a las entidades de atención, indistintamente de su condición, garantizar que la asignación de cualquier ayuda económica, sea de carácter universal, y prescindir de cualquier otro tipo de acreditación que no sea la cédula de identidad”, alertó Luis Francisco Cabeza, director de Convite.

Salud mental también al olvido

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud mental como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad.[13] En Venezuela este tema también es una emergencia, y es que, en medio de la crisis de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) con la mayor inflación, escasez de alimentos y medicamentos los venezolanos viven en un ambiente hostil lo cual representa una variable que altera su salud mental.

Abel Saraiba, psicólogo, psicoanalista y parte del equipo de Cecodap, organización con trabajo de derechos humanos en temas de infancia venezolana señala que la cuarentena colectiva podría causar en los ciudadanos de cualquier país ansiedades, rabias y angustias ante lo incierto, en el caso venezolano esto se profundiza ya que la mayoría de las personas vienen de sufrir la falta de servicios básicos, un apagón nacional el pasado año y la ausencia de información de lo que sucede realmente con el virus.

“De alguna manera debemos hacer un esfuerzo identificar cuáles pueden ser las medidas complementarias en el hogar para mitigar los efectos de un contexto que, seguramente, tendrá un impacto emocional. La salud mental es esencial para poder preservarse en un contexto de cuarentena. Es importante saber cómo me estoy sintiendo e ir estructurando el día para tener sensación de control sabiendo también que todo esto es transitorio”, recomendó.

Sarabia también colocó a disposición un material especializado en Youtube “Fuera de Consulta”[14] donde comparte herramientas para el apoyo psicológico durante la cuarentena.

Otra situación a la que se enfrentan los venezolanos debido a la pandemia en emergencia humanitaria compleja es la falta de disposición por parte del Estado venezolano de facilitar el trabajo de organizaciones humanitarias[15], ONG de derechos humanos[16], gremios periodísticos[17] y otros que son parte de la solución para alertar y prevenir a la ciudadanía acerca de los riesgos de la propagación y además apoyar con lo necesario para atender a las personas más vulnerables.