En el estado Bolívar la situación de salud es cada vez más grave. Sus habitantes se enfrentan a la reaparición de enfermedades que habían sido erradicadas, pero que están vinculadas a la explotación minera. También, al terror que sufre todo el que vive con alguna condición crónica de salud que no pueden ser tratada.

En Bolívar, los municipios Heres y Caroní concentran la mayor cantidad de población. Como en toda Venezuela, hablar del derecho a la salud en la actualidad, es tener que referirse a las múltiples denuncias de informes de organizaciones de la sociedad civil1 que dan cuenta, del dramático retroceso en esta materia producto de una Emergencia Humanitaria Compleja que impacta a toda la población. Sin duda alguna, este derecho en específico ha sido vulnerado con mayor rudeza una y otra vez.

Lo que ocurre, en este sentido ha sido advertido desde instancias internacionales quienes catalogan toda esta situación como una catástrofe inmensa (Banco Mundial, 2019); espiral de violencia sin fin (ACNUDH, 2018); entre los 15 países que vivirán las peores crisis humanitarias en este año (Europa Press, 2019) y que ocupa los primeros puestos en corrupción y falta de competitividad, con dramático desmoronamiento de la institucionalidad, la economía y el bienestar, sin que haya mediado una guerra (FMI, 2018).

Desde 2013, defensores del derecho a la salud y a la vida indicaban lo que hoy es una realidad y que las autoridades negaron para no atenderla. En ese momento, ninguna sanción económica se vislumbraba y también se estaba a tiempo de impedir lo que hoy vivimos, o al menos, responder rápidamente y garantizar la salud y la vida digna. Hoy la situación ha empeorado y son muchas las barreras que en este ámbito deben ser superadas.

Hospitales y ambulatorios ubicados en Ciudad Guayana han perdido sus capacidades para prestar servicios, muchas de las clínicas privadas de Puerto Ordaz cerraron como producto del severo declive de las empresas de suministro. Las condiciones del principal hospital de Ciudad Bolívar, Ruíz y Páez, son inhumanas sencillamente porque no hay insumos para operar y las vidas corren peligro inminente debido a la precariedad de ese recinto de salud.

“Yamileth Hernández cuenta cómo su hija de 12 años contrajo malaria: “Al principio los médicos no sabían cómo diagnosticar, son pocos los profesionales de la salud que trabajan en el hospital y la vieron al tercer día, cuando ya la fiebre había hecho que la niña convulsionara”.

La epidemia de malaria en Guayana se acrecienta y los químicos usados en la minería ilegal, tales como mercurio y cianuro, dejan graves consecuencias en mujeres jóvenes y, especialmente, en las embarazadas. El mercurio orgánico (metilmercurio) que se concentra en los peces de los ríos contaminados afecta a los embarazos. El mercurio pasa al feto dañando su sistema nervioso y cerebro. Los químicos en el cuerpo de las mujeres dan lugar a nacimientos de niños y niñas con graves deficiencias motoras, neuronales y cerebrales según lo indica el reporte de Emergencia Humanitaria Compleja del estado Bolívar realizado por organizaciones de derechos humanos.

Actualmente se han extendido progresivamente epidemias y enfermedades que habían sido erradicadas. Un retroceso que habla del colapso del sistema de salud nacional. La expansión de la malaria en Bolívar, sobre todo a partir del desarrollo del Proyecto “Arco Minero del Orinoco”, generan fuertes y graves implicaciones ambientales para los habitantes de la zona y la biodiversidad de la región, así como del progresivo desmantelamiento de la estructura de vigilancia control y tratamiento de la enfermedad desde el Ministerio de Salud. Denuncias en reiteradas oportunidades advertían que la malaria, el sarampión, la difteria y el paludismo se han diseminado desde el estado Bolívar, producto de la explotación minera.

“El programa de vigilancia, diagnóstico y control de la malaria se ha ido desmantelando poco a poco desde 2012, producto de toda la crisis política y económica” que sufre Venezuela, lo que ha “magnificado la epidemia de malaria de manera descontrolada”, así lo señala una investigación de la Universidad Central de Venezuela realizada por la doctora María Eugenia Grillet.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció la emergencia y dispuso apoyar a Venezuela junto a Nigeria, Sudán del Sur y Yemen que enfrentan una situación similar.

“Al menos tres enfermedades que han regido en los últimos tiempos con más fuerza en la zona son el sarampión, la difteria y el paludismo. Pareciera que se han diseminado desde Bolívar y esto se debe a la explotación de minería en el municipio Sifontes”, advirtió Manuel Guzmán, jefe de servicio de infectología del Hospital Vargas en Caracas.

Terapia intensiva en todas las áreas de la salud 

Jhonathan Castañeda es médico cirujano y cuenta que su experiencia profesional en Bolívar, específicamente en el Hospital Ruíz y Páez, es una pesadilla que se acentúa a medida que pasa el tiempo.

“Hay déficit de todo, sobre todo de profesionales de salud y eso genera un grave problema porque hace que el colapso sea más rápido. En el hospital nos falta todo, y por ende, la afectación de la atención primaria en el área es imposible de maquillar”, lamentó el joven galeno.

El profesional comenta que en las clínicas pasa exactamente lo mismo y el derecho a la salud no está garantizado. Con dolor los médicos se enfrentan día tras día a una situación que nadie aguanta y que, muchas veces, se sabe que ocurre porque son las autoridades quienes quieren que sea así.

“Las cifras no salen a la luz y es complejo acceder a ellas porque a muchos les interesa que esto sea así. La incidencia en VIH en el estado Bolívar es alta y eso es algo que ha ido creciendo como los casos de tuberculosis”.

