La presidenta fundadora de Defiende Venezuela, Génesis Dávila, calificó la visita de la comisión técnica de la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) como de gran importancia, ya que “el equipo técnico del alto comisionado de las naciones unidas para los derechos humanos está altamente preparado y que, evidentemente, conoce de la situación en el país”

El pasado mes de marzo arribó a Venezuela una comisión técnica de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) para evaluar la situación en el país y, además, preparar el terreno para una visita formal de su máxima funcionaria, Michelle Bachellet.

Ante este acontecimiento, las organizaciones de derechos humanos en el país, las víctimas de violaciones de sus derechos y distintos actores nacionales alzaron su voz para solicitar la apertura de investigaciones formales por la posible comisión de crímenes de lesa humanidad.

La presidenta fundadora de Defiende Venezuela, Génesis Dávila, calificó la visita como de gran importancia, ya que “el equipo técnico del alto comisionado de las naciones unidas para los derechos humanos está altamente preparado y que, evidentemente, conoce de la situación en el país”.

Por ello, enfatiza que las labores realizadas por la Oficina de la ACNUDH en Venezuela deben ser respaldadas, tal como se hizo en 2018 con el informe preliminar presentado con información de las Organizaciones No Gubernamentales y de la Sociedad Civil sobre la situación en Venezuela.

“Se trata de un trabajo técnico que debe ser apoyado y que ojalá las puertas estén abiertas para una visita más completa”, señala.

Amnistía Internacional se pronunció ante este hecho. La directora para las Américas de la organización, Érika Guevara Rosas, declaró que “Amnistía Internacional apoya a las víctimas de la crisis de derechos humanos de Venezuela en su lucha en pro de la verdad, la justicia y la reparación. Recibimos con satisfacción el compromiso de la oficina de derechos humanos de las Naciones Unidas”.

Además, enfatizó que “dada la magnitud y la gravedad de la crisis, así como los grandes obstáculos que encuentra la justicia en Venezuela, Amnistía Internacional insta al Consejo de Derechos Humanos a crear una Comisión de Investigación para monitorear la situación cada vez más grave del país e informar sobre ella, y para aclarar la responsabilidad de los crímenes de derecho internacional y las graves violaciones de derechos humanos”.

No basta con saberlo

Dávila recalcó que la crisis de derechos humanos en Venezuela ha escalado a tal magnitud que no basta con que solo la Organización de Naciones Unidas tenga conocimiento de ello para entenderlo, por lo que subrayó la necesidad de visibilizar todo lo que ocurra en el país. “Con o sin el reconocimiento de la ONU, esta situación no se puede ocultar”, sentencia.

La abogada venezolana pide, asimismo, a otros organismos multilaterales que corroboren la situación en el país, mientras se apoya la labor de la ONU, ya que es la única institución que ha podido tener acceso al país de forma oficial.

“Es importante mantener este espacio en la ONU como una vocería para que el mundo entienda lo que está pasando en Venezuela”.

Por su parte, Amnistía Internacional presentó en mayo el informe “Hambre de justicia: crímenes de lesa humanidad en Venezuela”, en el que se determina que “las ejecuciones extrajudiciales selectivas, detenciones arbitrarias y muertes y lesiones por uso excesivo de la fuerza que ha utilizado el gobierno de Nicolás Maduro de forma sistemática y generalizada desde al menos 2017, pueden constituir crímenes de lesa humanidad”.

Por ello, Guevara Rosas sumó su voz en nombre de AI para pedir a todos los Estados que “demuestren su respaldo inequívoco a las víctimas de estos hechos y no dejen impunes estos crímenes. La comunidad internacional no puede dar la espalda a las víctimas de esta crisis sin precedentes, tanto dentro como fuera de Venezuela”.

Entre las recomendaciones hechas por Amnistía Internacional se encuentran la creación de una comisión de investigación en el marco del Consejo de Derechos Humanos de la ONU durante su próximo período de sesiones en junio y julio de 2019, así como la activación de la jurisdicción universal por parte de aquellos países genuinamente preocupados por la situación en el país.

Corte Penal Internacional

Luego del pronunciamiento de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, la defensora venezolana indica que ahora se deben enfocar también los esfuerzos por lograr que la Corte Penal Internacional avance en el examen preliminar para abrir formalmente una investigación por crímenes de lesa humanidad.

“Ciertamente se hizo un avance importante el año pasado al abrir el examen preliminar respecto a la situación en Venezuela, no solo en febrero para evaluar la situación desde abril de 2017, sino que extendió la evaluación para los hechos sucedidos desde febrero de 2014. Por ello, es importante que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional avance hacia la investigación formal respecto a la situación de derechos humanos en Venezuela”, insiste Dávila.

Por último, la presidenta de Defiende Venezuela recordó que la denuncia hecha por el Estado venezolano a la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA) no cuenta con validez, por lo que las víctimas de violaciones de derechos humanos todavía cuentan con esta instancia para obtener justicia.

“No se siguió el proceso correcto, no se consultó a la Asamblea Nacional y en consecuencia no debería surtir efectivo, y aun cuando hubiese tenido carácter de legalidad, hasta tanto Venezuela no cumpla con las obligaciones pendientes derivadas de la Carta y de índole pecuniario no tendría efecto”, explica.

Apunta además que el Estado venezolano todavía tiene pendientes por ejecutar sentencias, medidas cautelares y recomendaciones hechas en múltiples evaluaciones e informes, por lo que hasta tanto no se cumplan, se permanecerá dentro del organismo.