El Estado es responsable de los altos índices de violencia en dos niveles. El primero radica en su incapacidad para garantizar el derecho a la vida en contexto de violencia entre particulares y el segundo se centra en la implementación de medidas represivas para atender la delincuencia

Este jueves, expertos en temas de seguridad, políticas públicas y buena convivencia confluyeron con análisis y diagnósticos en la sala Cabrujas de Chacao en el marco del foro "Seguridad Ciudadana y la vida urbana" que llevó a cabo Amnistía Internacional Venezuela, en alianza con la organización Una Sampablera por Caracas, como parte de su proyecto Reingeniería de la Seguridad Ciudadana.

Nelson De Freitas, miembro fundador de Una Sampablera por Caracas, dio la bienvenida a los asistentes y exaltó que estos espacios sirven para analizar y potenciar las posibles respuestas ante las múltiples causas de la violencia en Venezuela y movilizan la opinión pública hacia la exigencia de políticas que garanticen la protección integral de las personas.

La perspectiva de Amnistía Internacional sobre este tema la expuso Natalia Gan, coordinadora del proyecto Reingeniería de la Seguridad Ciudadana, quien recordó que la ONG publicó mundialmente en septiembre pasado el informe “Esto No es Vida” donde se determina la responsabilidad del Estado venezolano en la violación del derecho a la vida y a la integridad personal de cientos de víctimas.

“El Estado es responsable de los altos índices de violencia en dos niveles. El primero radica en su incapacidad para garantizar el derecho a la vida en contexto de violencia entre particulares y el segundo se centra en la implementación de medidas represivas para atender la delincuencia, lo cual ha ocasionado graves violaciones a derechos humanos y en especial un número alarmante de ejecuciones extrajudiciales”, explicó Gan.

Además, indicó que la violencia es un fenómeno que viene afectando la vida de miles de venezolanos desde hace décadas, pero que en el contexto actual de emergencia humanitaria compleja ha agudizado la crisis de derechos humanos consolidándose como un factor adicional de expulsión migratoria.

Por su parte, José Luis Fernández-Shaw, sociólogo y especialista en violencia armada, explicó que la opacidad del Estado venezolano en la recolección y publicación de cifras sobre las muertes violentas en el país es una constante en todas las instituciones y un problema para analizar las causas de la violencia.

“Urge un sistema integrado de vigilancia de la violencia, donde los datos sean sistemáticos, consistentes y oportunos para la creación de políticas que reduzcan los índices de violencia”, concluyó.

De acuerdo con información disponible, la gran mayoría de las víctimas de la violencia armada son hombres, jóvenes, en situación de pobreza. En este sentido, Fernández-Shaw insistió que urge el diseño y la implementación de una política pública que le dé oportunidades a los jóvenes con la cual puedan construir proyectos de vida alejados de la criminalidad.

Sobre la violencia con enfoque de género, tema invisibilizado y subatendido por el Estado, el especialista alertó que Venezuela tiene la tercera tasa más alta de la región de muertes violentas de mujeres. “Si bien, la tasa es menor en comparación con los hombres, es muy elevada si nos comparamos con otros países”.

La arquitecta e investigadora del proyecto, "Crecimiento de la cultura ciudadana, seguridad e integridad física" junto al Observatorio Venezolano de Violencia y otras organizaciones locales, Carmen Ofelia Machado, resaltó que actualmente, se fomenta una nueva y caótica forma de vida urbana sujeta al control del territorio tanto por organismos de seguridad como por bandas armadas. Por ello y para reconciliar a las personas con su ciudad, se deben implementar políticas públicas integrales en torno a la vivienda y programas de inclusión especialmente en los barrios y sectores más vulnerables.

Hizo hincapié en la recuperación de la cotidianidad de la vida en la ciudad, ya que las personas por miedo a ser víctimas de la violencia han dejado de disfrutarla, lo cual constituye también una limitación a sus derechos.