La violencia hacia la mujer se encuentra naturalizada y generalizada en el estado, es un tema privado condenado al núcleo familiar o doméstico, sobre todo en zonas rurales o de escasos recursos económicos; pero que se puede identificar en cualquier estrato y grupo social

Las mujeres y niñas merideñas no se encuentran exentas de la emergencia humanitaria compleja en la que se encuentra sumergido el país. El alto costo de la vida, la escasez de alimentos, medicinas, métodos anticonceptivos e insumos de higiene menstrual son parte del día a día.

Las condiciones socio económicas han obligado a muchas mujeres jóvenes abandonar sus estudios o familias para poder emigrar, propensas a los riesgos asociados a las migraciones forzadas: trata de personas, esclavitud moderna y prostitución, así como la discriminación y la violencia de género. Adicionalmente, las mujeres se encuentran expuestas a un clima violento y alta criminalidad en el país. 

La violencia contra las mujeres es considerada un problema de salud pública ya que resulta en el daño sexual, físico o psicológicos de las mujeres y niñas víctimas; así como una violación sistemática y generalizada de sus derechos humanos, en consecuencia a la discriminación y desigualdad a causa del sexo a las que se encuentran expuestas. En este contexto de emergencia humanitaria compleja, la violencia hacia las mujeres no disminuye, todo lo contrario, la violencia contra ellas aumenta y se agrava, es ahí que la búsqueda de justicia e igualdad se torna compleja y la impunidad es una constante en un entorno desfavorecedor y hostil para las mujeres.

Datos y cifras son inexistentes

A pesar de que Venezuela cuenta con un marco jurídico contra la violencia de género, el cual se encuentra representado por la Ley Orgánica para una Vida Libre de Violencia contra la Mujer, la cual, tiene como objetivo prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres; en el país no existen cifras oficiales sobre violencia de género desde el 2016. Siendo estos datos de carácter general, sin desglosar (a pesar de que la ley considera 21 tipos de violencia) y sin discriminar por estados o regiones del país.

La carencia de datos y estadísticas oficiales ha sido reemplazada por la tendencia de algunos funcionarios de informar verbalmente algunas cifras, las mismas no pueden ser confirmadas ni consultadas al carecer de informes oficiales públicos y de libre acceso.

Recientemente, Douglas Rico, director nacional del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalistas (CICPC) informó que durante el 2019 en Venezuela se han registrado 1.180 casos de abusos sexual y un incremento en los femicidios, de los que se han respondido el 63% de los casos.

Igualmente, el fiscal general Tarek Saab indicó que se han registrado 554 casos de femicidios en los últimos dos años. Como ya se mencionó, las cifras y datos no pueden ser confirmados o consultados debido a las políticas de silencio y censura del estado venezolano. La diputada Manuela Bolívar perteneciente a la Subcomisión de la Mujer e Igualdad de Género de la Asamblea Nacional de Venezuela comentó que: no se tienen cifras en cuanto al tráfico de mujeres, femicidios ni de violencia contra la mujer. Hay un gran silencio y una gran impunidad. La Asamblea Nacional presentó un acuerdo sobre la violencia contra la mujer dentro y fuera del territorio nacional.

El estado Mérida no se escapa a esta realidad, el acceso a la información oficial es prácticamente imposible y se carece de datos y cifras recientes sobre violencia de género en la región; la mayoría de los crímenes o manifestaciones de violencia se documentan a partir de notas de prensas o por denuncias en las organizaciones no gubernamentales por los derechos de las mujeres.

Para el 2018, según Cotejo.Info ocurrieron 448 femicidios en el país, Mérida destacó por encontrarse entre los estados con menor número de casos (tres) junto a Delta Amacuro, Apure, Yaracuy y Cojedes6. Sin embargo, esta cifra solo hace referencia a las muertes de mujeres documentada en prensa, lo que no incluye la totalidad de los casos y probablemente solo se trata de la punta del iceberg. Otras manifestaciones de violencia hacia la mujer son ignoradas, lo cual, dificultad el seguimiento por parte de los defensores y defensoras de los derechos de las mujeres.

La violencia hacia la mujer se encuentra naturalizada y generalizada en el estado, es un tema privado condenado al núcleo familiar o doméstico, sobre todo en zonas rurales o de escasos recursos económicos; pero que se puede identificar en cualquier estrato y grupo social.

