Patricia es una lideresa indígena del pueblo Kichwa de Sarayaku, en Ecuador, que defiende los derechos de sus tierras ancestrales y del medio ambiente.

Las actividades petroleras han dejado devastadoras consecuencias en las tierras ancestrales donde habita Patricia Gualinga, ubicadas en la zona este del Ecuador. A principios de enero, un desconocido atacó su vivienda en Puyo, provincia de Pastaza, arrojándole piedras contra las ventanas mientras le gritaba amenazas.

Patricia Gualinga estaba en casa con sus padres e hijo mientras ocurrían los hechos. Ese mismo día la defensora amazónica denunció lo sucedido ante la Policía Nacional y presentó otra denuncia ante la Fiscalía General en la provincia de Pastaza, sin embargo, hasta el momento, ni ella ni su familia han recibido medidas de protección, y no se han realizado progresos significativos en la investigación.

En la actualidad muchos líderes, defensoras y defensores de los derechos humanos de estas comunidades han expresado su preocupación por los efectos de la exploración y extracción de petróleo en sus tierras, territorios y sus fuentes de agua, siendo las cuencas de los ríos Villano y Curara las más vulnerables.

"El trabajo de las personas que defienden el ambiente, como las Mujeres Amazónicas y otras organizaciones de los pueblos indígenas, es urgente y necesario en Ecuador y en el mundo entero, ante los impactos cada vez más evidentes de la crisis ambiental global", manifestó Erika Guevara Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Todas las defensoras de los derechos ambientales de esta localidad, han denunciado en reiteradas ocasiones que han sido víctimas de acoso y han recibido amenazas como consecuencia de la defensa de estos derechos. En diciembre de 2017, tras días de movilizaciones y tras celebrar una reunión con la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), el Presidente Lenin Morales prometió la suspensión de las nuevas concesiones mineras y petrolíferas en tierras indígenas que se han acordado sin una “consulta previa”.

Después del ataque que sufrió Patricia y su familia tuvieron que abandonar su casa porque la dueña de la propiedad “vivía aterrada de que le sucediera algo”. Desde Amnistía Internacional hacemos un llamado a las autoridades ecuatorianas para asegurar la protección de Patricia Gualinga y de todos los defensores de la tierra.

 “El Presidente Lenín Moreno y la nueva Fiscal General, Diana Salazar, tienen en sus manos la oportunidad de poner fin a esta grave situación y garantizar justicia y protección para las Mujeres Amazónicas y cualquier persona que defienda los derechos humanos en Ecuador. Para esto, deben implementar una política nacional de protección y un protocolo de investigación de delitos contra ellas”, dijo Erika Guevara Rosas.