La historia que Ángela Aguirre no pudo contar fue conocida a través de las redes sociales. Anunciaban el horror de la desaparición de una adolescente de 16 años quien, llevada por su madre al Club Ítalo Venezolano de Guayana el sábado 23 de marzo para que asistiera a una fiesta de cumpleaños, fue cruelmente abusada y asesinada

La falta de registros oficiales convierte la violencia contra la mujer en una epidemia totalmente silenciosa que no ha sido atacada por las autoridades venezolanas adecuadamente. Pareciera que estos hechos son considerados un problema menor que solo se producen en contextos de pobreza y marginalidad, pero lo cierto es que se trata de un asunto cultural, que afecta a todos los estratos sin ningún tipo de distinción.

Bailarina asesinada delante de su hija

Con el caso de Mayell Consuelo Hernández Naranjo, bailarina de la Universidad Experimental de las Artes (Unearte) de 29 años de edad, asesinada el 3 de septiembre de 2018 en Charallave, estado Miranda, se pudo observar que aunque había denunciado ante el Ministerio Público (MP) el maltrato de su expareja, no se le garantizó seguridad ante el homicida y padre de su hija de 2 años. A pesar de que pudo evitarse, esto se convirtió en un feminicidio porque el Estado no reaccionó integral ni oportunamente a la denuncia de la víctima.

Luego del lamentable suceso y de las denuncias de los familiares de la víctima por las irregularidades cometidas en las investigaciones, el agresor fue puesto en libertad sin que la causa por homicidio llegara al MP; los familiares solicitaron el cambio de fiscal, mientras que algunos medios de comunicación reseñaron que el implicado no fue registrado en el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), ni en el servicio de Medicina Forense, y más grave aún, no fue reportado al MP.

Un caso que, desde el movimiento feminista y quienes hicieron seguimiento, se llegó a pensar que quedaría impune; pero, aunque transcurrió más de 7 meses se logró sentencia condenatoria a 30 años de prisión para William Enrique Infante Borges, por los delitos de acoso, hostigamiento, amenaza, violencia psicológica, violencia física, violencia sexual, femicidio agravado y asesinato de su expareja, Mayell Hernández.

Justicia para Ángela Aguirre

La historia que Ángela Aguirre no pudo contar fue conocida a través de las redes sociales. Ellas anunciaban el horror de la desaparición de una adolescente de 16 años quien, llevada por su madre al Club Ítalo Venezolano de Guayana el sábado 23 de marzo para que asistiera a una fiesta de cumpleaños, fue cruelmente abusada y asesinada. 

Contradicciones, acusaciones y señalamientos contra los padres de Ángela y periodistas se impusieron y pretendieron dar por terminada la investigación del caso tras la frase “sexo consensuado”. Pero, lo que sucedió es que el injusto dictamen enfureció a otro grupo de personas que clamó en una sola voz justicia para Ángela Aguirre.

Ángela salió a un cumpleaños que incluía un paseo en lancha y no regresó. Dos días después, su cuerpo fue encontrado en el río Caroní con signos de violencia sexual y fracturas. Familiares denunciaron extorsión e impunidad y la sociedad civil se organizó una vez más pronunciándose e imponiéndose frente a quienes desconocen que la violencia de género fue la primera causa de 448 asesinatos de mujeres en Venezuela durante 2018.

Más de 10 horas duró la presentación de los implicados, los cuales eran representados por dos exfiscales del estado Bolívar. Pasadas las 2 de la madrugada del sábado 16 de abril José Alberto Cedeño, de 18 años fue imputado por femicidio, abuso sexual, suministro de sustancias a una menor de edad, y omisión de auxilio y socorro. Mientras que las otras seis personas que acompañaban a Ángela; José Zorilla de 44 años; Orlando Salazar, de 35, Wilmer Díaz, de 30, Dayana Nicieza, de 28, Glauder Zorilla,de 19 y Joselyn Barreto, de 18; fueron imputadas por cómplices necesarios de femicidio y omisión de socorro.

“Por infiel la maté”

Sin digerir aún la indignación por el femicidio de Ángela Aguirre, durante los mismos días en que se exigía justicia, se dio conocer a través de los medios de comunicación digitales el asesinato de Carmen Méndez, y de su supuesto amante, Luis Chacón en el estado Carabobo. El supervisor jefe de la Policía Nacional Bolivariana en Carabobo, William Acosta, de 45 años de edad relató sin ningún titubeo como mató a su pareja. 

