Anyelo Quintero fue herido de bala en la cabeza el 26 de junio de 2017, en Ejido, Mérida (región andina del país), cuando funcionarios adscritos a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la Policía Estatal de Mérida empezaron a reprimir una manifestación. El joven falleció 7 meses y medio después en el Hospital Universitario de Los Andes, donde había contraído bacterias en varias ocasiones por las condiciones sanitarias. Los médicos afirmaron que el disparo fue tan a corta distancia que le destrozó toda la parte occipital y causó la muerte cerebral. Un año y 5 meses después sus familiares no han obtenido ningún tipo de respuesta por parte del Estado, quienes alegan que para las autoridades es “como si no hubiese pasado nada”, aun cuando la Constitución venezolana y los estándares internacionales prohíben el uso de armas de fuego para el control de manifestaciones

Anyelo Rafael Quintero Rivas, obrero de construcción y padre de familia, de 29 años de edad, murió el día 12 de febrero de 2018, siete meses y 17 días después de haber sufrido una herida por impacto de bala en la cabeza, luego que un contingente de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la Policía del estado Mérida, empezaran a reprimir una protesta que se estaba llevando a cabo el 26 de junio de 2017, en la ciudad de Ejido. Anyelo Quintero había salido de visitar a su hijo de 1 año de edad, 15 minutos antes de haber resultado herido.

Sus familiares informaron que cuando lo hirieron se acercó una doctora a darle primeros auxilios y fue apuntada por unos funcionarios de la Guardia Nacional con una escopeta. Luego lograron trasladarlo al Hospital Universitario de los Andes, donde lo sometieron a una operación quirúrgica.

Los médicos manifestaron que el disparo había sido a muy poca distancia y por eso tenía destrozada toda la parte occipital que le causó muerte cerebral, sin embargo, permaneció hospitalizado durante todos esos meses y lo volvieron a intervenir quirúrgicamente en varias ocasiones.

Resultó difícil para sus familiares y especialmente para su madre sobrellevar las condiciones en que se encontraba el hospital, tuvieron que asumir todos los gastos de medicinas e insumos quirúrgicos, el estado de desnutrición que tenía Anyelo era severo y contrajo bacterias en distintas oportunidades por la falta de higiene del lugar, circunstancias que sus familiares también denuncian a las autoridades.

Los familiares manifestaron recibir presión e intimidación por parte de funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) luego de las denuncias y la negación de un representante de la GNB en Mérida sobre la presencia de este cuerpo en el lugar donde Anyelo fue herido.

Su hermana asegura  que no han tenido ningún tipo de respuesta por parte de las autoridades, y que después que Anyelo falleció “fue como si no hubiese pasado nada”, no han investigado las circunstancias en las que acabaron con la vida de su hermano y no han sido informados de ningún avance en la investigación.

La familia de Anyelo exige justicia y que los responsables sean sancionados.

El Estado venezolano tiene la obligación de garantizar a sus ciudadanos investigaciones imparciales e independientes, especialmente cuando se trata de posibles actuaciones letales y arbitrarias por parte de miembros de cuerpos de seguridad estatales contra el derecho a la vida de las personas.

La Constitución venezolana y los estándares internacionales prohíben absolutamente el uso de armas de fuego para el control de manifestaciones.