Por esta razón, la violencia no suele ser visible poniendo en peligro a las mujeres y niñas, quienes prefieren guardar silencio ante el maltrato psicológico, físico o patrimonial. En algunos casos, la crianza, los patrones culturales heredaros y las normas sociales promueven la sumisión y revictimización de las mujeres que viven cualquier manifestación de violencia, obligándolas a callar su sufrimiento.

La silenciosa batalla de las mujeres

“Mi ex novio me perseguía, me amenazaba, yo no quería estar más con él. Una amiga me dijo que fuera a denunciar, yo no quería, pero ella me acompañó. Igual, nunca pude denunciar. El encargado de recibir la denunciar no estaba, yo no sabía, no conocía el sistema. Luego no quise regresar, para qué, no iban a hacer nada”.

Las palabras de María (seudónimo) son el eco de muchos testimonios en la ciudad de Mérida. Mientras que María se refugió con su familia y amigos, terminó su carrera universitaria y emigró a causa de la situación del país, otras mujeres no tienen las mismas oportunidades de escape, sino que quedan a merced de su victimario. Este patrón se repite una y otra vez, sin importar la estabilidad económica o el lugar de procedencia de las víctimas.

Las mujeres víctimas de violencia de género suelen ir a denunciar (o intentar denunciar) normalmente tras los episodios de mayor peligro o agresividad — amenazas, persecución, un abuso o violencia sexual, violencia física —, cuando el miedo por su integridad y seguridad física las impulsa a ir a los entes receptores de denuncia, esperan poder acceder a la justicia y a las medidas de protección enmarcadas en la Ley. Sin embargo, al llegar hasta las instituciones públicas se encuentran con distintas trabas que dificultan el acceso a la justicia; la falta de personal preparado y sensibilizado es una de ellas.  Según palabras de la abogada Yolima Arellano, miembro del Observatorio Venezolano de Derechos Humanos de las Mujeres:

“Los operadores de justicia responsables de aplicar la Ley son insuficientes, no están debidamente capacitados (los fiscales y jueces sí), las víctimas son revictimizadas, no se aplican las medidas de protección, por lo que se cansan y son afectadas emocionalmente, lo que aunado a la falta de recursos económicos las hace desistir de continuar en el proceso. Las que pueden pagar asistencia jurídica son mejor atendidas y mayoritariamente obtienen justicia”.

En el proceso que involucra el acceso a la justicia por parte de víctimas de violencia de género, la revictimización y doble victimización —el sentimiento de culpa o vergüenza por parte de las mujeres víctimas o familiares de las víctimas, siendo un sufrimiento añadido— juega un papel crucial, afectándolas en lo psicológico y emocional.

Sí la víctima es culpada reiteradamente, ya sea por la ropa que usaba, la elección de pareja o la falta de acción ante una situación de violencia (por dar algunos ejemplos), no solo por la sociedad sino por los órganos encargados de brindarle protección y justicia, se sienten perdidas, heridas y desprotegidas ante un hecho violento, lo cual puede poner en riesgo su seguridad física y psicológica.

En el estado Mérida, iniciativas como el Grupo de Apoyo Psicosocial Linda Loaiza liderado por la Red Mérida Feminista, Movimiento SOMOS y el Ala de Psiquiatría del IAHULA, se encargan de brindarle apoyo a las víctimas o sobrevivientes de violencia de género; en palabras de Karol Moreno, promotora psicosocial y activista por los derechos humanos de la mujer, que participa en esta plataforma:

“Muchas de las victimas nos han comentado que, al ir a denunciar, una de las cosas que les preguntan es si tienen lesiones físicas, sino no lo consideran violencia o sí es dentro de un matrimonio lo asumen como algo natural de la dinámica de pareja y no como un acto de violencia psicológica o patrimonial, o de amenazas… Nos hemos encontrado, que las victimas que hemos atendido en el Grupo de Apoyo Psicosocial Linda Loaiza, hay sentimientos muy arraigados o que derivan del proceso de revictimización, cuando las victimas asisten a interponer la denuncia tienen un sentimiento de vergüenza, que es su culpa en estar en esa situación, cuando en realidad son las víctimas”.

