Las cifras de homicidios en Venezuela y, dentro de ellas, las masacres y ejecuciones extrajudiciales son crecientes de forma exponencial, en la medida que las condiciones de existencia se hacen más complicadas para la sociedad en su conjunto

“Bajo el Imperio de la Violencia Letal: Estado de derecho y Homicidios en Venezuela” es la segunda publicación de investigación realizada por el abogado, activista de la Coalición Internacional por la Corte Penal Internacional y redactor del Código de Derecho Penal Internacional, Fernando Fernández, que se publica en el marco del proyecto Reingeniería de la Seguridad Ciudadana de Amnistía Internacional Venezuela.

El trabajo presenta la relación existente entre las disfuncionalidades del Estado de Derecho y las altas cifras de homicidios registradas en Venezuela, como el papel que ha desempeñado el Estado venezolano por medio del sistema de justicia y sus tribunales; las disfunciones institucionales en la emergencia humanitaria compleja que vive el país; el impacto de la corrupción generalizada en el sistema de justicia, el retardo procesal, la impunidad, la opacidad estatal de cifras y datos, entre otros temas.

“Las cifras de homicidios en Venezuela y, dentro de ellas, las masacres y ejecuciones extrajudiciales son crecientes de forma exponencial, en la medida que las condiciones de existencia se hacen más complicadas para la sociedad en su conjunto”, resalta el trabajo de investigación.

Hace hincapié en que el delito de homicidio se incrementa en casos de masacres realizadas por funcionarios policiales, en contrasentido de sus funciones de prevención y abordaje de la violencia. Denuncia que no existe el tipo penal de ejecución extrajudicial y tampoco existe como agravante, cuando el homicidio se comete con abuso de autoridad, poder de fuego o ventaja numérica.

Fernández explica que la inseguridad personal no distingue entre estratos sociales, edad, condición o género: “La muerte violenta acecha a todos en cualquier parte y momento”. También menciona que esta situación no solo vulnera la vida de las personas, sino también su integridad, libertad, propiedad y otros bienes jurídicos.

La investigación concluye que la impunidad de los homicidios se fundamenta en el desmantelamiento de la institucionalidad de los organismos del Estado Derecho, el dualismo estatal y la anomia estatal, su ineficiencia en prevenir las muertes violentas y una política de militarización y de mano dura que más que reducirlas, las incentiva y promueve.

Los altos índices de homicidios y violencia interpersonal no disminuirán si no se toman medidas urgentes que garanticen el Estado de Derecho y la administración de justicia. Entre las recomendaciones que el experto propone al Estado venezolano destacan:

• Fortalecer el Estado de Derecho y de Justicia en todos los órdenes. Se debe reinstitucionalizar el Poder Judicial.

• Garantizar la autonomía e independencia de los jueces y fiscales

 

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