La coordinadora general de la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu), Mairis Balza, indica que la organización ha recibido denuncias por desaparición de personas en la zona del Arco Minero del Orinoco, así como por prostitución forzada y presunto tráfico y trata de personas, delitos que han sido cometidos contra indígenas y pobladores de toda la región, pero que afecta con mayor gravedad a las mujeres y niñas

En el año 2011, el expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, anunció un proyecto extractivista a gran escala en el estado Bolívar, ubicado al sur del país, que comprende una extensa región en la que se encuentra además el Parque Nacional más emblemático, Canaima, así como la mayor reserva hidrológica y forestal del país.

Cinco años después, Nicolás Maduro ejecutó el proyecto del Arco Minero del Orinoco (AMO) que se extendería por 111.843,70 kilómetros cuadrados y que, de acuerdo a lo denunciado por la coordinadora general de la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu), Mairis Balza, ahora ha alcanzado zonas más allá del perímetro propuesto.

“Hoy día se ha extendido mucho más, trayendo consigo innumerables consecuencias ambientales, vulneración de derechos para la población indígena de 198 comunidades, y otros delitos conexos para el resto de las personas”, señala Balza.

Son muchas las organizaciones que se han pronunciado en contra del Arco Minero del Orinoco, así como las comunidades indígenas han opuesto resistencia a la invasión de su territorio ancestral y a la destrucción del ecosistema.

Balza indica que Codehciu ha recibido denuncias por desaparición de personas en la zona del AMO, así como por prostitución forzada y presunto tráfico y trata de personas, delitos que han sido cometidos contra indígenas y pobladores de toda la región, pero que afecta con mayor gravedad a las mujeres y niñas.

Además, las violaciones de derechos humanos en la zona son recurrentes. Presuntos enfrentamientos armados, la incursión de grupos armados irregulares y de guerrilleros, así como formas modernas de esclavitud son delitos que las autoridades no previenen ni castigan.

Documentar, denunciar y difundir

Codehciu se ha dedicado a documentar, denunciar y difundir las violaciones de derechos humanos en el estado Bolívar, así como a defender a las víctimas y acompañarlas con asesoría psicológica.

Por ello, ha publicado varios documentos en los que se detalla la situación de los derechos humanos en la entidad. En el Informe Anual de Monitoreo de las Ejecuciones Extrajudiciales (Abril 2018 – 2019), se indica que se registraron 140 asesinatos a manos de cuerpos de seguridad del Estado en la entidad, de los cuales 38 (27,14%) fueron ajusticiamientos, pese a ser registrados oficialmente como “enfrentamientos”.

“El sur del estado Bolívar concretamente en la zona en donde se encuentra la minería del oro (municipios Sifontes, Roscio y el Callao) se ha convertido en un espacio en donde la vida no vale nada, y los sueños de los mineros se desvanecen en ese ambiente hostil, es un espacio en donde convergen delincuentes comunes, presuntos grupos de las FARC y el ELN, mafias atraídas por el control de las minas y el Ejército venezolano, el enfrentamiento y la muerte han llegado para instalarse y hacerse cotidianidad”, describe el informe de Codehciu.

El documento, cita al Observatorio Venezolano de Violencia para indicar que en los municipios ya mencionados se registraron 37 víctimas de ejecuciones extrajudiciales, produciéndose un aumento continuo en esta cifra.

En el Arco Minero del Orinoco, de acuerdo a lo señalado por Codehciu, se han producido 32 muertes por ejecuciones extrajudiciales a manos del Ejército venezolano, el cual “siempre ha estado presente en la zona sur del estado Bolívar y a raíz de la declaración de la zona del arco minero se incrementó su presencia y con ello las ejecuciones extrajudiciales”.

La defensora de derechos humanos, Mairis Balza, señala que la respuesta de las autoridades ante estas denuncias y ante todas las violaciones de derechos humanos es nula.

“La realidad del Arco Minero revela un mundo paralelo, con un ‘Estado’ paralelo ejercido por grupos armados y delincuencia organizada”, destaca.

La Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) ha mantenido una alianza con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) para sensibilizar a las mujeres migrantes en temas de violencia de género y educación sexual.

Además, se prevé la implementación de un proyecto en ocho comunidades mineras en el estado Bolívar, en donde se recogerá información que será sistematizada en función de proteger a las mujeres.

“El proyecto busca empoderar a las mujeres en conocimiento de liderazgo, fortalecimiento comunitario, violencia de género, prevención de trata y tráfico”, apuntó.

Codehciu enfatiza en su Informe que es necesaria “la presencia de una oficina de derechos humanos en la zona que corresponde al arco minero, de manera que pueda atender a las violaciones que se generen en esos espacios, apoyar a las víctimas y familiares, pero además desarrolle programas educativos a nivel de la población y de los organismos que hacen vida en esos municipios (Sifontes, Roscio y El Callao) a fin de frenar las constantes violaciones a los derechos humanas”.

Balza insta a todas las personas que vean sus derechos vulnerados a denunciar a través de Codehciu, utilizando para ello el número telefónico 00100500, o el correo info@codehciu.org. Además, puede comunicarse con la organización vía las cuentas en Instagram, Twitter y Facebook para seguir de cerca el trabajo de la organización.