En 2017 hubo una data dramática de asesinatos de defensores de derechos humanos y desde Amnistía Internacional seguimos haciendo un llamado para que esta situación cambie.

Bernardo Cuero era defensor de los derechos humanos y líder de víctimas desplazadas de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES) y fue asesinado en junio del 2017. Nueve meses después su hijo Javier Bernardo Cuero fue asesinado, precisamente el 19 de marzo del 2018, luego de que se presentaran cargos contra el presunto autor material de la muerte de su padre. Y aunado a esto, tiempo después asesinaron al hermano de Javier, Silvio Dubán Ortiz.

Los hechos demuestran que en todos los casos, los asesinos se dirigieron en moto hacia ellos y posteriormente dispararon, es decir, que fueron hechos previamente planificados que ponen en riesgo al resto de sus familiares, a pesar de que Bernardo solicitó en numerosas ocasiones protección para todos los miembros de su familia y las medidas de protección le fueron negadas. 

Es alarmante que en Colombia tan solo en el año 2017 hayan ocurrido 121 asesinatos de defensores y defensoras de derechos humanos. Estas injusticias no solo ocurren con personas defensoras de derechos humanos, en Colombia también se han visto afectadas comunidades enteras que han quedado a merced de diferentes actores armados, porque el Estado ha fallado en su obligación de protegerlos. 

Es preocupante la situación de desprotección y vulnerabilidad que afrontan los defensores de derechos humanos y sus familias en Colombia. En el 2017 la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos registró 441 ataques y en el año 2018 fueron más de 20 asesinatos.

Es imperativo que el Estado colombiano de una respuesta clara y efectiva que garantice la protección integral de personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales en Colombia, que vayan más allá de medidas policivas que son insuficientes tanto para las personas defensoras, sus familias y las comunidades a las que representan. En especial, el Estado colombiano debe desarrollar e implementar medidas urgentes para garantizar la protección concertada con miembros de comunidades afrocolombianas e indígenas teniendo como insumo principal las consultas de sus líderes, lideresas y organizaciones representativas. De igual modo, las investigaciones judiciales referentes a casos de asesinatos y amenazas de personas defensoras y sus familias deben llevarse a cabo forma efectiva e imparcial para que todas aquellas personas responsables, material e intelectualmente, sean llevadas ante la justicia. De no tomarse medidas urgentes ante la situación de las personas defensoras, seguirá reduciéndose el espacio de la sociedad civil y la continua violación de sus derechos humanos, lo que dificulta la implementación de una paz estable y duradera en Colombia.

Insta al Estado colombiano para que implemente un plan integral de protección para los defensores y defensoras de derechos humanos.

¡Actúa!