Otro de los ejemplos, que ofrece el médico de las distintas situaciones de la Emergencia Humanitaria Compleja en esa región es justamente lo que pasan las personas que tienen que someterse a cirugías electivas (una histerectomía).

“El paciente tiene que conseguir todo. Desde la gasa estéril hasta la solución que va a utilizar, incluso la anestesia necesaria para realizar la intervención. Esto hace que muchas personas no se traten porque no cuentan siquiera con los exámenes básicos para hacer la cirugía y origina que alguna condición que se podía evitar no se pueda tratar o se prolongue y por ello es que muchas personas mueren de causas prevenibles”.

El colapso sin precedentes influye considerablemente en el deterioro de la calidad de vida de los venezolanos y en el incremento de muertes por causas evitables, al ser ese, precisamente, uno de los efectos más duraderos de la crisis de salud en el país.

Cautelares incumplidas

El primer beneficiario venezolano de una medida cautelar otorgada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por no tener tratamiento para poder vivir, Johonnys Hernández, sabe que las sanciones económicas no son la causa de la desmejora de su estado de salud.

“La medida cautelar no se cumplió. Al principio y por seis meses obtuve el medicamento, pero no fue porque hicieran la compra, sino que lo que me proporcionaron correspondía a personas con hemofilia de Ciudad Guayana. Es decir, me asignaban el medicamento que era de otra zona, para indicar que cumplían. Eso solo lo pudieron hacer por ese tiempo y no se cumplió lo que mandaba la medida”, dijo Hernández.

Desde el mes de diciembre está muy afectado y no solo por la falta de medicamento, sino también de alimentación. En enero Johonnys perdió el conocimiento por más de 15 minutos a causa de desvanecimiento por tener varios días sin comer ya que por tener hemofilia y no acceder a su tratamiento no puede trabajar, los sangramientos son prolongados y no puede valerse por sí mismo.

“Estoy muy afectado, no solo en la salud física sino en lo emocional. Yo mismo soy mi psicólogo y trato de mantenerme para no caer en depresión. Acción Solidaria me ha apoyado con alimentos y suplementos y con eso he podido sobrevivir. En este momento peso de 49 a 50 kilos y estoy débil. No es el deber ser el hecho que una ONG me ayude. Yo debería tener mi tratamiento y poder trabajar y mantenerme”.

Desde el área legal de Acción Solidaria se hace seguimiento a la situación de salud de Johonnys Hernández ya que evalúan exigir que se solicite al Estado el cumplimiento de la medida y que además se le otorgue una indemnización, debido a que no puede valerse por sí mismo a causa de una condición de salud perfectamente prevenible con una política que garantice medicamentos a la población.

“Deben ser garantes de mi salud y por todos los daños que he sufrido merezco una indemnización económica porque no es posible que no se invierta en salud, pero sí en armas y en uniformes para los soldados. La gente muere y yo creo que deberían cumplir el mandato de la CIDH porque sin medicamentos yo estoy inutilizado e imposibilitado”, finalizó.

Una emergencia sin fin en el estado más rico del país

El gobierno venezolano está fallando en su responsabilidad de proteger a los ciudadanos, independientemente de su filiación política y esto lo sabe el mundo entero con la ola migratoria que se ha acentuado. En Bolívar la migración forzada es hacia Caracas, ya que muchas personas con alguna condición de salud se trasladan para salvar sus vidas.

“Entre los grupos más vulnerables se encuentran personas con enfermedades crónicas y graves, mujeres embarazadas y lactantes, recién nacidos, niños y niñas menores de cinco años, indígenas, adultos mayores, en situación de riesgo y con discapacidad. Al hospital Vargas de Caracas llegan para salvar sus vidas pero tampoco es mucho lo que aquí se puede hacer”, afirmó el doctor Manuel Guzmán.

Debido a la situación humanitaria, se ha visto muy afectada la atención médica y el suministro de combustible, ya que los cortes eléctricos dejan al estado sin servicios básicos, y esto continúa ocasionando muertes evitables y la aparición de las enfermedades erradicadas.

“La escasez o inexistencia de medicinas y de atención médica en los servicios de salud públicos en Bolívar nos lleva a prácticas de época de las cavernas. Mujeres indígenas y niños afectados no tienen garantías de acceso a diagnósticos ni a tratamientos”, aseveró el médico.

El colapso de servicios básicos agrava los problemas de saneamiento de los centros de salud del estado y los hospitales no reciben agua de manera regular. Los cortes eléctricos constituyen un aspecto de enorme preocupación, ya que no cuentan con plantas para mantener encendidos equipos de soporte vital.

La ausencia de medicinas también ha obligado a los especialistas de las emergencias a asumir costos que no les corresponden. “Muchos de nosotros, que tampoco ganamos salarios dignos, corremos con los gastos de gasas, guantes estériles e inyectadoras”, comentó el médico Jhonathan Castañeda.

Se debe exigir una solución inmediata y un espacio humanitario con apoyo internacional que ayude a atender la crisis hospitalaria para poder hacer frente a todas las situaciones de salud que dejaron de clasificarse entre graves, prevenibles o tratables para ser una catástrofe que se tiene que parar. La vida en Bolívar y en Venezuela es una ruleta rusa que en épocas de bonanza económica, ni en sueños se estimaba, que se atravesaría por algo similar. Las organizaciones de la sociedad civil tienen el papel fundamental de continuar documentando estos casos para que no se sigan repitiendo y el derecho a la salud sea posible nuevamente.