Resaltamos el trabajo de quienes defienden derechos humanos en Venezuela en medio de la crisis de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales

Todos los 9 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las personas defensoras de derechos humanos para reconocer el papel fundamental que tienen en visibilizar y poner fin a las violaciones. Hoy resaltamos el trabajo de quienes defienden derechos humanos en Venezuela en medio de la crisis de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

A continuación presentamos un resumen de los defensores destacados en Amnistía Internacional Venezuela como parte de la campaña Valiente.  

Alfredo Romero es abogado y defensor de derechos humanos en Venezuela, actualmente encabeza la directiva de la organización civil Foro Penal Venezolano. Reconoce, que llegó al mundo de los derechos humanos por casualidad; sin embargo, su trabajo y constancia por casi dos décadas ininterrumpidas le han valido reconocimientos tan importantes como el Premio Robert F. Kennedy Human Rights 2017.

“Este premio refuerza la labor que estamos haciendo, porque nos reafirma que es positiva y nos garantiza que el mundo está viendo lo que nos pasa y, además, se preocupa”.

Tania Sarabia es actriz y defensora de los derechos humanos por la salud y un claro ejemplo de cómo la risa, la profesión y la experiencia pueden ayudar a enfrentar una de las enfermedades más terribles que una mujer puede padecer: el cáncer de mama.

“A través del trabajo que llevan adelante las organizaciones que defienden los derechos humanos no te sientes tan huérfano en el mundo, ya que sabes que existe un montón de gente que te protege de las injusticias o las adversidades”.

Magdimar León en el año 2001 ingresa a Avesa como psicóloga, para hacer efectivo el programa de acompañamiento que mantenía la organización hacia las víctimas de violación de los derechos sexuales y reproductivos. Este hecho originó que la dura realidad de las mujeres en Venezuela la llevara a convertirse en activista de derechos humanos.

“Comencé a ver más casos y situaciones que trastocaron mi visión acerca de la sexualidad, la vida y sobre cómo nos desenvolvemos los hombres y las mujeres. Eso promovió un proceso de reflexión individual que me cambió totalmente. Yo no soy la misma persona después de toda esta experiencia”.

Feliciano Reyna lleva 23 años rindiendo tributo al amor dedicando su vida a ser “un ciudadano comprometido con la causa humana y con la dignidad de las personas”, a través de Acción Solidaria, organización de la sociedad civil que defiende el derecho a la salud y la vida ha logrado traer medicamentos antirretrovirales y otros insumos para las personas con condiciones crónicas.

“Estamos tratando de desmontar la estigmatización en el lenguaje, a través de capacitaciones con organizaciones, sobre personas afectadas por condiciones crónicas y personas con VIH. Ya no se habla de personas que viven con VIH, porque está descartado que se vive, son personas con VIH. No se habla de infección, sino de condición”.

Aracelis Sánchez, fundadora de la Organización de Familiares de Víctimas de Violación de Derechos Humanos (Orfavideh) y en conjunto con más de 40 madres de víctimas de ejecuciones extrajudiciales levanta su voz para exigir justicia.

“Me decidí a ser defensora de derechos humanos porque vi que habían muchas víctimas con casos similares al mío. Me propuse que tenía que luchar para que las ejecuciones extrajudiciales se detuvieran, porque no puede ser que maten a mi hijo y después asesinen a otros jóvenes en total impunidad. Si mi hijo es inocente, los demás también pueden serlo”.

Ana Rojas y Elena Hernáiz una pareja con más de tres décadas de relación que muestra lo comprometidas que pueden estar dos personas en construir un proyecto de vida y fundamentan su labor de activismo con la Fundación Reflejos en la necesidad de generar cambios desde el punto de vista constructivista, sin generar confrontación.

“Nosotras preferimos ser constructivistas y positivistas. A lo mejor es un poco más lento, pero es lo que nos da más satisfacción”.

Carlos Trapani es coordinador general del Centro Comunitario de Aprendizaje por la Niñez y la Adolescencia (Cecodap), pero su labor no se limita a ocho horas diarias, ni a los espacios de la organización.

“Veo los derechos de todas las personas en cualquier espacio en donde interactúen. Siempre busco que las personas se entusiasmen y logremos ese movimiento social que, como aspiración, tiene Cecodap como organización”.

Juan Carlos La Rosa decidió involucrarse permanentemente en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, del medioambiente y en la exigencia de las reivindicaciones establecidas en la Constitución venezolana de 1999. Se describe como “el producto de una necesidad de conocer”, ya que quería romper el patrón de sentir vergüenza o verse excluido por sus orígenes indígenas y afroamericanos.

