El activista por los derechos humanos, Julian Pinto, destaca la formación que ha recibido dentro del Proyecto, en las que ha ampliado y profundizado su conocimiento sobre todo lo relacionado a los derechos humanos, la situación de ellos en el ámbito mundial y cómo lograr los cambios necesarios a través del activismo

Actuar para transformar las injusticias es la mejor estrategia que han encontrado las personas trans que forman parte del activismo por los derechos humanos, tal como lo hizo el estudiante de educación y activista, Julian Pinto, quien destaca que las campañas de Amnistía Internacional han dado resultados positivos en la sociedad.

“Conocí las acciones de Amnistía Internacional desde antes de formar parte del Proyecto Movilizando la Diversidad. Por ejemplo, en 2017 la campaña Stop Transfobia nos visibilizó e hizo que nos movilizaramos como un grupo social que no descansará hasta que todos sus derechos sean reconocidos por las autoridades. Históricamente hemos sido discriminados, pero la emergencia humanitaria que vivimos ha mermado considerablemente nuestra calidad de vida”, señala.

Para Pinto, es necesario seguir visibilizando a las personas trans y denunciando la constante discriminación a la que son objeto, ya que debido a la vulneración de sus derechos muchos no han podido acceder a servicios básicos, ni trámites de rutina para cualquier ciudadano.

 “Ejercer nuestro derecho a la libre expresión de nuestra personalidad en Venezuela es muy difícil, así como acceder al sistema de salud, trámites bancarios o incluso a servicios, ya que somos invisibilizados por el Estado al no reconocer nuestra identidad. Además, no hay cobertura mediática de las consecuencias que la emergencia humanitaria genera en nosotros como grupo vulnerable de la sociedad”.

Movilizando la Diversidad

Ante esta situación, Pinto se sumó al grupo de activistas del proyecto Movilizando la Diversidad, que busca formar a promotores en derechos humanos de la comunidad LGBTI para que formen y motiven a otros al respeto y exigencia de los derechos fundamentales de todas las personas sin discriminación.

El activista encontró en el proyecto el apoyo y fuerza para poder tomar la decisión de empoderarse de su identidad de género y comenzar el proceso de transición, que pese a las circunstancias del país, está decidido a culminar.

“Me motivó mucho el hecho de que mis compañeros me apoyen en esta decisión. Sé que cuento con los consejos y experiencias de los activistas LGBTI, Prissila Solórzano y Sebastián Abreu, quienes también hicieron su proceso de transición y saben cómo afrontarlo”.

Pinto destaca la formación que ha recibido dentro del Proyecto, en las que ha ampliado y profundizado su conocimiento sobre todo lo relacionado a los derechos humanos, la situación de ellos en el ámbito mundial y cómo lograr los cambios necesarios a través del activismo.

Con charlas, talleres, ferias y otros eventos se ha logrado que la voz de las personas LGBTI sean escuchadas y sus mensajes comprendidos por la sociedad para alcanzar la verdadera inclusión, aceptación y reconocimiento de todos, como ciudadanos con igualdad de derechos y oportunidades.

Recientemente se realizó en Caracas (Venezuela) el Primer Encuentro Nacional de Personas LGBTI, en el que participaron más de 50 personas en charlas, talleres y otras actividades en conjunto con organizaciones aliadas, quienes formaron a los jóvenes en derechos humanos, crímenes de odio y las herramientas necesarias para ejercer un liderazgo activo tanto en la calle como en Internet.

El objetivo de esta actividad fue construir propuestas para el activismo y vincularse con organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil para apoyar la gran labor que realizan a favor del respeto de los derechos humanos en el país y así cambiar la realidad que se vive en la actualidad.

Identidad no reconocida

Existen momentos incómodos y tratos humillantes que pueden ser perfectamente evitables si las autoridades garantizaran el derecho a la no discriminación a personas LGBTI y la igualdad de condiciones para todas las personas. Sin embargo, las personas trans conviven diariamente con situaciones que afectan su calidad de vida debido al no reconocimiento de su identidad.

El código civil venezolano reconoce el derecho de las personas a poder cambiar su nombre en los documentos legales, a través de la realización de trámites que en la práctica son lentos, engorrosos y no siempre fructíferos.

En el caso de las personas trans, este derecho establecido en el artículo 146 de la Ley Orgánica de Registro Civil de la República Bolivariana de Venezuela (15/09/2009)[1] no se aplica en la realidad, pese a que el texto expresa que:

“Toda persona podrá cambiar su nombre propio, por una sola vez, ante el registrador o la registradora civil cuando éste sea infamante, la someta al escarnio público, atente contra su integridad moral, honor y reputación, o no se corresponda con su género, afectando así el libre desenvolvimiento de su personalidad…”.

Julian Pinto recuerda que ha sido testigo de cómo en comercios e instituciones se les ha negado a sus amigos el acceso a bienes o trámites porque su cédula de identidad no corresponde con su apariencia física.

La organización Unión Afirmativa publicó el informe “Crisis política en Venezuela y sus efectos en las personas LGBTI”, en el que se evidencia uno de los casos en el que las autoridades vulneraron los derechos de las personas trans:

“…dados los niveles de escasez se estableció la asignación de un día de compra según el último número de la cédula de identidad. Posteriormente, se obligó a los comercios y supermercados a instalar máquinas lectoras biométricas para que cada comprador fuese identificado y así saber cuántos y cuáles productos ha comprado y cuándo, según el gobierno para evitar el acaparamiento. Este sistema de compra venta afectó a las personas trans debido a la incongruencia entre su identidad de género y la identidad legal reflejada en su documento de identidad”.

Esta situación ocurre en el país debido a que las autoridades venezolanas no permiten que las personas trans puedan cambiar su nombre y género en la cédula de identidad, documento indispensable en Venezuela hasta para comprar alimentos, medicinas y productos de primera necesidad.

Además, el informe señala que el gobierno venezolano oficializó la distribución de bolsas de comida directamente a las viviendas, realizando para ello un censo de las personas que habitan en cada casa. Sin embargo, las parejas homosexuales no fueron tomadas en cuenta porque el Estado no las reconoce como tal y no garantiza sus derechos.

“En 2016 surgió una denuncia que mencionaba la existencia de una red dedicada al negocio de trata de mujeres trans procedentes de Venezuela.   Para ese entonces se mencionó la detención de tres personas y la liberación de tres víctimas en España. Para 2017, varios portales de noticias internacionales publicaron sobre la captura de catorce personas por explotar mujeres trans llegadas de Venezuela. En el procedimiento se logró la liberación de 24 víctimas”, alerta el informe de Unión Afirmativa como uno de los casos registrados de trata de mujeres trans y cisgénero venezolanas, quienes sufren estas vejaciones por la no aplicación efectiva de las leyes para la protección de las féminas y contra el crimen organizado.

Por eso, Pinto insta a todos a exigir a las autoridades la modificación de las leyes venezolanas para permitir que las personas trans puedan gozar plenamente de sus derechos y, así, avanzar en la garantía de los derechos humanos para todos los ciudadanos por igual.

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