Por: Daniela Damiano

Las comunidades indígenas en Venezuela de por sí han estado históricamente relegadas al olvido por parte de las autoridades; actualmente y en medio de los estragos que produce la emergencia humanitaria compleja, su supervivencia es casi un milagro.

Situaciones tan básicas como poder movilizarse desde sus comunidades a la ciudad, recibir atención médica de calidad o simplemente adquirir alimentos o sembrarlos en sus propias tierras, se ha complejizado para estas personas en el estado Bolívar. Higinio Montiel, de 28 años y líder del pueblo yekuana de la región del Caura, no se cansa de denunciar que la indiferencia del Estado y la corrupción está matando de mengua a su gente.

“Estamos cansados de que el gobierno nos ignore y cuando exigimos la garantía de nuestros derechos nos maltrata y hasta nos detienen”, indicó Higinio, quien resalta que en tan solo el mes de mayo funcionarios de seguridad del Estado han detenido arbitrariamente a tres líderes sociales cuya labor siempre ha sido el reclamo de derechos para su pueblo.

Indígenas atacados

En una ocasión apresaron a un líder indígena que solo estaba llevando combustible para sacar de su comunidad a una persona en estado grave de malaria que tenía 2 semanas sin recibir tratamiento. “La escasez de gasolina nos ha aislado aún más y se nos hace imposible trasladarnos a centros de salud o a la ciudad para gestionar algún tipo de diligencia personal”.

Los militares acusaron a este líder de traficar gasolina, se la decomisaron y lo detuvieron por 72 horas, pero la verdad es que los indígenas del estado más extenso de Venezuela y rico, mineralmente hablando, se ven obligadas a comprar gasolina en el mercado negro o intercambiarla por alimentos o medicinas, que tampoco les sobra.

“Los militares se aprovechan de la desesperación de nuestros hermanos, muchas veces los mantienen detenidos entre una semana y un mes, los golpean y los obligan a dar falsos testimonios. Mientras esto sucede, ellos ya tienen su negocio montado y revenden la gasolina decomisada a los mineros o grupos armados”.

“Llevamos más de cuatro meses sin saber qué hacer ante la desaparición total de la gasolina. Es terrible porque la necesitamos para trasladarnos sobre todo por vía fluvial ya que nuestra comunidad queda a siete días del centro, lugar donde vamos regularmente a hacer nuestras diligencias o cuando necesitamos atención médica especializada”.

Los líderes no son solo los que se encuentran angustiados por la represión y violencia que generan grupos armados del Estado e ilegales, también lo están las personas que no se relacionan directamente con las exigibilidades de derechos.

“Silvia Delgado, la única enfermera que trabajaba en el ambulatorio tipo 1 de la comunidad pemón decidió irse tras los hechos violentos que ocurrieron en febrero entre indígenas y militares, donde varios hermanos fueron asesinados. Ella tiene mucho miedo de que le pase algo malo a alguno de sus tres hijos y decidió dejarlo todo y huir a Brasil”, dijo Endy Rodriguez, pemón y médico general del mismo centro asistencial.

La población pemón del municipio Gran Sabana de Bolívar, no ha recibido justicia tras el asesinato de cuatro miembros de su etnia en los ataques militares en la comunidad de Kumarakapay el 22 de febrero de 2019 y en Santa Elena de Uairén al día siguiente.

El abogado del Foro Penal, Olnar Ortiz, denunció que tampoco ha cesado la persecución y el temor de una nueva arremetida, lo que ha motivado a 966 indígenas de 14 comunidades de Gran Sabana a desplazarse a Brasil, esto lo hizo público durante la audiencia de seguimiento de las medidas cautelares a su favor y de los indígenas de San Francisco de Yuruaní convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como parte del 172 periodo de sesiones en Kingston, Jamaica.

Solicitó ratificar las medidas cautelares a su favor y de la población de Kumarakapay, ampliarlas a todo el pueblo pemón del municipio Gran Sabana y extenderlas a las tres comunidades indígenas en territorio brasileño, entre ellas Bananal y Tarau, en las que se han refugiado los pemones venezolanos.

Entre enfermedades virales y parásitos

Las enfermedades que más atacan a la comunidad pemón y yekuana son la malaria, infecciones respiratorias, escabiosis, hipertensión, neuropatías, cuadros diarreicos, vómitos y parásitos. Los ambulatorios que están cerca de estos pueblos no cuentan ni con gasas, por eso sus habitantes se ven obligados a salir de sus tierras para que los atienda un médico, especialmente cuando ya su medicina ancestral no hace efecto.

