Miércoles, 04 de septiembre, 2019
Alvarenga, Luis Miguel
“Hay estudios desde hace 20 años, aunque hace cinco años se dejó de hacer, que señalan que en la zona de El Callao (estado Bolívar) hay concentraciones muy altas de Mercurio en personas asociadas a las minas del Arco Minero del Orinoco", alertó el coordinador de la organización Clima 21-Derechos Humanos y Ambiente, Alejandro Álvarez
“No existe la minería sostenible y el proyecto del Arco Minero del Orinoco no es para nada responsable ni ecológico”, sentencia el defensor de los derechos ambientales y coordinador de la organización Clima 21-Derechos Humanos y Ambiente, Alejandro Álvarez, al ser consultado sobre la viabilidad del plan extrativista que hasta ahora solo ha generado destrucción en Venezuela.
Desde 2016, un decreto presidencial declaró la zona como objeto de desarrollo estratégico nacional, que permite la explotación de riquezas minerales en 111.843 kilómetros cuadrados al sur del país, justo en la región donde más parques nacionales y reservorios ambientales existen en Venezuela.
Álvarez destaca que las consecuencias del Arco Minero del Orinoco son visibles incluso a largas distancias, pero más graves aún son las que están ocultas, debajo de la piel de las personas que día a día viven en las riberas de los ríos de los estados Bolívar y Amazonas, comen los peces de la zona, respiran el aire contaminado que proviene de las minas o, lo que es peor, trabajan en ellas.
“La principal tragedia en el Arco Minero es la contaminación por mercurio; un tema oculto porque no tenemos claro la magnitud exacta, ya que la se niega su existencia y no hay información”, señala el biólogo de profesión y doctor en ecología.
Desde el espacio, haciendo uso de las fotografías satelitales, se pueden observar los miles de puntos en donde se extraen minerales en la conocida región guayanesa. Álvarez explica que el 85% de los yacimientos mineros en toda la Amazonía se encuentran en Venezuela.
En cada yacimiento se utilizan enormes cantidades de mercurio para aislar las pepitas de oro que se encuentran dispersas en las rocas. Ese químico luego es quemado o drenado al suelo, e incluso a los mismos ríos.
“Hay estudios desde hace 20 años, aunque hace cinco años se dejó de hacer, que señalan que en la zona de El Callao (estado Bolívar) hay concentraciones muy altas de Mercurio en personas asociadas a las minas (…) Además, hay datos que yo pude conseguir sobre mediciones de contaminación por mercurio en comunidades yanomani dentro de Brasil, pero cercanos a la frontera con Venezuela. Esa comunidad se mueve de un lado a otro porque para ellos no existen las fronteras y, por ende, están todas contaminadas”.
Añade que las mismas comunidades aledañas al río Caura, en el estado Bolívar, solicitaron a diversas organizaciones el estudio por contaminación de mercurio en las personas que ahí habitan. El resultado fue que la concentración de este químico en las personas es muy superior a lo establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como peligroso.
Ese estudio fue compilado en un informe muy duro, que revela la magnitud del desastre ecológico y social del Arco Minero del Orinoco, pero que lamentablemente fue invisibilizado. “No está disponible públicamente porque podría tener graves consecuencias para esa organización”, explica Álvarez.
Detener y resarcir
La censura impuesta en el país ha dejado en el limbo la posibilidad de determinar cuántas personas están contaminadas, desde hace cuánto tiempo e impide establecer planes para la detención de este problema y el resarcimiento de los daños causados.
Por ello, Álvarez insiste con mucha dureza que “los costos sociales y ambientales de la minería son tan altos que ningún beneficio económico lo puede compensar y, por ende, el costo de reforestar las zonas dañadas es muy alto, es un dinero que Venezuela no podrá tener”.
Una de las decepciones más grandes que ha tenido el defensor es la postura de algunas organizaciones internacionales sobre este tema, que han mantenido el silencio y la inacción por considerar que el Arco Minero del Orinoco, la destrucción de las reservas forestales y la biodiversidad, son asuntos políticos y no de carácter medioambiental y de derechos humanos.
Por ello, Álvarez visualiza que en el futuro se tendrán que desarrollar trabajos sobre la justicia ambiental internacional, que a su juicio “debería comenzarse de forma regional en América, porque tenemos mucho que investigar”.
Entre los asuntos más apremiantes en esta ardua labor se encuentran las víctimas de violaciones de derechos humanos, producto del aval del Estado para la extracción de minerales a cualquier costo, y sus consecuencias directas e indirectas.
“Hay que identificar las violaciones de derechos humanos, atender a las personas, resarcir los daños y posiblemente haya que reordenar toda la zona para ver qué se puede hacer, ya que tenemos que identificar los lugares que no han sido tan dañados para protegerlas lo más posible”.
El coordinador de Clima 21 insiste en que es necesario presionar desde todos los sectores de la sociedad para que se pongan controles a la extracción de recursos naturales, se suspenda el Arco Minero del Orinoco y se lleve a la justicia a los responsables de las violaciones de derechos humanos cometidas por la acción minera.
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