Ser trabajadora sexual en República Dominicana para una mujer cisgénero es un riesgo debido al abuso policial y social que en este país existe, pero es doble el riesgo y discriminación para trabajadoras sexuales transgénero, quienes por su condición son más susceptibles a que les sean violados sus derechos humanos. Son perseguidas, torturadas y abusadas por quienes deberían ser garantes de su seguridad

En Latinoamérica y el Caribe, la violencia de género es considerada una epidemia. En República Dominicana, solamente en 2018 la Procuraduría General de la República Dominicana comunicó de que había recibido más de 71.000 denuncias de casos de violencia de género e intrafamiliar, y más de 6.300 denuncias por delitos sexuales, y otras 1.290 denuncias de violación. Según el Observatorio de Igualdad de Género de Latinoamérica y el Caribe, de la ONU, República Dominicana tiene una de las tasas de feminicidio más altas de la región, con más de 100 asesinatos por motivo de género,  registrados en 2017. 

De igual modo, según la ONG, TRANSSA (Trans Siempre Amigas), 47 mujeres transgénero han sido asesinadas desde 2006. El brutal asesinato en 2017 de Jessica Rubí Mori, cuyo cuerpo sin vida, fue hallado desmembrado en un terreno baldío, destaca la magnitud de odio y violencia a los que se enfrentan muchas mujeres transgénero en el país. En República Dominicana, los expertos en salud pública consideran que hay entre 87.000 y 97.000 mujeres cisgénero que practican trabajo sexual, lo que representa aproximadamente el 3,4% de todas las mujeres adultas, y entre 3.900 y 5.000 mujeres transgénero, muchas de las cuales ejercen trabajo sexual .

Aunque la compraventa de sexo entre personas adultas que consienten no es delito en República Dominicana, hay algunos aspectos de la organización del trabajo sexual que sí lo son. Incluso la criminalización de algunos aspectos del trabajo sexual tiene un efecto punitivo en las personas que lo ejercen al imponerles una categoría delictiva, lo cual a su vez fomenta las detenciones arbitrarias por parte de la policía (habituales entre los grupos señalados en el país) y permite la violencia y la discriminación contra quienes ejercen trabajo sexual. Los testimonios recopilados declaran con detalle cómo los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley son los principales violadores de la misma, golpean y humillan de forma habitual a las mujeres que ejercen trabajo sexual.

Al menos 10 de las 24 mujeres cisgénero entrevistadas para esta investigación describieron cómo habían sido violadas por agentes de policía, en muchos casos bajo amenaza con arma de fuego. La mayoría de las mujeres transgénero habían sido sometidas por la policía a actos discriminatorios y violentos que podrían constituir tortura u otros malos tratos, y que normalmente se centran en su identidad o expresión de género.

Exigencias: 

Al presidente de la República: Reconocer públicamente y condenar el uso de la violación como forma de tortura, así como otras formas de violencia de género utilizadas por la Policía Nacional, y dejar claro que todas las personas presuntamente responsables de estos delitos comparecerán ante la justicia en juicios justos ante tribunales civiles ordinarios

Al Congreso: Aprobar la legislación integral contra la discriminación redactada por CONAVIHSIDA, en consulta con la sociedad civil dominicana y de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos, para proteger a los grupos socialmente marginados frente a la discriminación institucionalizada y social.

A la Procuraduría General de la República: Garantizar que se lleva a cabo una investigación inmediata e imparcial cuando existan “motivos razonables” para creer que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley han infligido violencia sexual o formas de tortura o malos tratos específicamente relacionadas con el género, y garantizar también que los presuntos autores son enjuiciados en procedimientos que cumplan las normas internacionales de justicia procesal.

Al director general de la Policía Nacional: Condenar públicamente el uso de la violación y otras formas de tortura y otros malos tratos por miembros de la Policía Nacional y dejar claro que todo agente de policía que cometa esas violaciones de derechos humanos será acusado penalmente, procesado y juzgado en procedimientos que cumplan las normas internacionales de justicia procesal.

A las organizaciones feministas y al movimiento de Mujeres: Reforzar la colaboración con las organizaciones lideradas por personas que ejercen trabajo sexual y personas transgénero en la lucha contra la violencia sexual, la tortura y otros malos tratos por razón de género, escuchando y dando voz a las trabajadoras sexuales cisgénero y transgénero.

A los donantes y agentes internacionales: Animar al gobierno dominicano a aprobar la legislación integral contra la discriminación redactada para proteger frente a la discriminación institucionalizada y social de los grupos socialmente marginados.

En todo América Latina y el Caribe, la violencia de género está tan generalizada que se considera un problema de salud pública.