El Estado venezolano es el segundo en América Latina que más dólares ha invertido en la adquisición de pistolas y revólveres por persona; sin embargo, no hay información oficial disponible que comunique de forme clara la cantidad de armas adquiridas

Venezuela es el tercer país con mayor cantidad de armas ligeras en civiles, luego de Brasil y México, y pesar de que no las produce, la mayoría de los homicidios se generan con armas de fuego, indica el trabajo de investigación “Las armas de fuego en Venezuela” elaborado por la sociologa y especialista en violencia armada, juventudes, exclusión y vulnerabilidades, Andrea Chacón. 

El documento realizado para Amnistía Internacional, en el marco de su proyecto Reingeniería de la Seguridad Ciudadana, hace un recorrido que pasa por la exploración de elementos legales y de acuerdos internacionales vinculados a la situación de las armas de fuego y municiones en el mundo, América Latina y Venezuela; los flujos comerciales de éstas en los países de América Latina con mayor cantidad de muertes ocasionadas por disparos; el gasto público dedicado a temas de seguridad y la compra de armas en Venezuela; y, finalmente, se hace una revisión de las experiencias de control de armas y municiones exitosas en nuestro continente, para así, proponer estrategias para llevar adelante políticas públicas que regulen la comercialización, posesión, usos y accionar de las armas y municiones en Venezuela.

Chancón señala que el aumento progresivo de la violencia armada en Venezuela ha superado la situación de países con contextos de conflicto armado y narcotráfico; además explica que el incremento de la violencia se relaciona con la importación de armas, es decir, mientras más disponibilidad de armas haya, más homicidios se registran en el país. “La alta disponibilidad de armas facilita y hace mucho más letal un contexto que estructuralmente sufre de violencia en Venezuela”.

El Estado venezolano es el segundo en América Latina que más dólares ha invertido en la adquisición de pistolas y revólveres por persona; sin embargo, no hay información oficial disponible que comunique de forma clara la cantidad de armas adquiridas.

Tomando como ejemplos algunas experiencias positivas de desarme de países muy cercanos, el trabajo de investigación propone las siguientes recomendaciones:

• Construir políticas públicas de seguridad coherentes y que respeten los derechos humanos de las personas.
• Se hace necesario, el fortalecimiento, la transparencia y la coordinación entre distintos organismos públicos en la publicación de datos y estadísticas vinculadas con temas de seguridad en el país.
• Entre los requisitos legales contemplados para la adquisición, tenencia y porte de un arma, se propone la obligatoriedad de tomar cursos de derechos humanos a toda persona que tenga acceso a un arma.
• De forma urgente, debe tomarse acciones en relación con la actualización y auditoria del actual porte de arma, y sus mecanismos de revisión anual.

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Ante el repunte de las muertes por armas de fuego en el país, el control de armas, municiones y desarme no sólo se hace necesario, sino que es urgente. Además, deben tomarse acciones que permitan construir una política de seguridad coherente con los principios de respeto a la vida y los derechos humanos en general, contemplando un verdadero control de las armas que están en las calles, evitando filtraciones desde las fuerzas de seguridad del Estado y propiciando el desarme.