Estos sentimientos de culpa y desamparo ocasionan que muchas mujeres víctimas de violencia no interpongan la denuncia debido a que han perdido la confianza en las instituciones, dejándolas solas y carentes de protección ante una situación que amenaza su seguridad, integridad física o psicológica y hasta su vida. La ineficiencia de las instituciones del Estado no solo genera desconfianza en el sistema judicial, sino que impulsa a las mujeres a intentar resolver el problema de violencia al margen del sistema judicial y las instituciones del Estado.

El Estado debe garantizar la seguridad de todos sus ciudadanos sin discriminación, brindarle las medidas de protección adecuada y en el caso particular de las mujeres, atender sus denuncias sin revictimización.

Por otro lado, las mujeres que logran llevar a cabo la denuncia se encuentran con otras dificultades en el acceso a la justicia: el retardo procesal, la ineficiencia de las medidas de protección y la impunidad, así como la corrupción que se encuentra inmersa el sistema, en Mérida destacó el caso del ex juez Arquímedes Monzón del Circuito Judicial de Violencia de Género quién fue detenido por extorsión y agavillamiento. En todo este proceso, la revictimización por parte de la sociedad e instituciones se encuentra presente.

Las mujeres víctimas de violencia débilmente asistidas, afectadas emocionalmente, desconfían del sistema de justicia y en una gran mayoría desisten del proceso”, explica Yolima Arellano.

Daniel Pérez (seudónimo), abogado del Estado Mérida que brinda asistencia a las víctimas de violencia de género, comenta a modo personal:

…que, de cada diez casos de víctimas de violencia contra las mujeres formalmente denunciadas, uno finalmente pasa por todo el proceso y llega a su culminación con una sentencia firme emanada por el tribunal competente.

La victima comienza el proceso denunciando ante las instituciones a cargo, pasando por la fiscalía y su proceso de investigación, mientras tanto algunos victimarios con orden en su contra de medida de protección y seguridad, siguen provocando o incrementando su daño en sus víctimas; esto ocurre porque no hay eficiente seguimiento a los casos denunciados. Las mujeres víctimas de estos hechos violentos se desgastan en un proceso que no avanza de la mejor manera y termina por desistir, pasando en su mayoría de las veces por una violencia institucional”.

En el informe Mujeres al Limite (2019), se mencionan las prácticas que afectan el acceso a la justicia por parte de las mujeres víctimas de violencia de género, las mismas se han podido documentar por parte de activistas o profesionales que trabajan con las victimas en el Estado Mérida; e incluyen: las prácticas de “peloteo“ cuando estas mujeres acuden a los entes responsables de la denuncia, el retardo procesal, la inoperancia de las medidas de protección, la dificultad de ingresos a la sede de los tribunales, la carencia de espacios condicionados para que ellas no coincidan con sus agresores, el acceso por parte de las victimas a su expediente, y el cambio en las fechas de las audiencias e interrupción de los juicios.

Son pocas las víctimas o familiares que cuentan con la constancia y fortaleza para mantenerse durante todo el proceso judicial, el cual puede tardar años. En caso de un femicidio ocurrido en el sector de Pueblo Llano (Mérida), los familiares tuvieron que esperar 3 años desde agosto del 2016 para poder obtener una sentencia de femicidio con el agravante de violencia sexual perpetrado a una adolescente. De igual forma, no fue hasta agosto del presente año que se logró la sentencia por abuso sexual y embarazo de una menor de edad en Ejido (Mérida), hechos que ocurrieron durante el 2012 y el 2015. Lo terrible de ambos casos, es que tanto las víctimas, como sus familiares, se encontraron expuestos al escarnio público.

En Mérida, victimas y organizaciones en defensa de los derechos de las mujeres llevan una silenciosa batalla contra la violencia de género y la revictimización; son muchas las que se encuentran afectadas por el retardo procesal de sus casos, por la falta de protección del estado y las heridas de una agresión.

Es momento de que esta batalla, hasta ahora silenciosa, naturalizada y generalizada empiece hacer ruido, tenemos que alzar la voz y exigir tanto acceso a la información y estadísticas de violencia de género, la justicia para aquellas mujeres afectadas, políticas públicas eficientes que respalden y promuevan la Ley Orgánica para una Vida Libre de Violencia contra la Mujeres, educación con perspectiva de género y sensibilización para los funcionarios e instituciones y protocolos de acción ante las víctimas de violencia.