“Cuando me encuentro, a los 17 años, con mis hermanos indígenas comprendo que no había que abandonar la casa para luchar por nuestra identidad, sino todo lo contrario, había que volver a nuestras raíces”.

Carlos Correa desde 1986 ha experimentado de cerca lo que significa el intento de las autoridades por imponer mordazas y limitantes a la verdad.

“El cambio está en el momento que haces una cobertura y ves la importancia de visibilizar víctimas y dar una perspectiva o acompañar. Además, empezamos a hacer cosas de organizaciones muy clásicas que no tenían una aproximación al tema de los medios. Desde muy temprano, cuando hacíamos periodismo, ya teníamos la perspectiva de derechos humanos”.

Beatriz Borges desde sus estudios como abogada estuvo vinculada a actividades de índole social con asesorías jurídicas en las zonas más populares de Caracas. Además, ha formado parte del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello por más de 10 años y durante ese mismo período ha colaborado en mejorar procesos organizativos de la administración pública.

“Me considero defensora activa con el doble sombrero de ser académica y abogada. Tengo una vocación hacia la enseñanza de los derechos humanos, especialmente los impartidos a nivel universitario y de postgrado”.

Prissila Solórzano mujer trans y activista de derechos humanos que ha dedicado su labor al reconocimiento de la comunidad LGBTI como personas con igualdad de derechos, y que también sufren las consecuencias de crisis de derechos humanos por la que atraviesa Venezuela.

“Somos invisibles ante la ley. Tenemos un documento, sí, pero eso no respalda nuestra identidad autopercibida, que me permita ser reconocida como Prissila a donde yo vaya, que permita que me traten como debería ser y no sea tomada como objeto de burla”

Sebastian Abreu hombre trans, estudiante de psicología y activista de derechos humanos que lleva a cabo su labor a favor de la comunidad trans y de todas las personas en general.

“Es importante luchar por los derechos de las personas trans para combatir la homotransfobia institucional y la ausencia de un marco jurídico que proteja y reconozca los derechos de las personas LGBTI, factores negativos que no hacen otra cosa que promover los abusos y profundizar la discriminación en la comunidad”.

Julian Pinto recibió formación dentro del Proyecto Diversxs de Amnistía Internacional para ampliar y profundizar su conocimiento sobre todo lo relacionado a los derechos humanos.

“Conocí las acciones de Amnistía Internacional desde antes de formar parte del Proyecto Movilizando la Diversidad. Por ejemplo, en 2017 la campaña Stop Transfobia nos visibilizó e hizo que nos movilizaramos como un grupo social que no descansará hasta que todos sus derechos sean reconocidos por las autoridades. Históricamente hemos sido discriminados, pero la emergencia humanitaria que vivimos ha mermado considerablemente nuestra calidad de vida”.

Juan Ángel de Gouveia es el presidente de la Confederación de Sordos de Venezuela (Consorven) y como defensor de estas persona afirma que está convencido en que al garantizar el cumplimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos para todas las personas y con especial énfasis en la población con discapacidad se podrá permitir que se desenvuelvan sin problemas frente al contexto en el que se encuentren.

“A las personas con discapacidad se les puede colocar en igualdad de oportunidades garantizándoles el acceso a bienes y servicios que les permitan llevar una vida sin problemas”.

La Declaración de las Naciones Unidas sobre las personas defensoras de los derechos humanos urge los Estados a apoyar y proteger estas personas, pero en Venezuela este trabajo cada vez se ve más impedido por las condiciones adversas que enfrentan con la grave crisis de derechos humanos que se vive desde hace más de tres años en el país.

Hoy, es importante recordar que la Organización de las Naciones Unidas denunció en el mes de septiembre el creciente número de defensores de las libertades fundamentales que sufren represalias de varios tipos y durezas por cooperar con el organismo multilateral en materia de derechos humanos, aseverando, que en 29 países se documentaron casos de represalias e intimidación.

Los países reflejados en el informe son Argelia, Baréin, Burundi, China, Cuba, Egipto, Eritrea, Honduras, India, Irán, Israel, Mauritania, México, Marruecos, Birmania (Myanmar), Omán, Pakistán, Ruanda, Arabia Saudí, Sudán del Sur, Sri Lanka, Sudán, Tayikistán, Tailandia, Turquía, Turkmenistán, los Emiratos Árabes Unidos, Uzbekistán y Venezuela.

Urge exigir protección para las personas que defienden derechos humanos en el mundo y que los Estados garanticen las condiciones necesarias para ejercer el activismo y la defensa de los más vulnerables que viven en contexto adversos.