Manuel Sosa, padre de un niño de 5 años, falleció a causa de un impacto de bala a nivel clavicular por la acción represora de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) contra una manifestación en la que se encontraba participando en el Distribuidor Valle Hondo de Cabudare, estado Lara. A pesar que pesa orden de aprehensión contra un funcionario por este caso, el Estado en vez de detenerlo y sancionarlo, lo ascendió y condecoró. Sus familiares continúan muy afligidos por su pérdida y siguen pidiendo justicia a las autoridades

Manuel Sosa, de 33 años de edad, padre, trabajador y deportista, falleció el 25 de mayo de 2017 en la noche, tras ser herido de bala horas más tempranas cuando se encontraba participando en una protesta cerca de su casa, a la altura del Distribuidor Valle Hondo de la ciudad de Cabudare, estado Lara.

A pesar que la Constitución prohíbe expresamente el uso de armas de fuego para el control de las manifestaciones, un contingente de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) empezó a reprimir con disparos. Aunque Manuel empezó a correr fue alcanzado por un proyectil que lo impactó a nivel de la clavícula derecha.

Su padre, escuchó de 10 a 12 detonaciones cuando transitaba por la calle y jamás se imaginó que uno de esos disparos acabaría con la vida de su hijo.

Luego de recibir el impacto de bala Manuel logró caminar convaleciente unos 100 metros de distancia aproximadamente para resguardarse, hasta que llegó a la entrada de su urbanización y se desmayó, lo auxiliaron inmediatamente y fue trasladado a la Clínica Quirúrgico Los Leones, donde fue sometido a una operación y permaneció en terapia intensiva hasta que horas después falleció, alrededor de las 11 de la noche de ese mismo día.

Sus familiares aseguran que pesa una orden de aprehensión contra un funcionario de la Guardia Nacional por ese hecho, que aún no ha sido materializada y por el contrario el funcionario fue ascendido y condecorado en un acto público.

El Ministerio Público no le da respuesta ni a los abogados ni a sus familiares sobre las diligencias realizadas para lograr practicar esa detención y mucho menos se evidencia en el expediente que la investigación haya sido dirigida hacia la cadena de mando, permaneciendo estancada hasta el día de hoy. 

El Estado tiene la responsabilidad de realizar una investigación imparcial, con celeridad y asegurar que los responsables sean llevados ante la justicia, especialmente cuando se trata de actuaciones excesivas por parte de sus funcionarios que vulneran el derecho de la vida de las personas.