“Ella se vino desvaneciendo, la arrastré hacia la orilla”, dijo el policía. Luego que se desplomó la remató con un tiro en la cabeza. “La muerte fue a las 12:42 minutos, porque yo vi el reloj, del mediodía”.

El testimonio audiovisual desde el hospital reflejó como este hombre sintió que la víctima merecía morir por infiel.

“Yo le decía que era malagradecida porque yo había dejado a mi familia, a mi esposa con la que tenía 25 años, los dejé por ella. Estoy con ella desde que estaba en la escuela y bueno le daba todo. Me quiso echar a un lado”.

Aunque el agresor no estaba seguro de la infidelidad, al poco tiempo las redes sociales mostraban su opinión y exigían justicia ante este hecho. Algunos otros, hacían bromas machistas y misóginas por la manera en que fue presentado el video y los titulares de esta noticia.

Tratamiento comunicacional 

Las personas necesitan urgentemente educarse frente a la violencia de género, ya que este no es un problema menor ni un delito que se da pocas veces. La violencia nos invade en todas sus formas y las mujeres continúan siendo vulnerables por los prejuicios, etiquetas y discriminación en los distintos roles que ejercen en la sociedad.

Casos como estos no solo ocurrieron este año, ni el pasado. Sabemos que la hegemonía comunicacional, la falta de medios de comunicación impresos y audiovisuales y la constante información de temas políticos y sociales no permite que el tratamiento de la violencia de género sea el adecuado, pero los profesionales de la comunicación tienen el deber de capacitarse y educarse para la cobertura y la visibilidad del abuso contra la mujer.

Los llamados “crímenes pasionales” “homicidios” o “asesinatos” de mujeres por razones de “celos”, “peleas maritales” o “infidelidad”, son titulares que se pueden leer en la prensa escrita y digital por estos días. Aunque son una fotografía de las verdaderas cifras de violencia contra la mujer, que el Estado no publica, no están bien planteadas reduciéndose el impacto que esta información pudiera generar. Muchas veces, el tratamiento mediático de los femicidios y feminicidios pareciera justificar el crimen: “La maté porque era mía”, “fue infiel y lo pagó con la vida”, “sino es mía no es de nadie”, “crimen pasional”.

Es urgente que los profesionales de la comunicación se apropien del tema y lo presenten adecuadamente para incidir y educar a la ciudadanía. Es hora de que se muestre la violencia contra la mujer como un delito cuyos responsables deben ser llevados ante la justicia, sin que se culpabilice a la víctima ni a sus familiares. 

Las organizaciones y defensores del país que trabajan el tema de género recomiendan que en el tratamiento de la información y la difusión de estos hechos se debe:

• Evitar difundir imágenes de la víctima asesinada. Buscar otras antiguas, en vida o referenciales para no acentuar dolor en el círculo familiar.
• Evitar las frases "crimen pasional", "por celos" y todas donde se hagan juicios de valor y culpabilicen a la víctima.
• El periodista debe incidir con la historia y mostrar los hechos tales como son. La violencia contra la mujer es un problema social. No son casos aislados o hechos de tercer mundo.

Políticos e instituciones también deben actuar

Según un estudio del Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV) la violencia contra la mujer ocurre por la impunidad y desprotección de las instituciones del Estado, lo que lleva a que los casos de incrementen. 

Si bien es cierto que en Venezuela existen leyes y penas para la violencia de género, también es cierto que frente a este hecho son menos los actores del gobierno, políticos o figuras públicas que condenan o se toman estos crímenes como algo serio.

Es el momento de introducir en las discusiones importantes los temas de impunidad, desprotección y corrupción que se producen alrededor de la violencia contra la mujer, ya que si no se visibilizan generan la disminución de responsabilidades de los autores de femicidios.

Se debe también legislar y fortalecer temas de autonomía de las mujeres, sus derechos y sus libertades, de manera que quienes viven envueltas en violencia o son amenazadas, puedan encontrar formas de salir de dichas relaciones y proteger sus vidas. Ofrecer garantías y mayor y mejor acceso de las mujeres a la justicia; sobre todo sin revictimización.

Es urgente asumir el compromiso de la educación, no solo en temas de violencia contra la mujer, sino frente a la discriminación y abuso a la población históricamente vulnerada como lo son grupos LGBTI, pueblos indígenas, personas con VIH/Sida, entre otras.

Las campañas y la capacitación no se pueden retardar más, todos podemos poner un granito de arena y educar desde nuestros espacios para crear conciencia en la igualdad de derechos y el respeto por la vida y la dignidad humana.