“Actualmente no hay ninguna cuenca que no esté afectada y contaminada con mercurio”, denuncia el biólogo venezolano con doctorado en ecología y coordinador de la coalición Clima 21, Alejandro Álvarez, quien se ha dedicado desde hace más de 30 años a la investigación ambiental y a promover los derechos ambientales como base de la existencia humana en el planeta

Venezuela es uno de los pocos países megadiversos en el mundo, que ha sido constantemente destacado por poseer inmensas riquezas naturales, pero que ha sido duramente castigado por la ignorancia y la avaricia desmedida.

El defensor de derechos humanos ambientales y coordinador de la Coalición Clima 21, Alejandro Álvarez, alerta sobre la contaminación existente en las aguas dulces en Venezuela, ya que la minería descontrolada está generando graves consecuencias en las reservas forestales del país.

“Actualmente no hay ninguna cuenca que no esté afectada y contaminada con mercurio”, denuncia el biólogo venezolano con doctorado en ecología, quien se ha dedicado desde hace más de 30 años a la investigación ambiental y a promover los derechos ambientales como base de la existencia humana en el planeta.

Ante esta grave situación, Álvarez señala que en el país están ocurriendo inmensas tragedias ambientales que han permanecido escondidos, que “son tan duros y graves, que prácticamente no queremos reconocer que Venezuela es exportador de oro de sangre”.

El Ambiente como centro

En los estados Bolívar y Amazonas, al sur de Venezuela, se ha desarrollado el proyecto Arco Minero del Orinoco, que busca explotar inmensas zonas para extraer oro, metales de alto valor y otros recursos naturales.

Sin embargo, este plan ha generado la destrucción del ecosistema, la contaminación de los ríos, el desplazamiento y ataques a los pueblos indígenas en la región y la comisión, por parte de autoridades y grupos armados, de delitos denunciados por organizaciones de la sociedad civil (OSC) locales.

Álvarez señala que, en el país y específicamente en la región de Guayana, “El número de personas muertas relativas a temas de territorio y ambiente es muy alto, pero no hay datos oficiales ni informes al respecto, eso es terrible”.

Pese a este contexto de alto riesgo y tensión, la labor del también especialista en gestión social del ambiente está enfocada en lograr que el ambiente, como derecho humano, se destaque en la agenda comunicacional para así incidir directamente en todos los ámbitos de la vida.

A partir de ese aspecto, se desprende la necesidad de avanzar en la comprensión del medio ambiente como una prioridad para la Venezuela futura, ya que es uno de los elementos que contribuye en el desarrollo sustentable de los países y que, en el caso local, es imprescindible para la garantía de los derechos humanos.

Para ello, Álvarez ha utilizado su experiencia en la educación ambiental, en la investigación y en la defensa de los derechos humanos para recabar datos que reflejen la magnitud de la contaminación por mercurio que existe en las cuencas de agua dulce en el país, que puedan servir como base para la transformación de esta situación.

“Cuando desarrollé el informe de contaminación por mercurio[1] me di cuenta que no puede trabajarse ese tema desde un enfoque técnico, sino que tiene que abarcar uno más amplio de derechos humanos”, apunta Álvarez.

Plantea además que la situación ambiental en el país puede tratarse desde los tres pilares de la gestión social, que incluye la participación de la ciudadanía, la educación en derechos humanos ambientales y la comunicación a través de todos los medios posibles, que permitan ir avanzando en la transformación del problema.

Avances por el ambiente de todos

Desde que se inició con el proyecto de minería masiva en el estado Bolívar, las organizaciones ambientalistas, defensores y otros organismos alzaron su voz contra este plan de destrucción del ecosistema, que poco a poco empezó a girar la mira de la opinión pública en el país.

“A partir de la crisis de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales y del Arco Minero del Orinoco empieza a moverse la opinión pública sobre el ambiente”, indica Álvarez como uno de los avances en obtenidos en materia ambiental.

Estos avances podrían realizarse de forma más expedita si se redujera el contexto de represión, la violencia generalizada, se permitiera el trabajo de las OSC y se tomaran en cuenta todas las recomendaciones generadas, no solo internamente sino desde el exterior.

Es por ello que para Álvarez sería de gran retribución y aliciente el hecho que su labor en investigación, incidencia y recomendaciones, así como la de todos los defensores de derechos humanos, sea tomada en cuenta por las autoridades, aplicadas y mejoradas por el bien de todas las personas.

Para el ecologista, el bien de todos los seres vivos es una prioridad, un medio y un fin de extrema necesidad, ya que “sin un ambiente sano, seguro y sostenible el resto de los derechos no existen”.