Endy Rodríguez, médico residente de 26 años, trabaja sola y con las uñas para una población de más de 1860 personas. De todo falta en su ambulatorio. El último cargamento de medicinas llegó hace 2 meses, ahora solo le queda referir a los pacientes que no puede curar al hospital de Santa Elena de Uairén, a 45 minutos del pueblo.

“Cada vez que le digo a una persona que no la podemos atender aquí en el ambulatorio por falta de medicinas se me parte el corazón. Sé que si la remito al hospital probablemente tampoco la atiendan, además de que deben gastar mucho dinero en el pasaje, cobran hasta 20 reales brasileros, que vienen siendo 30 mil bolívares por persona. Los choferes ya no aceptan bolívares”.

“Tener a una persona con alguna enfermedad grave dentro de la comunidad es angustiante porque no tenemos la facilidad de sacarlo del pueblo, pero lo más trágico es que cuando conseguimos llevar a un hermano al hospital es que nos digan que no lo pueden atender porque no tienen medicinas o que debemos antes comprarlas para que lo vean”.

En el mes de mayo murieron 5 individuos del pueblo yekuana entre niños, adultos y personas mayores, todos a causa de la imposibilidad de tratar adecuadamente sus enfermedades. “Cada día vemos cómo nuestros hermanos enferman, empeoran y mueren. A nadie le importa lo que sufrimos”.

Vidas intoxicadas

La actividad minera ha desmejorado  significativamente la vida de los pueblos indígenas y los que habitan a las orillas del río Caura lo saben de la peor manera. Además de constituir un megaproyecto extractivista impuesto por el Estado venezolano, cuya ejecución no fue consultada por los habitantes de la zona, se ha convertido en la principal causa de hambre y envenenamiento.

“Nosotros cultivamos la tierra para comer, así lo hemos hecho toda la vida. Sin embargo, el mercurio que procede de la actividad minera está contaminando nuestros alimentos. La siembra y los animales que comemos están envenenados por este químico y nosotros nos estamos envenenando también”, dijo Higinio.

Un estudio realizado por la fundación de salud brasileña Fiocruz, junto a la Asociación Yanomami Hutukara y la Asociación Yekuana APYB, revelan niveles alarmantes de mercurio entre los pueblos indígenas yanomami y yekuana.

“Buscadores de oro ilegales están contaminando los ríos de los indígenas con el mercurio que utilizan durante el proceso de extracción del metal áureo. El mercurio entra entonces en la cadena alimentaria a través de las aguas del río que beben y de los peces que constituyen una parte fundamental de su dieta”.

Además de la contaminación alojada en cada alimento que consumen, estas comunidades se ven desplazadas por grupos armados que llegan a sus territorios exigiendo desalojo inmediato.

En muchos casos, doblegan a los indígenas y los mantienen haciendo actividades contra su voluntad. “Han llegado a secuestrar a nuestros hermanos para que les sirva de motoristas de las lanchas, esto les facilita a los grupos armados trasladar cargamentos sin la amenaza de que los detengan”.

“El Estado en vez de proteger nuestra cultura y territorios permite que grupos ilegales nos echen como perros de los lugares que hemos habitado por siglos”, denuncia Higinio quien tiene dos niños que desea que vivan tranquilos y aprendan las costumbres de su pueblo.  

Huir antes que morir

La desprotección estatal y el peligro que viven los indígenas gracias a las pugnas de las minas, ha generado que muchos de ellos huyan definitivamente de sus tierras y sin recursos se aventuren a cruzar fronteras.

“Al menos el 25% del pueblo indígena sanema –también de la región del Caura - se ha ido de Venezuela. Muchos amigos de ese pueblo no han resistido más la crisis y han decidido marcharse solos o con sus familias buscando seguridad y mejores condiciones de vida”, comentó Higinio.

Endy forma parte del talento humano venezolano que se ve obligado a migrar para sobrevivir. Para ella la situación es insostenible y solo está esperando culminar su rural para irse a ejercer la medicina a Brasil.

“Aquí lo que gano son 36 mil bolívares al mes, cuando un kilo de harina pan cuenta 28 mil. En Brasil me espera una tía que también es médico y me ayudará a entrar en un hospital.

Algunos no tienen la misma suerte que Endy en tener a alguien que los espera al otro lado de la frontera. Muchos otros indígenas no tienen recursos para llegar a Brasil y deben quedarse meses trabajando en condiciones precarias en otras zonas para conseguir el dinero que los llevará a su destino final.