El 27 de febrero de 1989, comenzó en la ciudad de Guarenas lo que se conoció como el Sacudón o Caracazo. Todo inició con una protesta por el aumento del pasaje de transporte público hacía Caracas, lo que desencadenó una serie de eventos desafortunados con una cantidad, hasta ahora, no determinada de muertos y desaparecidos.

Treinta años han pasado de los hechos que marcaron un antes y un después en la historia contemporánea venezolana; las causas, hechos y consecuencias son parte de un debate social que no llega a conclusiones definitivas. Hoy muchos se preguntan si ante la actual crisis que vive el país; no hay altas probabilidades de que se repitan situaciones iguales o peores, de las que se vivieron a principios de 1989. El deber del Estado es impedir que hechos como estos vuelvan a suceder, garantizando que la población goce de sus derechos sin discriminación.

Los principales afectados por la crisis de tal magnitud son los ciudadanos, que sufren las consecuencias de las malas políticas gubernamentales y la reacción desproporcionada de las fuerzas del Estado. Ante todo esto, es importante que la justicia responda oportuna y adecuadamente para resarcir los daños hechos por funcionarios policiales y militares ocurridos en el pasado y también en el presente.

El fin de una ilusión

Venezuela culminaba la década de los años 80, la elección para un segundo mandato, no consecutivo, de Carlos Andrés Pérez trajo en el imaginario de los ciudadanos el retorno a un país boyante, en el cual el ta’barato, dame dos fuera una regla de vida. Lamentablemente, el gobierno de los 70 de Pérez tenía grandes diferencias con lo que sería la gestión de principios de los 90.

Luego de la toma de posesión de Carlos Andrés Pérez, se tuvieron que tomar una serie de medidas económicas que se denominaron El Gran Viraje, trayendo un alto rechazo en la sociedad, ya que el aumento de la gasolina en un 100% y el del transporte público en un 30%; originaba una afectación del salario y, por ende, del poder adquisitivo.

Lo que parecía una simple protesta ciudadana en rechazo al aumento del pasaje, se convirtió en una convulsión social donde se produjeron graves violaciones a los derechos humanos, incluidas desapariciones, torturas y ejecuciones extrajudiciales. Oficialmente murieron 276 personas, pero muchos elevan la cifra a miles de víctimas fatales.

En muchos casos, familiares de las víctimas por la violencia y desaparición, siguen esperando que las autoridades determinen a los responsables y apliquen justicia.

Represión

Ante el colapso que vivían las fuerzas de seguridad, civiles, sobre todo, la respuesta de las mismas fue el uso de armas de fuego contra la población; la acciones de la Guardia Nacional no fue diferente y los enfrentamientos se acrecentaron. El gobierno tomando medidas de emergencia, se apoyó en el ejército para controlar la situación, el uso de efectivos militares, no acostumbrados a enfrentar ciudadanos en protesta, dejo mayor cantidad de muertos, heridos y desaparecidos.

Los acontecimientos del Caracazo, dejaron una visión muy distinta del país, los corresponsales internacionales se maravillaban ante lo que consideraban un país ejemplo para las democracias en el continente. Ahora veían una ciudad en caos, donde la regla del más fuerte dominaba; la protección al ciudadano se vio disminuida y en muchos casos había más desconfianza hacía los funcionarios policiales y militares.

El Estado no supo responder oportunamente ante los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad, la justicia no reaccionó ante lo que muchos expertos consideraron órdenes directas de jefes militares para disparar a la población. Incluso, se trató de enjuiciar al ministro de la defensa de aquel momento, por su responsabilidad directa por los hechos del Caracazo, pero en el año 2010, la corte de apelaciones de Caracas, declaró prescrito los delitos cometidos. Posteriormente, el Tribunal Supremo de Justicia anularía la decisión, pero sin que se haya resuelto el asunto de fondo: la justicia para las víctimas y sus familiares.

