“Nosotros hemos decidido, porque la experiencia nos ha indicado, que las respuestas rápidas pueden salvar vidas y evitar situaciones muy graves de violaciones de derechos humanos. Por ello, alguien tiene que alzar la voz de una manera bastante firme y dura, que denuncie las injusticias y caracterice la situación de lo que ocurre en Venezuela", declaró el coordinador de investigación de Provea, Marino Alvarado

Para las víctimas de violaciones de derechos humanos, defensores, abogados y activistas, una de las voces icónicas y de referencia obligatoria al momento de hablar de las luchas contra las injusticias y los abusos de las autoridades es la del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), quienes desde 1988 han estado al frente de las acciones por los derechos sociales, económicos y culturales en Venezuela.

Su actual coordinador de investigación y anterior coordinador general, Marino Alvarado, destaca que Provea se ha mantenido como un espacio de encuentro para los luchadores que actúan en beneficio de otros, de las víctimas de violaciones de derechos humanos, ya que sus fundadores (Ligia Bolívar, Dianorah Contramaestre y Raúl Cubas) son ejemplo vivo de esta misión.

“En Provea hemos atendido a empresarios, mantenemos una lucha contra la impunidad y los abusos policiales, pero también hemos llevado casos de funcionarios de la DGCIM, de la ya extinta Policía Metropolitana, la PNB, GNB, hemos atendido a Coroneles, Generales, personal de la armada; es decir, es un espacio con las puertas abiertas para cualquier víctima de violación de derechos humanos. Incluso, atendimos a Nicolás Maduro cuando era sindicalista y fue despedido, tal como ahora son despedidos muchos dirigentes sindicales”, recordó.

Con base en la experiencia de más de 30 años en la defensa de los derechos humanos es que los 13 integrantes de Provea han decidido mantener el tono de voz alto frente a lo que ocurre en el país.

“Nosotros hemos decidido, porque la experiencia nos ha indicado, que las respuestas rápidas pueden salvar vidas y evitar situaciones muy graves de violaciones de derechos humanos. Por ello, alguien tiene que alzar la voz de una manera bastante firme y dura, que denuncie las injusticias y caracterice la situación de lo que ocurre en Venezuela”.

Una voz por la institucionalidad

Los casos sobre los cuales Provea actúa son los relacionados a violaciones o vulneraciones a los derechos laborales, a la salud y a la vivienda digna, sin embargo, desde hace ya cuatro años incluyeron dentro de sus planes la lucha por la institucionalidad, la libertad y la democracia en Venezuela.

“Además, en 2010 vimos que las protestas estaban siendo criminalizadas e incluimos como objetivo la lucha por la defensa del derecho a la manifestación pacífica”.

Por ello, además, Provea ha llevado adelante proyectos de educación en derechos humanos especialmente dirigidos a sectores populares, organizaciones comunitarias, ONG, estudiantes y trabajadores, con el fin de incidir directamente en las transformaciones de la sociedad venezolana actual y materializar los cambios necesarios para el desarrollo del país.

“Estamos convencidos de que para que llegue la normalidad deben producirse cambios profundos y reales, pero por medios pacíficos y democráticos”, destaca Alvarado.

Mediante publicaciones impresas, digitales, campañas, talleres, cursos y demás actividades, la organización ha formado a monitores de derechos humanos en comunidades vulnerables, así como ha publicado los Módulos Audiovisuales de Educación en Derechos Humanos (1996) y desde el año 2000 se ha realizado el Seminario Anual de Formación en DESC. Entre sus últimos lanzamientos se encuentra la web “2017: Año de protesta en rebelión”.

Cambios por los más vulnerables

En los 30 años de incansable labor, Provea ha logrado adaptarse al cambio de la tecnología, la sociedad y la situación en el país. Por ejemplo, Alvarado destaca que en la actualidad es mucho más sencillo comunicarse con los ciudadanos: “Antes dependíamos de los medios que nos dieran espacios para entrevistas, ahora podemos comunicarnos directamente con las personas a través de las redes sociales”.

Es justamente a través de las redes sociales donde las Organizaciones de Derechos Humanos han podido actuar pese a la censura, la crisis y las limitaciones.

“Al convocar una rueda de prensa en el año 2000 podían llegar más de 30 medios de comunicación, pero a medida que se han cerrado los medios han asistido cada vez menos periodistas”, apunta Alvarado, quien destaca que incluso los ciudadanos buscan la información directamente por medios digitales, ya que ha sido la manera más fidedigna de comunicación entre Provea y las personas.

Sin embargo, esta exposición en la palestra pública ha tenido como consecuencias la agresión verbal por parte de autoridades venezolanas a través de los medios de comunicación del Estado, que no han hecho mella en la capacidad de los defensores de derechos humanos para actuar.

“En los años que yo tengo en Provea, nunca hemos sido allanados, sometidos a juicios penales, pero lo que sí hemos sido es atacados a través de los medios públicos en los años de Chávez y ahora con Maduro”.

Defensoría de la impunidad

Una de las más grandes frustraciones que expresa Marino Alvarado es ver cómo el poder, el Estado, ha llevado a desvirtuar la labor de una institución que se creyó como modélica –en el papel- para la defensa de las personas, pero que en la práctica se convirtió en una herramienta más de la impunidad.

“Uno se siente un poco frustrado al ver que una persona que ha tenido toda una trayectoria tan interesante y combativa, como la del actual defensor del pueblo, que se centró en denunciar los abusos y ejecuciones cometidos por la policía, hoy no solamente mantenga silencio frente a los graves abusos que se cometieron durante las OLP y ahora por el CICPC y las FAES”.

Alvarado señala que incluso el actual Fiscal General de la República, cuyo cargo anterior era precisamente el de Defensor del Pueblo, también funciona como parte del aparato represor del Estado.

“Desafortunadamente fue cooptado por el gobierno en la Fiscalía y, peor aún, se ha vuelto un instrumento para la persecución y la impunidad en el país. Es una herramienta de la represión”, lamenta.

Por ello, Alvarado asegura que Provea mantendrá su postura firme frente a la censura, la impunidad y los abusos de poder, tenga las consecuencias que esta decisión pueda tener, ya que su labor no está fundamentada en la búsqueda de reconocimiento público, sino en la obtención de verdad, justicia y reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos en Venezuela.