Frágil economía

La dependencia del petróleo, sin explorar y desarrollar alternativas económicas, comenzaron a pasar factura cuando el mercado energético comienza a diversificarse y tener nuevos competidores, el mundo occidental se estabiliza frente al muro soviético, produciendo el surgimiento de nuevas economías. Venezuela se convierte en un país monoproductor, con grandes ganancias cuando el precio del combustible es alto; pero con muchas pérdidas cuando el mercado es desfavorable.

Tal como sucede hoy, la sociedad experimentó fuertes desigualdades sociales, llegando a un momento cumbre con el Caracazo, la ciudadanía sintió la desconfianza en un liderazgo político que muestra señales de aislamiento con la sociedad. Sumado a lo anterior, comienza a darse un deterioro de la seguridad personal, dándose hechos de violencia en comunidades que antes tenían características pacíficas.

No se puede poner en duda el punto de inflexión que ocurrió luego de los sucesos de febrero-marzo de 1989: la violencia social fue en aumento y con el paso de los años ha empeorado sin que el Estado venezolano haya podido hacer algo para su disminución. Amnistía Internacional en su informe Esto No es Vida evidenció cómo el gobierno actual continúa aplicando estrategias de mano dura en las políticas de la seguridad ciudadana, donde las principales víctimas son hombres, jóvenes en situación de pobreza.

Fractura Social

El día que bajaron los cerros, término acuñado a Roberto Giusti, reflejo a una sociedad que empezaba a padecer las consecuencias de unas malas políticas, el hambre comenzaba afectar al venezolano y la desesperación comenzaban a reinar las acciones. La pérdida del salario ofrecía un futuro incierto y comenzaban a verse en la necesidad de estirar la quincena para poder llegar a fin de mes.

Los productos de primera necesidad subían paulatinamente sus precios, las medidas de El Gran Viraje, aunque protegían los precios de algunos alimentos, no era suficiente para evitar el desmejoramiento de la calidad de vida del venezolano. El presupuesto familiar tenía que adaptarse a la nueva realidad y a todos les tocaba hacer sacrificios para paliar la crisis.

Actualmente todavía Venezuela vive las consecuencias de políticas mal implementadas: dependencia del petróleo, control en el precio de las divisas, limitaciones en el mercado y ausencia total de estimulación para la inversión privada; ellas, han dejado devastada a una sociedad que depende en gran medida del subsidio estatal, sin que se busque una superación real de la pobreza.

Treinta años después: ¿se repite la historia?

Han pasado treinta años del Caracazo, una generación se vio afectada por los hechos: dolor, rabia, impotencia e incertidumbre sienten cuando se les mencionan los hechos. Ahora tenemos otra generación que no vivió la situación, conocen algo de ella por sus padres, abuelos y otros familiares; también por lo que han visto en los medios de comunicación: disminuidos o magnificados, desde la óptica en que se vea.

El inicio de los sucesos del 89 se produjo cuando un gobierno decidió tomar una serie de medidas, necesarias para algunos y para otros insuficientes, que desembocó en graves violaciones a los derechos fundamentales. Sin embargo, la vulneración que viven hoy las personas en Venezuela es mucho peor: el hambre, el colapso de la salud, la nula capacidad adquisitiva y el desplazamiento forzado son elementos sin precedentes que la población sufre y paga hasta con su vida.  

A pesar de que el gobierno suministra alimentos a bajo costo a la población, la medida es insuficiente, ya que sólo se suministra carbohidratos y casi nada de proteínas, difíciles de adquirir, ya que sus precios se equiparan al salario mínimo de un trabajador.

Es necesaria la reflexión de toda la sociedad, en especial de quienes ostentan importantes cargos en el gobierno, ya que el aislamiento de la realidad, propicia a tomar decisiones y acciones contrarias al respeto de los derechos de la población; lo que conlleva a capítulos que se tiñen de sangre y en los cuales la justicia puede ser opaca.

Se deben buscar mecanismos que eviten mayor sufrimiento a las personas, sobre todo en los más vulnerables como los niños y ancianos; es necesario que los factores de poder en la sociedad contribuyan a aportar ideas y acciones que eviten una situación similar o peor a lo que se vivió en 1989.